29/5/07

Contraterrorismo: Un negocio millonario

Una de las actividades del Estado que mejor demuestra "que todo quedó atado y bien atado" es, sin duda, la lucha contraterrorista. Un mundo en el que lo oficial y lo marginal se dan la mano, un ámbito en el que personas aparentemente honorables estrechan lazos con una delincuencia común teledirigida por los diversos grupos de espionaje del Estado. Así, a lo largo de estos años, hemos podido comprobar como delincuentes comunes como el fascista francés Jean Pierre Cherid se paseaba libremente por España con un carné de Sargento Primero del Servicio de Información expedido por la Dirección General de la Guardia Civil, el 14 de febrero de 1981, a nombre de Iván González Rodríguez.

No obstante, entre el contraterrorismo del franquismo y el del régimen continuista postfranquista existen unas leves diferencias. Sin duda alguna, el dinero servía para doblegar voluntades e impulsar la dedicación exclusiva de tantas personas en la realización de las funciones de esbirro. Al represor se le otorgaba cierta consideración social para compensar su escasa paga en tan desagradable oficio, y, sobre todo, su actividad diaria quedaba adornada de una fraseología inconsciente sobre la "sagrada unidad de la Patria", la unidad de destino en lo universal" y tantas otras majadería que nadie atinaba a explicar en qué consistían.

Con el paso dirigido de la democracia orgánica a la democracia burguesa, la UCD hubo de abandonar la fraseología fascista así como la consideración social al represor y sustituirla con compensaciones económicas, la única fórmula que podía crear lealtades hacia la persona del sucesor impuesto por el dictador fallecido.

Sin ninguna ironía, podríamos decir que para los profesionales encargados de defender el Estado de Derecho, éste era un complejo desconocido. Pero, la existencia de intereses en juego y los múltiples interesados en aprovecharse de la situación -personas, partidos e instituciones- derivaron hacia el campo de la delincuencia organizada casi todo la actuación en materia de defensa y seguridad del Estado. No sería extraño afirmar que la herencia recibida por la UCD, y traspasada por ésta al PSOE, y por éste al PP, generó una auténtica mafia en las cloacas del Estado. Y la mafia sólo se mueve en los ambientes en los que circula abundante dinero. Y la mafia crea una relaciones mafiosas que, como en el caso GAL, ha hecho aflorar la punta del iceberg de la podredumbre del Estado, si bien sólo cuando ha afectado gravemente a destacados miembros del PSOE y éste ha lanzado andanadas contra la línea de flotación de un estado en el que tan activamente estaba económicamente implicado y cuya basura le ha salpicado.

Las billonarias partidas que ha movido en las dos últimas décadas el contraterrorismo y todo ese galimatías informativo de los fondos reservados ha llevado al esperpento de la plataforma de solidaridad con algunos de los implicados en el caso GAL. En la defensa de los "angelillos del GAL" se ha mezclado la amoralidad, la hipocresía y el insulto a la inteligencia de los ciudadanos. En este desvarío no sólo ha intervenido la plana mayor de los gobiernos socialista y del PSOE, sino que se han sumado cargos del Ministerio del Interior y de las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la Policía, así como personalidades adscritas al Ministerio de Defensa o al CESID, tanto de los gobiernos de Arias Navarro, Suárez, de la UCD o del PP. Ahora, por aquello de "cuando las barbas de tu vecino veas pelar...", y sólo ahora, han reconocido que el terrorismo de los GAL comenzó en Montejurra 1976. Lástima de ese tardío reconocimiento, ya que cualquier investigación sobre el terrorismo de Estado durante la denominada transición apunta a que su orquestación se inició, contando siempre con el asesoramiento yanqui, a partir de la revolución de los claveles en el Portugal de 1974 para alcanzar su diseño definitivo en septiembre de 1975 con la oculta aquiescencia de diversos grupos de oposición, bien de buen grado o por la presión de las internacionales de las que dependían económicamente.

Hasta llegar al juicio de los GAL, el PSOE ha padecido su propio calvario al tener que asumir públicamente diversas sentencias judiciales contra relevantes miembros de su organización o por sus responsabilidades de gobierno. Entre otros, han sufrido condenas de prisión preventiva por los casos "Urralburu", "Roldán", "Lasa-Zabala" o el "caso Brouard". Casos que, indudablemente, no nos puede hacer olvidad en ningún momento la sangrienta actividad criminal del terrorismo etarra de aquellos años.

Si bien el caso Roldán, en sí mismo, reúne todo un conjunto de delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, estafa, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública, su implicación contraterrorista es clara con la creación del Grupo Especial Omega (GEO),una banda armada organizada con posterioridad al GAL y que estaba formada por Guardias Civiles, que recibían órdenes directa de su Director general, Luis Roldán.

Igualmente sórdido es el sumario del caso Lasa-Zabala, que convierten al cuartel de Intxaurrondo, y al entonces coronel Rodríguez Galindo, en el símbolo de una de las páginas negras de la historia de España, con el telón de fondo del cobro de dividendos de la lucha contraterrorista. Unos dividendos electorales y, sobre todo, económicos. Un trasfondo que llevó a eludir al ministro de Interior y Justicia el fotografiarse con Rodríguez Galindo en el acto en que éste era ascendido a general por su propio gobierno.

Pero, si el episodio Roldán tuvo tintes rocambolescos con la fuga del ex director de la Guardia Civil, el caso Marey presentaría una característica común con él: dejar al margen de lo juzgado a cualquier institución de la seguridad del Estado. En ambos casos se pretende colar la idea de que funcionarios de la seguridad del estado con la colaboración a sueldo de elementos exteriores a las instituciones pretendieron realizar la justicia por su cuenta y de paso enriquecerse de una forma somera y abrir una cuenta en Suiza. Acciones que ha llevado a los implicados a afrontar diversas penas de cárcel y de inhabilitación absoluta por lo delitos de pertenencia a banda armada, detención ilegal y malversación de caudales públicos.

Como preámbulo del caso se produce el intento de secuestro en Francia del presunto dirigente de ETA José Ramón Larretxea Goñi por varios agentes españoles que fueron detenidos y encarcelados. Uno de los secuestradores, el inspector Jesús Gutiérrez Argüelles, dijo que la operación fracasó porque Larretxea era muy alto y pesaba más de 100 kilos, y se resistió y gritó. También, este inspector expresó en sus declaraciones que: "cuando volvieron a España tras ser excarcelados el 8 de diciembre, recibieron miles de telegramas y cartas de felicitación de altos cargos, de alguien del Tribunal Supremo, de la Familia Real... ". Sin comentarios.

(Publicado en El Federal núm. 2 - Julio 1999)

No hay comentarios:

Publicar un comentario