La España Esperpéntica: EL GAL VERDE
La experiencia de estos años ha demostrado lo imprevisible que es cualquier acto terrorista. Unas acciones que comportan siempre la amenaza general de muerte, con el asesinato de personas concretas o los atentados de forma indiscriminada, y la creación de un clima permanente de desconfianza que conlleva muchos esfuerzos y tiempo para superarlo. Un miedo con el que juegan todas las organizaciones terroristas, pertenezcan éstas al engranaje del Estado, al mundo del independentismo radical o a un supuesto justicierismo social.
Que el Estado pudiera juzgar a sus propios criminales es algo que habrá dejado fuera de juego a la organización ETA. Pero, si se trata de un Estado que mantiene su férrea lógica centralista, a pesar de las apariencias de su conformación autonomista, y se muestra incapaz de asumir un proceso de inserción del independentismo radical, entonces nos debemos plantear el por qué de su inmovilismo. Un inmovilismo que entrega a domicilio la bombona de oxígeno a la organización que el Estado quiere asfixiar con sus tentáculos. Son muchos los años que hemos pasado bajo la amenaza de todo tipo de terrorismo como para que el gobierno tuviera las manos totalmente libres para negociar. Son muchos los Intereses económicos creados alrededor del fenómeno terrorista como para que éste pueda desaparecer de la noche a la mañana. El historiador y periodista italiano Indro Montanelli, con referencia a la Italia corrupta y mafiosa sostiene que "cualquier hombre del poder que quiera conservarlo está condenado a convivir con la corrupción y la criminalidad (...) Nunca he oído decir que una comunidad de pillos haya sido gobernada por un puritano. Nunca".
Ciñéndonos a España, un ex ministro de Interior de los gobiernos del PSOE declaró, recientemente, en el juicio que se le seguía por el "caso Fondos Reservados" que hasta la Casa del Jefe de Estado cobraba de los mismos. Primero, la Zarzuela negó tal afirmación para, después, aceptar ese hecho cierto justificándolo como gasto necesario para una mayor seguridad del Palacio. E igualmente se podría hablar de un conglomerado de entornos de altos mandos de Interior y de otros ministerios, del sistema judicial, del poder legislativo, de cargos electos, de personalidades destacadas, de intelectuales con una pretendida independencia de criterio respecto al poder político pero en la nómina de los fondos reservados del Estado, como lo estaba un variopinto entramado de mantenidos: adictos a la cocaína, chantajistas, confidentes, delatores, espías, estafadores, extorsionadores, narcotraficantes, proxenetas o receptadores de joyas robadas.
El Tribunal Supremo acordó rechazar la implicación de Felipe González en la creación del los GAL, eximiéndolo a través de un fallo sin precedentes por la rapidez y unanimidad de los 13 magistrados de la Sala Segunda. El juez Garzón, a través de un auto, planteaba esa implicación en el "caso Onaederra". Ni el acta fundacional del Gal, ni las declaraciones de Perote, ni de García Damborenea constituían, para el alto tribunal, indicios de criminalidad en los que fundar el principio de culpabilidad del ex presidente del gobierno.
Centrándonos en el "caso Lasa y Zabala, situaremos los acontecimientos que se vivían en aquellos momentos. En 1983, se había producido el secuestro del capitán Martin Barrios y existía el caldo de cultivo para la aparición de un grupo antiterrorista de nuevas siglas que continuara la labor de los anteriores. Instituciones públicas, directores de medios de comunicación, redactores de noticias, sectores del empresariado y del sindicalismo, y el PSOE con García Damborenea y su Manual del buen terrorista, asumían la necesidad de la
guerra sucia. Con este ambiente propicio se decide realizar un ensayo de secuestro en Francia con dos jóvenes sin relevancia dentro de la estructura de ETA. Seis guardias civiles en ejercicio ejecutan la acción y llevan a los secuestrados a la residencia del gobernador civil de Guipúzcoa, el Palacio de La Cumbre. Julien Elgorriaga y Rodríguez Galindo provisto de pasamontañas, supervisan las torturas durante una quincena de días en octubre, todo noviembre y diciembre y hasta el día de enero en que sacaron a Lasa y Zabala para darles el paseíllo, con tres tiros en la nuca, en una finca de Busot, en Alicante. Hasta aquí los hechos.
Desde hace años, los asesores de las altas magistraturas del Estado parecen considerar que los pueblos de las Españas, y cuantas personas los conforman son idiotas de campeonato y han decidido que nos pueden convertir a todos en pacientes ovejitas dispuestas a balar sólo cuando ellos nos lo autoricen. En un buen número de ocasiones, las Instituciones y los grandes medios de comunicación de masas no descansan en su labor de filtrar y mediatizar la información que los supuestos imbéciles deben recibir conforme a los designios de los poderes fácticos en la sombra.
Estos mecanismos de alienación se pusieron a trabajar a pleno rendimiento en el caso Lasa y Zabala.
Un juicio esperpéntico
El 22 de diciembre, en el Parlamento de Cataluña, el presidente Pujol, justificó su apoyo al gobierno del PP comparándolo con el que se vio obligado a dar a un PSOE, que sostenía gobiernos "con unos ministros implicados en el caso Gal, y Roldán", con un Narcls Serra de vicepresidente que fue obligado a dimitir tras denunciarse el "caso CESID". Los nacionalistas de CIU acusan al PSC de "pertenecer a un proyecto que tiene en su pasivo el caso GAL".
Estas palabras coinciden en el tiempo con las sesiones del juicio por las muertes de Lasa y Zabala. El presidente Pujol, ante la proximidad electoral, ha sentido la necesidad de desmarcarse de aquellos episodios de la guerra sucia, que, con anterioridad, habla comprendido sin titubeo alguno. Ciertamente, para algunos ciudadanos puede causar tristeza y consternación ver sentados en el banquillo de los acusados a servidores del Estado y, por ello, reclaman que la lucha contra ETA sea considerada una guerra y se utilice, por tanto, la táctica militar de eliminar al enemigo, o de coparle hasta que se rinda. Pero, también, existen otros ciudadanos a quienes produce consternación el bra0vuconeo
de los acusados durante el juicio.
El interrogatorio a los guardias civiles implicados ha sido el único previsible. Al cabo Bayo desdiciéndose de sus anteriores declaraciones, que implicaban al general Rodríguez Galindo y todo su entramado de Intxaurrondo, y ninguno de los acusados admitiendo su responsabilidad como ejecutores del asesinato. Para algún comentarista, en el juicio se sigue una sempiterna regla no escrita: pasarse la pelota de unos otros, de arriba a abajo. Sin concretar detalles, los encausados tratan de dificultar que se llegue a conocer cómo se han cumplido las directrices de la superioridad y cuál era ésta. El colofón final se describe así: un probo funcionario de los niveles más bajos es el que da la orden verbal a los ejecutores. Éstos guardarán silencio, pero si la justicia les detiene y determina su encausamiento por otros delitos comunes, los esbirros al considerarse desamparados manifestarán una gran incontinencia verbal y acabarán por denunciar a sus superiores.
La historia de este juicio no ha sido tan rocambolesca como el ''caso Roldán", sino sencillamente esperpéntica. En abril de 1977, el cabo Bayo y el sargento Dorado grabaron una cinta magnetofónica en la que asumían el interrogatorio de Lasa y Zabala ante el comandante Angel Vaquero y el gobernador Goñi Tirapu. Sin embargo, en ella niegan su secuestro y posterior asesinato, aunque sostienen que se limitaron a cumplir órdenes de sus superiores.
En agosto de 1997, por una profunda sensación de abandono y soledad, el ex cabo Bayo amparado por la toma continúa de ansiolíticos, denuncia las presiones del general Rodríguez Galindo y del abogado Argote, quienes le habían ofrecido el indulto y una nueva vida en el extranjero, y en sus declaraciones ante el juez imputa al general Rodríguez Galindo, al ex gobernador Julen Elorriaga, el comandante Angel Vaquero y al ex sargento Dorado.
En marzo de 1999, se retracta de todas sus declaraciones, cargos y demás diligencias.
Cuando lo llevan a declarar al tribunal de Justicia, el ex cabo Bayo es conducido en paños menores y totalmente drogado. En otra sesión posterior, el ex cabo Bayo, a pesar de la reconstrucción judicial de los hechos efectuada en el Palacio de La Cumbre, que jamás hubiera podido realizar sin estar implicado junto a los demás acusados, se retractó de sus acusaciones y declaró: "Necesariamente tenía que referirme a la actuación de un político concreto (Felipe González) que no puede ser estigmatizado por la justicia, mientras que nosotros, los débiles, que no tenemos medios económicos, teníamos que estar en prisión".
El ex sargento Enrique Dorado Villalobos negó haber disparado contra Lasa y Zabala, ofreciéndole a Bayo su coartada: en la madrugada del 15 de octubre de 1983, en que se les acusan de interrogar a los dos etarras, se dirigen hasta Oñate en un coche oficial sin más acompañantes, con motivo del asesinato que aquél día había cometido ETA. Agregó que: "en todos los atentados se espera hasta el amanecer para hacer una inspección amplia y prevenir una bomba trampa".
A preguntas de la acusación, Dorado respondió cortante: "No voy a responder a este letrado, quisiera decir por qué. Respeto mucho a las personas a las que representa (las madres de Lasa y Zabala). Y no sé si pertenece o ha pertenecido a HB o EA. Pero lo que si sé es que le he visto en manifestaciones ilegales, donde gritaba: "ETA, mátalos". Y ETA mataba: a los guardias civiles, a policías, a niños y a mujeres. Yo no puedo contestar a alguien que ha gritado esto delante mío".
Las declaraciones del General Rodríguez Galindo
El general Rodríguez Galindo, respondía al abogado de la acusación particular: "Usted representa al terrorismo que yo he combatido toda mi vida y por tanto no contestaré ninguna de sus respuestas". Para redondear su actuación juró por Dios y por su honor que nunca había ordenado el secuestro, tortura o asesinato de Lasa y Zabala. Fue un juramento
voluntario, ampliamente difundido por un buen número de medios de comunicación, precisamente los más parcos en cubrir las informaciones sobre el juicio. Un intento de escudarse en la defensa de valores elevados para tratar de justificar que todo vale en la lucha contraterrorista.
En defensa del ex cabo Bayo y el ex sargento Dorado, llegó a decir que: "con 6 hombres como ellos habría conquistado toda la América del Sur". Con estas palabras en defensa de sus subordinados, a pesar de que previamente le habían acusado a él. el general les mostraba su solidaridad cuando éstos se desdecían de sus acusaciones. Pero sus palabras no son una frase cualquiera para salir del paso, indican lo fácil que, para algunos militares adscritos a la Guardia Civil, resultaba conseguir el generalato en esa ruleta de la fortuna montada por el PSOE en sus tiempos de gobierno. Una frase que representa el insulto a toda Hispanoamérica. Una frase que connota la catadura moral de individuos de la ralea del general. ¿Qué hubiera hecho el general Rodríguez Galindo en Sudamérica? ¿Negar la condición humana a los aborígenes del lugar? ¿Arrasar su cultura y quemar sus libros escritos en piel y corteza, porque no entendía su lengua? ¿Violar o matar para que le dijeran donde guardaban sus tesoros los incas o aztecas? ¿Torturar hasta la muerte a los indios para que le confesaran el lugar donde cultivaban las hierbas que, transformadas en estupefacientes, sirvieran a sus subordinados para obtener espléndidos sobresueldos al garantizar la debida protección a las redes comerciales del narcotráfico?
Con independencia de la sentencia que se dicte por el tribunal de Justicia, con ese tipo de actuaciones por parte de los acusados, la organización Independentista ETA ha recibido ya una grandísima bocanada de aire fresco. De idéntica forma, ETA respiró profundamente cuando el gobierno se decidió por detener a una participe en sus negociaciones de paz con el gobierno del PP. Pensar que con las detenciones practicadas por las policías francesa y española, la organización independentista ETA mantendría indefinidamente su tregua, que nosotros calificamos de estratégica desde el primer momento, resulta pueril. Querer, además, imponer esa versión a la sociedad española es una falta de respeto a la inteligencia de todos los ciudadanos..
(Publicado en El Federal núm. 4 - Febrero 2000)
Que el Estado pudiera juzgar a sus propios criminales es algo que habrá dejado fuera de juego a la organización ETA. Pero, si se trata de un Estado que mantiene su férrea lógica centralista, a pesar de las apariencias de su conformación autonomista, y se muestra incapaz de asumir un proceso de inserción del independentismo radical, entonces nos debemos plantear el por qué de su inmovilismo. Un inmovilismo que entrega a domicilio la bombona de oxígeno a la organización que el Estado quiere asfixiar con sus tentáculos. Son muchos los años que hemos pasado bajo la amenaza de todo tipo de terrorismo como para que el gobierno tuviera las manos totalmente libres para negociar. Son muchos los Intereses económicos creados alrededor del fenómeno terrorista como para que éste pueda desaparecer de la noche a la mañana. El historiador y periodista italiano Indro Montanelli, con referencia a la Italia corrupta y mafiosa sostiene que "cualquier hombre del poder que quiera conservarlo está condenado a convivir con la corrupción y la criminalidad (...) Nunca he oído decir que una comunidad de pillos haya sido gobernada por un puritano. Nunca".
Ciñéndonos a España, un ex ministro de Interior de los gobiernos del PSOE declaró, recientemente, en el juicio que se le seguía por el "caso Fondos Reservados" que hasta la Casa del Jefe de Estado cobraba de los mismos. Primero, la Zarzuela negó tal afirmación para, después, aceptar ese hecho cierto justificándolo como gasto necesario para una mayor seguridad del Palacio. E igualmente se podría hablar de un conglomerado de entornos de altos mandos de Interior y de otros ministerios, del sistema judicial, del poder legislativo, de cargos electos, de personalidades destacadas, de intelectuales con una pretendida independencia de criterio respecto al poder político pero en la nómina de los fondos reservados del Estado, como lo estaba un variopinto entramado de mantenidos: adictos a la cocaína, chantajistas, confidentes, delatores, espías, estafadores, extorsionadores, narcotraficantes, proxenetas o receptadores de joyas robadas.
El Tribunal Supremo acordó rechazar la implicación de Felipe González en la creación del los GAL, eximiéndolo a través de un fallo sin precedentes por la rapidez y unanimidad de los 13 magistrados de la Sala Segunda. El juez Garzón, a través de un auto, planteaba esa implicación en el "caso Onaederra". Ni el acta fundacional del Gal, ni las declaraciones de Perote, ni de García Damborenea constituían, para el alto tribunal, indicios de criminalidad en los que fundar el principio de culpabilidad del ex presidente del gobierno.
Centrándonos en el "caso Lasa y Zabala, situaremos los acontecimientos que se vivían en aquellos momentos. En 1983, se había producido el secuestro del capitán Martin Barrios y existía el caldo de cultivo para la aparición de un grupo antiterrorista de nuevas siglas que continuara la labor de los anteriores. Instituciones públicas, directores de medios de comunicación, redactores de noticias, sectores del empresariado y del sindicalismo, y el PSOE con García Damborenea y su Manual del buen terrorista, asumían la necesidad de la
guerra sucia. Con este ambiente propicio se decide realizar un ensayo de secuestro en Francia con dos jóvenes sin relevancia dentro de la estructura de ETA. Seis guardias civiles en ejercicio ejecutan la acción y llevan a los secuestrados a la residencia del gobernador civil de Guipúzcoa, el Palacio de La Cumbre. Julien Elgorriaga y Rodríguez Galindo provisto de pasamontañas, supervisan las torturas durante una quincena de días en octubre, todo noviembre y diciembre y hasta el día de enero en que sacaron a Lasa y Zabala para darles el paseíllo, con tres tiros en la nuca, en una finca de Busot, en Alicante. Hasta aquí los hechos.
Desde hace años, los asesores de las altas magistraturas del Estado parecen considerar que los pueblos de las Españas, y cuantas personas los conforman son idiotas de campeonato y han decidido que nos pueden convertir a todos en pacientes ovejitas dispuestas a balar sólo cuando ellos nos lo autoricen. En un buen número de ocasiones, las Instituciones y los grandes medios de comunicación de masas no descansan en su labor de filtrar y mediatizar la información que los supuestos imbéciles deben recibir conforme a los designios de los poderes fácticos en la sombra.
Estos mecanismos de alienación se pusieron a trabajar a pleno rendimiento en el caso Lasa y Zabala.
Un juicio esperpéntico
El 22 de diciembre, en el Parlamento de Cataluña, el presidente Pujol, justificó su apoyo al gobierno del PP comparándolo con el que se vio obligado a dar a un PSOE, que sostenía gobiernos "con unos ministros implicados en el caso Gal, y Roldán", con un Narcls Serra de vicepresidente que fue obligado a dimitir tras denunciarse el "caso CESID". Los nacionalistas de CIU acusan al PSC de "pertenecer a un proyecto que tiene en su pasivo el caso GAL".
Estas palabras coinciden en el tiempo con las sesiones del juicio por las muertes de Lasa y Zabala. El presidente Pujol, ante la proximidad electoral, ha sentido la necesidad de desmarcarse de aquellos episodios de la guerra sucia, que, con anterioridad, habla comprendido sin titubeo alguno. Ciertamente, para algunos ciudadanos puede causar tristeza y consternación ver sentados en el banquillo de los acusados a servidores del Estado y, por ello, reclaman que la lucha contra ETA sea considerada una guerra y se utilice, por tanto, la táctica militar de eliminar al enemigo, o de coparle hasta que se rinda. Pero, también, existen otros ciudadanos a quienes produce consternación el bra0vuconeo
de los acusados durante el juicio.
El interrogatorio a los guardias civiles implicados ha sido el único previsible. Al cabo Bayo desdiciéndose de sus anteriores declaraciones, que implicaban al general Rodríguez Galindo y todo su entramado de Intxaurrondo, y ninguno de los acusados admitiendo su responsabilidad como ejecutores del asesinato. Para algún comentarista, en el juicio se sigue una sempiterna regla no escrita: pasarse la pelota de unos otros, de arriba a abajo. Sin concretar detalles, los encausados tratan de dificultar que se llegue a conocer cómo se han cumplido las directrices de la superioridad y cuál era ésta. El colofón final se describe así: un probo funcionario de los niveles más bajos es el que da la orden verbal a los ejecutores. Éstos guardarán silencio, pero si la justicia les detiene y determina su encausamiento por otros delitos comunes, los esbirros al considerarse desamparados manifestarán una gran incontinencia verbal y acabarán por denunciar a sus superiores.
La historia de este juicio no ha sido tan rocambolesca como el ''caso Roldán", sino sencillamente esperpéntica. En abril de 1977, el cabo Bayo y el sargento Dorado grabaron una cinta magnetofónica en la que asumían el interrogatorio de Lasa y Zabala ante el comandante Angel Vaquero y el gobernador Goñi Tirapu. Sin embargo, en ella niegan su secuestro y posterior asesinato, aunque sostienen que se limitaron a cumplir órdenes de sus superiores.
En agosto de 1997, por una profunda sensación de abandono y soledad, el ex cabo Bayo amparado por la toma continúa de ansiolíticos, denuncia las presiones del general Rodríguez Galindo y del abogado Argote, quienes le habían ofrecido el indulto y una nueva vida en el extranjero, y en sus declaraciones ante el juez imputa al general Rodríguez Galindo, al ex gobernador Julen Elorriaga, el comandante Angel Vaquero y al ex sargento Dorado.
En marzo de 1999, se retracta de todas sus declaraciones, cargos y demás diligencias.
Cuando lo llevan a declarar al tribunal de Justicia, el ex cabo Bayo es conducido en paños menores y totalmente drogado. En otra sesión posterior, el ex cabo Bayo, a pesar de la reconstrucción judicial de los hechos efectuada en el Palacio de La Cumbre, que jamás hubiera podido realizar sin estar implicado junto a los demás acusados, se retractó de sus acusaciones y declaró: "Necesariamente tenía que referirme a la actuación de un político concreto (Felipe González) que no puede ser estigmatizado por la justicia, mientras que nosotros, los débiles, que no tenemos medios económicos, teníamos que estar en prisión".
El ex sargento Enrique Dorado Villalobos negó haber disparado contra Lasa y Zabala, ofreciéndole a Bayo su coartada: en la madrugada del 15 de octubre de 1983, en que se les acusan de interrogar a los dos etarras, se dirigen hasta Oñate en un coche oficial sin más acompañantes, con motivo del asesinato que aquél día había cometido ETA. Agregó que: "en todos los atentados se espera hasta el amanecer para hacer una inspección amplia y prevenir una bomba trampa".
A preguntas de la acusación, Dorado respondió cortante: "No voy a responder a este letrado, quisiera decir por qué. Respeto mucho a las personas a las que representa (las madres de Lasa y Zabala). Y no sé si pertenece o ha pertenecido a HB o EA. Pero lo que si sé es que le he visto en manifestaciones ilegales, donde gritaba: "ETA, mátalos". Y ETA mataba: a los guardias civiles, a policías, a niños y a mujeres. Yo no puedo contestar a alguien que ha gritado esto delante mío".
Las declaraciones del General Rodríguez Galindo
El general Rodríguez Galindo, respondía al abogado de la acusación particular: "Usted representa al terrorismo que yo he combatido toda mi vida y por tanto no contestaré ninguna de sus respuestas". Para redondear su actuación juró por Dios y por su honor que nunca había ordenado el secuestro, tortura o asesinato de Lasa y Zabala. Fue un juramento
voluntario, ampliamente difundido por un buen número de medios de comunicación, precisamente los más parcos en cubrir las informaciones sobre el juicio. Un intento de escudarse en la defensa de valores elevados para tratar de justificar que todo vale en la lucha contraterrorista.
En defensa del ex cabo Bayo y el ex sargento Dorado, llegó a decir que: "con 6 hombres como ellos habría conquistado toda la América del Sur". Con estas palabras en defensa de sus subordinados, a pesar de que previamente le habían acusado a él. el general les mostraba su solidaridad cuando éstos se desdecían de sus acusaciones. Pero sus palabras no son una frase cualquiera para salir del paso, indican lo fácil que, para algunos militares adscritos a la Guardia Civil, resultaba conseguir el generalato en esa ruleta de la fortuna montada por el PSOE en sus tiempos de gobierno. Una frase que representa el insulto a toda Hispanoamérica. Una frase que connota la catadura moral de individuos de la ralea del general. ¿Qué hubiera hecho el general Rodríguez Galindo en Sudamérica? ¿Negar la condición humana a los aborígenes del lugar? ¿Arrasar su cultura y quemar sus libros escritos en piel y corteza, porque no entendía su lengua? ¿Violar o matar para que le dijeran donde guardaban sus tesoros los incas o aztecas? ¿Torturar hasta la muerte a los indios para que le confesaran el lugar donde cultivaban las hierbas que, transformadas en estupefacientes, sirvieran a sus subordinados para obtener espléndidos sobresueldos al garantizar la debida protección a las redes comerciales del narcotráfico?
Con independencia de la sentencia que se dicte por el tribunal de Justicia, con ese tipo de actuaciones por parte de los acusados, la organización Independentista ETA ha recibido ya una grandísima bocanada de aire fresco. De idéntica forma, ETA respiró profundamente cuando el gobierno se decidió por detener a una participe en sus negociaciones de paz con el gobierno del PP. Pensar que con las detenciones practicadas por las policías francesa y española, la organización independentista ETA mantendría indefinidamente su tregua, que nosotros calificamos de estratégica desde el primer momento, resulta pueril. Querer, además, imponer esa versión a la sociedad española es una falta de respeto a la inteligencia de todos los ciudadanos..
(Publicado en El Federal núm. 4 - Febrero 2000)
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