20-J Huelga General contra la prepotencia del Gobierno
Han pasado unos años de diálogo social en los que pactos de todo tipo han empeorado las condiciones de vida de las clases populares, han desmovilizado el mundo sindical, han producido el retroceso de conquistas sociales y de condiciones de trabajo conseguidas tras décadas de lucha de los trabajadores.
La chispa de la confrontación social entre el Gobierno y sindicatos ha sido la reforma del sistema de protección al desempleo. El dogmatismo del gobierno del PP, y de sus socios parlamentarios, considera como obstáculos para el funcionamiento del mercado laboral una negociación colectiva fuerte y un sistema de protección al desempleo. Siguen sin comprender que la calidad del empleo y unas idóneas condiciones de trabajo, además de ser un derecho, mejoran la productividad de las empresas. Siguen sin vislumbrar que invertir socialmente, por ejemplo en educación, y el facilitar la cohesión social son acicates para el desarrollo. Siguen sin imaginar que la inversión en recursos sociales es una clave fundamental para las propias empresas y, consiguientemente, para el desarrollo del país.
Aznar dicta la reforma
La reforma impuesta por Aznar en el Consejo de Ministros tuvo que defenderla un ministro de Trabajo, que era crítico con la misma y al que la huelga general le iba a costar su cargo. Una reforma impuesta que ha llevado a las organizaciones sindicales a convocar una huelga general por lo que representaban para los trabajadores cuestiones como la desaparición de los salarios de tramitación, las facilidades para el despido, la arbitrariedad en las decisiones empresariales o el fraude en los contratos temporales. Una reforma que introduce, aún más, la precariedad de las condiciones de trabajo con la prolongación de la jornada laboral en trayectos o el tener que dedicar un 20 por ciento del salario en transporte.
Aznar impuso por decreto ley su reforma de la protección al desempleo, precisamente cuando el sistema de prestaciones presenta una situación de superávit desde 1999. El menor gasto en prestaciones por desempleo y el aumento de cotizantes ha sido el primer factor de reducción del déficit público. Entre 1991 y 2001 las cotizaciones al desempleo han
aumentado un 108%, frente al 17% de los gastos por prestaciones contributivas. Un superávit que ha permitido pagar los gastos corrientes, las políticas activas de empleo y las de formación, y los subsidios asistenciales del INEM sin aportación alguna del Estado. Esta situación mejora las cuentas de la contabilidad nacional a efectos de déficit. Y es este maquillaje de la contabilidad nacional el que es revisado por Bruselas.
El PP consideró la huelga una agresión política, instigada por el PSOE. El diálogo del PP con los sindicatos CCOO y UGT contra los servicios mínimos decretados que afectaban a RTVE, radiodifusión sonora y televisiones privadas y sociedades de salvamento y seguridad marítima. Al final, con carácter de urgencia, el Tribunal Supremo optaría por una solución salomónica. También, José María Aznar insistía en que, al día siguiente de la huelga, su Gobierno seguiría dispuesto a negociar los aspectos que aún quedan pendientes de reforma a fin de modernizar el mercado laboral español.
Los sindicatos no aprobaron los servicios mínimos establecidos por el Gobierno, que en el caso de los medios de comunicación se convertían en servicios máximos informativos, y, por tanto, abusivos. Los sindicatos sostenían que la orden aprobada de servicios mínimos era una minirregulación de la Huelga por cuanto establecía los servicios esenciales para el futuro. Los sindicatos no entendían "como un gobierno puede obligar a un ciudadano en contra de su voluntad, a no ser que existan razones muy excepcionales como la garantía de la salud, la vida y la seguridad", al tiempo que se comprometían a ''unos servicios razonables para garantizar el derecho de los trabajadores de conformidad con las sentencias dictadas por los tribunales".
Guerra de números
En el desarrollo de la huelga se produjeron diversos incidentes que no causaron mayores trastornos y que comportaron noventa detenciones, mayoritariamente en Madrid. La programación del 20-J la conformaron principalmente informativos y programas enlatados.
Esta ruptura del diálogo ha hecho aflorar la crispación social latente en nuestra sociedad. Desde el primer momento de la jornada de lucha sindical el gobierno mantuvo la idea del fracaso de la huelga general, sin importarle que el paro fuese seguido por más de 10 millones de personas. Con la industria prácticamente paralizada, el seguimiento en comercios y servicios fue más desigual. Andalucía y Cataluña fueron las comunidades donde el paro fue mayor. Para la Consejería de Trabajo de la Generalidad la participación absoluta en la misma fue en Cataluña, prácticamente idéntica a la movilización social de 1988, que entonces representaba el 63% de los asalariados y ahora un 40,6%. Sin embargo,
el Gobierno central reconocía un seguimiento del 19,3% en Cataluña, la Pimecsefes aumentaba hasta el 33%, mientras que Fomento del Trabajo cifraba en el 37% y los sindicatos consideraban que el 85,9% había secundado la huelga.
El baile de números no se centró solamente en el número de trabajadores y empresas que pararon sino, también, en el número de asistentes a las manifestaciones. Por ejemplo, en Barcelona, el gobierno daba la cifra de 15.000 personas mientras que la Guardia Urbana las cifraba en 400.000 y los organizadores en 600.000.
Suavizar la reforma
Más de diez días han tenido que pasar para que el ejecutivo de Aznar reconociera implícitamente el triunfo de la huelga general, cuando el Ministerio de Trabajo mostraba el l de julio su disposición a suavizar aspectos del seguro de desempleo considerados como medidas accesorias, siempre que "no dañe los objetivos marcados como facilitar el empleo a las mujeres con hijos a cargo y a los mayores de 52 años".
Con la remodelación profunda de su gabinete, Aznar ha buscado un cabeza de turco tras el éxito de la huelga general y ha sacrificado a su ministro de Trabajo. Nuevamente, el gobierno promete diálogo y pleno empleo, pero continúa imponiendo condiciones a la negociación y la política económica y social anunciada no le permitirá conjugar empleo de calidad y derechos sociales.
Con el nuevo anuncio de diálogo del Ministerio de Trabajo, los sindicatos CC.OO. y UGT insisten en la retirada global del decreto ley. Para los sindicatos las enmiendas parlamentarias tan solo maquillarían las pérdidas de derechos de los trabajadores, pero cualquier mejora del texto será bien recibida. Recuerdan que todas las medidas del decreto ley suponen algún tipo de recorte de derechos.
Autocrítica sindical
Tras el éxito de la huelga general, los sindicatos, especialmente los autodenominados mayoritarios, deberían entrar en un proceso de profunda autocrítica ya que, a los ojos de la opinión pública, la jornada de huelga general ha dejado la sensación de la existencia de una lucha entre estados mayores: la cópula gubernamental y del PP contra la dirigencia sindical.
Las direcciones de los sindicatos CCOO y UGT, con una decisión tomada desde arriba, y sin ningún tipo de consulta previa a sus bases sindicales, determinaron la necesidad de una huelga general y pensaron que con cuatro proclamas en los medios de comunicación era suficiente para movilizar el desencanto laboral y social. Esta decisión era tomada por un conjunto de personas a quienes nadie les iba a descontar un día de haber, pero que afectaba a millones de trabajadores que sí iban a tener esa reducción por ejercer un legítimo derecho. A pesar de los dirigentes de CCOO y UGT, a pesar de la picaresca de muchos delegados sindicales que utilizan horas sindicales para esos días, o trabajadores que se "ponen enfermos la víspera", o de quienes negocian recuperar esas horas en días posteriores, la respuesta de los trabajadores se puede entender casi masiva, gracias sobre todo al esfuerzo organizador de los sindicatos menores que se encargaron de tensionar el tejido social en los centros de trabajo, en las universidades, en los institutos, en los barrios, en los comercios, etc...
Sindicatos menores, organizaciones, movimientos de todo tipo y miles de personas que luchan por una futura democracia de participación en la que prime el resultado por encima del protagonismo o de la rentabilidad política de las acciones.
Una pregunta debería hacernos pensar a todos. ¿Cómo a éstas alturas del movimiento obrero se puede plantear este tipo de acción sindical, es decir, embarcar a millones de trabajadores. sin disponer de Cajas de Resistencia para el sostenimiento de las huelgas? Algunos sindicatos deberían realizar una exhaustiva autocrítica.
Una autocrítica que se hace necesaria en el mundo sindical, una autocrítica que los trabajadores carlistas debemos hacer para analizar cuál debe ser la orientación y el sentido de nuestra lucha en el seno de un movimiento obrero condicionado profundamente por unas cúpulas sindicales que prefieren negociar en las alturas, donde se realizan todo tipo de componendas, a sentir las protestas de la calle.
(Publicado en El Federal núm. 14 - Julio 2002)
La chispa de la confrontación social entre el Gobierno y sindicatos ha sido la reforma del sistema de protección al desempleo. El dogmatismo del gobierno del PP, y de sus socios parlamentarios, considera como obstáculos para el funcionamiento del mercado laboral una negociación colectiva fuerte y un sistema de protección al desempleo. Siguen sin comprender que la calidad del empleo y unas idóneas condiciones de trabajo, además de ser un derecho, mejoran la productividad de las empresas. Siguen sin vislumbrar que invertir socialmente, por ejemplo en educación, y el facilitar la cohesión social son acicates para el desarrollo. Siguen sin imaginar que la inversión en recursos sociales es una clave fundamental para las propias empresas y, consiguientemente, para el desarrollo del país.
Aznar dicta la reforma
La reforma impuesta por Aznar en el Consejo de Ministros tuvo que defenderla un ministro de Trabajo, que era crítico con la misma y al que la huelga general le iba a costar su cargo. Una reforma impuesta que ha llevado a las organizaciones sindicales a convocar una huelga general por lo que representaban para los trabajadores cuestiones como la desaparición de los salarios de tramitación, las facilidades para el despido, la arbitrariedad en las decisiones empresariales o el fraude en los contratos temporales. Una reforma que introduce, aún más, la precariedad de las condiciones de trabajo con la prolongación de la jornada laboral en trayectos o el tener que dedicar un 20 por ciento del salario en transporte.
Aznar impuso por decreto ley su reforma de la protección al desempleo, precisamente cuando el sistema de prestaciones presenta una situación de superávit desde 1999. El menor gasto en prestaciones por desempleo y el aumento de cotizantes ha sido el primer factor de reducción del déficit público. Entre 1991 y 2001 las cotizaciones al desempleo han
aumentado un 108%, frente al 17% de los gastos por prestaciones contributivas. Un superávit que ha permitido pagar los gastos corrientes, las políticas activas de empleo y las de formación, y los subsidios asistenciales del INEM sin aportación alguna del Estado. Esta situación mejora las cuentas de la contabilidad nacional a efectos de déficit. Y es este maquillaje de la contabilidad nacional el que es revisado por Bruselas.
El PP consideró la huelga una agresión política, instigada por el PSOE. El diálogo del PP con los sindicatos CCOO y UGT contra los servicios mínimos decretados que afectaban a RTVE, radiodifusión sonora y televisiones privadas y sociedades de salvamento y seguridad marítima. Al final, con carácter de urgencia, el Tribunal Supremo optaría por una solución salomónica. También, José María Aznar insistía en que, al día siguiente de la huelga, su Gobierno seguiría dispuesto a negociar los aspectos que aún quedan pendientes de reforma a fin de modernizar el mercado laboral español.
Los sindicatos no aprobaron los servicios mínimos establecidos por el Gobierno, que en el caso de los medios de comunicación se convertían en servicios máximos informativos, y, por tanto, abusivos. Los sindicatos sostenían que la orden aprobada de servicios mínimos era una minirregulación de la Huelga por cuanto establecía los servicios esenciales para el futuro. Los sindicatos no entendían "como un gobierno puede obligar a un ciudadano en contra de su voluntad, a no ser que existan razones muy excepcionales como la garantía de la salud, la vida y la seguridad", al tiempo que se comprometían a ''unos servicios razonables para garantizar el derecho de los trabajadores de conformidad con las sentencias dictadas por los tribunales".
Guerra de números
En el desarrollo de la huelga se produjeron diversos incidentes que no causaron mayores trastornos y que comportaron noventa detenciones, mayoritariamente en Madrid. La programación del 20-J la conformaron principalmente informativos y programas enlatados.
Esta ruptura del diálogo ha hecho aflorar la crispación social latente en nuestra sociedad. Desde el primer momento de la jornada de lucha sindical el gobierno mantuvo la idea del fracaso de la huelga general, sin importarle que el paro fuese seguido por más de 10 millones de personas. Con la industria prácticamente paralizada, el seguimiento en comercios y servicios fue más desigual. Andalucía y Cataluña fueron las comunidades donde el paro fue mayor. Para la Consejería de Trabajo de la Generalidad la participación absoluta en la misma fue en Cataluña, prácticamente idéntica a la movilización social de 1988, que entonces representaba el 63% de los asalariados y ahora un 40,6%. Sin embargo,
el Gobierno central reconocía un seguimiento del 19,3% en Cataluña, la Pimecsefes aumentaba hasta el 33%, mientras que Fomento del Trabajo cifraba en el 37% y los sindicatos consideraban que el 85,9% había secundado la huelga.
El baile de números no se centró solamente en el número de trabajadores y empresas que pararon sino, también, en el número de asistentes a las manifestaciones. Por ejemplo, en Barcelona, el gobierno daba la cifra de 15.000 personas mientras que la Guardia Urbana las cifraba en 400.000 y los organizadores en 600.000.
Suavizar la reforma
Más de diez días han tenido que pasar para que el ejecutivo de Aznar reconociera implícitamente el triunfo de la huelga general, cuando el Ministerio de Trabajo mostraba el l de julio su disposición a suavizar aspectos del seguro de desempleo considerados como medidas accesorias, siempre que "no dañe los objetivos marcados como facilitar el empleo a las mujeres con hijos a cargo y a los mayores de 52 años".
Con la remodelación profunda de su gabinete, Aznar ha buscado un cabeza de turco tras el éxito de la huelga general y ha sacrificado a su ministro de Trabajo. Nuevamente, el gobierno promete diálogo y pleno empleo, pero continúa imponiendo condiciones a la negociación y la política económica y social anunciada no le permitirá conjugar empleo de calidad y derechos sociales.
Con el nuevo anuncio de diálogo del Ministerio de Trabajo, los sindicatos CC.OO. y UGT insisten en la retirada global del decreto ley. Para los sindicatos las enmiendas parlamentarias tan solo maquillarían las pérdidas de derechos de los trabajadores, pero cualquier mejora del texto será bien recibida. Recuerdan que todas las medidas del decreto ley suponen algún tipo de recorte de derechos.
Autocrítica sindical
Tras el éxito de la huelga general, los sindicatos, especialmente los autodenominados mayoritarios, deberían entrar en un proceso de profunda autocrítica ya que, a los ojos de la opinión pública, la jornada de huelga general ha dejado la sensación de la existencia de una lucha entre estados mayores: la cópula gubernamental y del PP contra la dirigencia sindical.
Las direcciones de los sindicatos CCOO y UGT, con una decisión tomada desde arriba, y sin ningún tipo de consulta previa a sus bases sindicales, determinaron la necesidad de una huelga general y pensaron que con cuatro proclamas en los medios de comunicación era suficiente para movilizar el desencanto laboral y social. Esta decisión era tomada por un conjunto de personas a quienes nadie les iba a descontar un día de haber, pero que afectaba a millones de trabajadores que sí iban a tener esa reducción por ejercer un legítimo derecho. A pesar de los dirigentes de CCOO y UGT, a pesar de la picaresca de muchos delegados sindicales que utilizan horas sindicales para esos días, o trabajadores que se "ponen enfermos la víspera", o de quienes negocian recuperar esas horas en días posteriores, la respuesta de los trabajadores se puede entender casi masiva, gracias sobre todo al esfuerzo organizador de los sindicatos menores que se encargaron de tensionar el tejido social en los centros de trabajo, en las universidades, en los institutos, en los barrios, en los comercios, etc...
Sindicatos menores, organizaciones, movimientos de todo tipo y miles de personas que luchan por una futura democracia de participación en la que prime el resultado por encima del protagonismo o de la rentabilidad política de las acciones.
Una pregunta debería hacernos pensar a todos. ¿Cómo a éstas alturas del movimiento obrero se puede plantear este tipo de acción sindical, es decir, embarcar a millones de trabajadores. sin disponer de Cajas de Resistencia para el sostenimiento de las huelgas? Algunos sindicatos deberían realizar una exhaustiva autocrítica.
Una autocrítica que se hace necesaria en el mundo sindical, una autocrítica que los trabajadores carlistas debemos hacer para analizar cuál debe ser la orientación y el sentido de nuestra lucha en el seno de un movimiento obrero condicionado profundamente por unas cúpulas sindicales que prefieren negociar en las alturas, donde se realizan todo tipo de componendas, a sentir las protestas de la calle.
(Publicado en El Federal núm. 14 - Julio 2002)
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