Contraterrorismo y Narcotráfico
Todos los países que han sufrido el fenómeno terrorista, han asociado a éste con episodios de narcotráfico, sobre todo, en los momentos en que las organizaciones que lo practican han tenido necesidad de financiación extraordinaria, bien por un aumento de la escalada de violencia por parte de la organización, bien por un incremento de la represión del Estado que obligaba a los terroristas a la búsqueda de nuevos recursos económicos para atender a las necesidades de los militantes represaliados y a sus familiares.
También, aunque siempre fuera negado por los respectivos gobiernos, el contraterrorismo de Estado, practicaba igualmente cualquier forma de delincuencia a fin de obtener financiación extraordinaria para pagar servicios especiales y mantener toda una red de confidentes y delatores, o bien para la creación de nuevas fortunas personales en base al secretismo de los fondos reservados. Así, el estado caía en la tentación y en las redes del narcotráfico, bien directamente a través de sus agentes, bien indirectamente mediante las redes de traficantes de narcóticos y de armas utilizadas con fines concretos: sembrar los hábitos drogodependientes entre determinados segmentos de la juventud, obtener información, realizar atentados o eliminar a personas del entorno político y social de la actividad terrorista.
En este sentido, los medios de comunicación nos sorprenden con noticias en las que se implican, en ocasiones, a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en el negocio de los estupefacientes.
En la actualidad, cuando salta una noticia de actividades, el narcotráfico que daña la imagen de las fuerzas de seguridad del Estado, un hecho resulta reiterativo: la implicación de oficiales del tristemente célebre cuartel de Intxaurrondo.
El último episodio
El general Enrique Rodríguez Galindo, que fue acusado como presunto inductor del secuestro, asesinato y torturas de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, vio abiertos varios sumarios por su implicación en actividades de narcotráfico desarrolladas por guardias civiles a sus órdenes.
En agosto de 1996, ajeno al debate público y judicial del caso Lasa y Zabala, el general Rodríguez Galindo se alojó en la Urbanización Doblemar de la Manga del Mar Menor. Mientras la escolta policial vigilaba todos sus movimientos, elementos de la Benemérita apuntaban las matrículas de todos los vehículos que se encontraban aparcados en la zona. Tras su excarcelación en 1996, el juez Gómez Liaño autorizó a que las comparecencias sumariales pudiera realizarlas en el cuartel de la guardia Civil del lugar donde descansaban, en lugar de personarse ante su juzgado.
En el pasado mes de agosto, el teniente coronel Máximo Blanco López, oficial de Intxaurrondo durante el mandato de Rodríguez Galindo, fue detenido y encarcelado por su presunta participación en tráfico de hachís.
El militar detenido tenía un amplio historial en la lucha contraterrorista. Destinado en Vitoria, con el grado de Capitán mandaba ya una unidad antiterrorista rural (GAR). Ascendido a Comandante estuvo destinado en la ciudad de Ceuta al mando de las Unidades fiscales y de policía judicial. De esta ciudad pasó al cuartel de Intxaurrondo donde ocupaba el tercer puesto de la cadena de mando de la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián y era el jefe de la Policía Judicial y del Grupo de Información Fiscal y Antidroga entre los años 1981 y 1983. El teniente coronel detenido declaró a agentes de asuntos internos que el General Rodríguez Galindo utilizaba dinero del contrabando para financiar la guerra sucia contra ETA.
A raíz de estas revelaciones fue trasladado a Madrid a la Unidad de Grupos Rurales de Seguridad (GRS) y poco después pasó a la agrupación de Tráfico. En 1992, cuando se produjo su traslado forzoso a Madrid, sus superiores alegaron que estaba relacionado con personas vinculadas al contrabando y al narcotráfico, por lo que tuvo que dejar "voluntariamente" su destino en la comandancia de Guipúzcoa.
En 1998, prestó declaración en el Juzgado n° 1 de San Sebastián en relación con las diligencias 491/91, instruidas por supuestos delitos de narcotráfico, proxenetismo y contrabando contra el general Rodríguez Galindo y varios agentes de Intxaurrondo.
La propia Guardia Civil había relacionado al teniente coronel Blanco con José Manuel OIarte, narcotraficante y conocido confidente asesinado por ETA, a quien solicitó un crédito de dos millones cuando el ahora detenido era comandante.
Este verano, tras prestar declaración en San Carlos de la Rápita después de una operación antidroga de la guardia civil, el teniente coronel fue arrestado, de forma cautelar, el sábado 31 de julio, antes de que el juez Borrego decretara su detención. La Dirección General de la Guardia Civil consideró oportuno este arresto, así como abrirle un expediente disciplinario, tras comprobar que los presuntos narcotraficantes detenidos, y amigos del militar, tenían antecedentes penales.
En una nota informativa facilitada por el teniente coronel Blanco, éste aduce en su defensa los treinta y tres años de servicio en la Benemérita y que: "(...) Mi presencia en el lugar de los hechos sólo obedece a una cita de trabajo relacionada con una actividad lícita como es la puesta en contacto de industriales cuya dedicación es la transformación de metales inservibles-(chatarra) y su posterior venta, para lo cual me trasladé a San Carlos de la Rápida viéndome involucrado en los hechos que anteceden de manera fortuita, como hice y posteriormente ante la Sra. Juez instructora del caso derivado del descubrimiento de un alijo de drogas en un yate en el puerto de la mencionadas localidad". El teniente coronel había cenado en ese mismo barco la noche anterior a la operación antidroga.
Disipar dudas
Desde finales de la década de los ochenta son cada vez más numerosas las voces que, en el interior de la policía y de la guardia civil, exigen acabar con todas esas lacras que minan la imagen pública de estas instituciones.
La Asociación COPROPER 6-J, entidad de carácter sociocultural que agrupa a unos cinco mil guardias civiles, ha reclamado al director general de la Guardia Civil "que disipe de una vez por todas las dudas que envuelven cualquier investigación sobre corrupción en la que se ven envueltos mandos del cuerpo, y que se acabe de una vez con el doble rasero a la hora de perseguir a supuestos corruptos y deje de tenerse en cuenta el rango de los mismos". El vicepresidente de COPROPER 6-J, José Morata, ha anunciado que se personarán como acusación particular en la causa que se sigue contra el teniente coronel Blanco.
La memoria de tantos miembros de las fuerzas de seguridad asesinados en acto de servicio bien vale la pena que se investiguen los aledaños de todos los GAL. Pero, las recientes declaraciones de Aznar: "Hay que mirar al futuro y dejar a la Justicia el pasado", reiteran su voluntad de no pedir cuentas por el "caso GAL." escudándose en la razón de Estado.
(Publicado en El Federal núm. 3 - Octubre 1999)
También, aunque siempre fuera negado por los respectivos gobiernos, el contraterrorismo de Estado, practicaba igualmente cualquier forma de delincuencia a fin de obtener financiación extraordinaria para pagar servicios especiales y mantener toda una red de confidentes y delatores, o bien para la creación de nuevas fortunas personales en base al secretismo de los fondos reservados. Así, el estado caía en la tentación y en las redes del narcotráfico, bien directamente a través de sus agentes, bien indirectamente mediante las redes de traficantes de narcóticos y de armas utilizadas con fines concretos: sembrar los hábitos drogodependientes entre determinados segmentos de la juventud, obtener información, realizar atentados o eliminar a personas del entorno político y social de la actividad terrorista.
En este sentido, los medios de comunicación nos sorprenden con noticias en las que se implican, en ocasiones, a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en el negocio de los estupefacientes.
En la actualidad, cuando salta una noticia de actividades, el narcotráfico que daña la imagen de las fuerzas de seguridad del Estado, un hecho resulta reiterativo: la implicación de oficiales del tristemente célebre cuartel de Intxaurrondo.
El último episodio
El general Enrique Rodríguez Galindo, que fue acusado como presunto inductor del secuestro, asesinato y torturas de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, vio abiertos varios sumarios por su implicación en actividades de narcotráfico desarrolladas por guardias civiles a sus órdenes.
En agosto de 1996, ajeno al debate público y judicial del caso Lasa y Zabala, el general Rodríguez Galindo se alojó en la Urbanización Doblemar de la Manga del Mar Menor. Mientras la escolta policial vigilaba todos sus movimientos, elementos de la Benemérita apuntaban las matrículas de todos los vehículos que se encontraban aparcados en la zona. Tras su excarcelación en 1996, el juez Gómez Liaño autorizó a que las comparecencias sumariales pudiera realizarlas en el cuartel de la guardia Civil del lugar donde descansaban, en lugar de personarse ante su juzgado.
En el pasado mes de agosto, el teniente coronel Máximo Blanco López, oficial de Intxaurrondo durante el mandato de Rodríguez Galindo, fue detenido y encarcelado por su presunta participación en tráfico de hachís.
El militar detenido tenía un amplio historial en la lucha contraterrorista. Destinado en Vitoria, con el grado de Capitán mandaba ya una unidad antiterrorista rural (GAR). Ascendido a Comandante estuvo destinado en la ciudad de Ceuta al mando de las Unidades fiscales y de policía judicial. De esta ciudad pasó al cuartel de Intxaurrondo donde ocupaba el tercer puesto de la cadena de mando de la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián y era el jefe de la Policía Judicial y del Grupo de Información Fiscal y Antidroga entre los años 1981 y 1983. El teniente coronel detenido declaró a agentes de asuntos internos que el General Rodríguez Galindo utilizaba dinero del contrabando para financiar la guerra sucia contra ETA.
A raíz de estas revelaciones fue trasladado a Madrid a la Unidad de Grupos Rurales de Seguridad (GRS) y poco después pasó a la agrupación de Tráfico. En 1992, cuando se produjo su traslado forzoso a Madrid, sus superiores alegaron que estaba relacionado con personas vinculadas al contrabando y al narcotráfico, por lo que tuvo que dejar "voluntariamente" su destino en la comandancia de Guipúzcoa.
En 1998, prestó declaración en el Juzgado n° 1 de San Sebastián en relación con las diligencias 491/91, instruidas por supuestos delitos de narcotráfico, proxenetismo y contrabando contra el general Rodríguez Galindo y varios agentes de Intxaurrondo.
La propia Guardia Civil había relacionado al teniente coronel Blanco con José Manuel OIarte, narcotraficante y conocido confidente asesinado por ETA, a quien solicitó un crédito de dos millones cuando el ahora detenido era comandante.
Este verano, tras prestar declaración en San Carlos de la Rápita después de una operación antidroga de la guardia civil, el teniente coronel fue arrestado, de forma cautelar, el sábado 31 de julio, antes de que el juez Borrego decretara su detención. La Dirección General de la Guardia Civil consideró oportuno este arresto, así como abrirle un expediente disciplinario, tras comprobar que los presuntos narcotraficantes detenidos, y amigos del militar, tenían antecedentes penales.
En una nota informativa facilitada por el teniente coronel Blanco, éste aduce en su defensa los treinta y tres años de servicio en la Benemérita y que: "(...) Mi presencia en el lugar de los hechos sólo obedece a una cita de trabajo relacionada con una actividad lícita como es la puesta en contacto de industriales cuya dedicación es la transformación de metales inservibles-(chatarra) y su posterior venta, para lo cual me trasladé a San Carlos de la Rápida viéndome involucrado en los hechos que anteceden de manera fortuita, como hice y posteriormente ante la Sra. Juez instructora del caso derivado del descubrimiento de un alijo de drogas en un yate en el puerto de la mencionadas localidad". El teniente coronel había cenado en ese mismo barco la noche anterior a la operación antidroga.
Disipar dudas
Desde finales de la década de los ochenta son cada vez más numerosas las voces que, en el interior de la policía y de la guardia civil, exigen acabar con todas esas lacras que minan la imagen pública de estas instituciones.
La Asociación COPROPER 6-J, entidad de carácter sociocultural que agrupa a unos cinco mil guardias civiles, ha reclamado al director general de la Guardia Civil "que disipe de una vez por todas las dudas que envuelven cualquier investigación sobre corrupción en la que se ven envueltos mandos del cuerpo, y que se acabe de una vez con el doble rasero a la hora de perseguir a supuestos corruptos y deje de tenerse en cuenta el rango de los mismos". El vicepresidente de COPROPER 6-J, José Morata, ha anunciado que se personarán como acusación particular en la causa que se sigue contra el teniente coronel Blanco.
La memoria de tantos miembros de las fuerzas de seguridad asesinados en acto de servicio bien vale la pena que se investiguen los aledaños de todos los GAL. Pero, las recientes declaraciones de Aznar: "Hay que mirar al futuro y dejar a la Justicia el pasado", reiteran su voluntad de no pedir cuentas por el "caso GAL." escudándose en la razón de Estado.
(Publicado en El Federal núm. 3 - Octubre 1999)
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