La vorágine del “prusés” (VIII) Continúa el pulso de los sediciosos

El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido aflojar la tensión creada por el desafío sedicioso de Artur Mas, con las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, de que no tomarían ninguna iniciativa si la Generalitat se desvinculaba de la consulta y que no impediría en ningún caso 'la libertad de expresión'. Tras la reunión del Consejo de Ministros del viernes 7 de noviembre, Soraya Sáenz de Santamaría recordaba los pasos legales emprendidos ante la ilegal consulta separatista: 'Cuando el presidente de la Generalitat informó de su intención de convocar un referéndum, a Artur Mas el Gobierno le dijo que no era posible. Y el TC lo impugnó' y 'Se iniciaron los trámites para otro tipo de actuación', 'pero está claro, con la segunda determinación del Constitucional, que eso no puede celebrarse. No puede ser así y ha sido la propia Generalitat la que ha iniciado un trámite para suspender la suspensión'.

El Tribunal Constitucional suspendió el referéndum y, después, el sucedáneo de consulta o butifarréndum

Soraya Sáenz de Santamaría recomendaba al president 'prudencia, que es buena consejera', puesto que 'Ya no está en lo que haga el señor Mas, sino en el hecho de que su decisión afecta a terceros. En la incertidumbre que está generando a sus conciudadanos' y le indicaba que 'Al menos en eso le pido que respete a los catalanes, porque el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, han señalado que no puede seguir adelante con su consulta'. La vicepresidenta añadía que Artur Mas 'no puede hacer que los ciudadanos se vean forzados al incumplimiento de la ley el próximo domingo'.

La pasividad y el tactismo del Gobierno, lo explica El Periódico como el resultado del pacto entre Rajoy, Artur Mas y Pedro Sánchez, en una negociación sobre los términos de la consulta “hasta las horas previas al 9-N”.

Con anterioridad, Artur Mas no ha deseado en ningún momento pactar. Cuando en su primera legislatura como presidente de la Generalitat se dirigió a La Moncloa a tratar del pacto fiscal, antes de entrar en el Palacio del Jefe de Gobierno declaraba en rueda de prensa “o me dan el pacto fiscal o convoco un referéndum de secesión”, con lo cual imposibilitaba ya cualquier negociación. El nacionalismo catalán no estaba dispuesto a negociar sabedor de los casos de corrupción que se iban a destapar a los pocos meses.

Por su parte, Artur Mas convocaba en el Parlament a la quinta sesión del Pacte Nacional pel Dret a Decidir en la mañana del viernes. En esa reunión fue obligado por Oriol Junqueras, quien le incitó a mantener el “liderazgo del 9-N”, para dejar traslucir una nueva provocación al Estado. De esta forma, sería la Generalitat la que convocaría y las entidades del Pacto quienes lo organizarían. Artur Mas ha optado por ser la cabeza del desafío y fabricarse una aureola de mártir al aparecer como una posible víctima, salvando de esta forma su escaso prestigio, y lavar la cara de su partido CDC. ERC ha impuesto a Artur Mas a cumplir los compromisos adquiridos con ellos y alardeaban de “que vengan a por nosotros”, tras parapetarse en entidades como la ANC y Òmnium Cultural. Los sediciosos fundamentan que ejercen su “libertad de expresión” como si de una encuesta se tratara.

En la imagen de El PaísNuria Gispert, Artur Mas y Joan Rigol tres responsables de la provocación secesionista

Aunque Rigol, coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, dijo que lo harían los voluntarios, el sábado 8 de noviembre, obligado por la ANC, Artur Mas ha declarado que será la Generalidad la que recontará los votos y dará los resultados.

Mientras tanto, el Govern de la Generalitatsigue sin presentar y aprobar los presupuestos para el ejercicio del 2015. Y los Mossos d’Esquadra seguían sin recibir ningún tipo de instrucción por escrito ante la manifiesta desobediencia cívica al Estado. Al final, el sábado día 8, los Mossos d’Esquadra han diseñado un dispositivo de seguridad de 6.992 agentes que se desplegarán en Cataluña durante la votación ilegal, que será controlada por 4.313 agentes, Sus mandos se han posicionado con la Constitución.

A instancias de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Superior de Cataluña abre diligencias para investigar si es delito la cesión de los locales públicos para la celebración de la consulta del 9-N. Recordemos que la fiscalía debe actuar de oficio ante un delito. La fiscalía en la tarde del sábado día 8 de noviembre ha ordenado a los Mossos d’Esquadra que identifiquen los centros de votación y a los responsables de las mesas de la consulta.

El ex fiscal Jiménez Villarejo denuncia que la Generalidad no respeta en “absoluto” los principios de “neutralidad institucional”, en una consulta ilegal y que convierte en antidemocrático el 9-N.

No obstante, todo parece indicar que Gobierno y Generalitat quedan a la expectativa del peso de las mesas y del número de votos depositados para el lunes seguir negociando.

Prácticas propias de un régimen ocultista y corruptor de la ley

Nuevamente, al borde de la ley se sitúa la campaña lanzada por la ANC y Òmnium Cultural para la realización de una Gigagrabación, en la que personas “supuestamente voluntarias”, con Francesc Homs a la cabeza, realizan llamadas a los domicilios de los catalanes con la excusa de animarles a votar en la consulta del 9-N, se les realiza una encuesta ideológica, sin indicarles que su conversación está siendo grabada.

El consejero de Presidencia y portavoz del govern de la Generalitat realizando llamadas a los hogares catalanes para instarlos a participar en la consulta ilegal. ¿Cabe mayor irresponsabilidad de un cargo público?

En las condiciones y normas de uso y en el “guión de llamadas” de la campaña Marató 9-N, contenidas en una web registrada el 30 de octubre por Òmnium Cultural como parte de la campaña /i>, se indica el número 93 548 08 11, donde una centralita del 9-N, sin ningún filtro, pone directamente en contacto al voluntario con el hogar a entrevistar, elegido aparentemente al azar, sin que preceda ningún al receptor de la llamada de que está siendo grabado (como podría ser un mensaje introductorio pregrabado). Al voluntario se le indica que "Las llamadas serán grabadas para poder verificar el buen desarrollo de la Maratón 9N". Sin embargo, a los entrevistados por los voluntarios no se les indica que su conversación está siendo grabada, a pesar del carácter político-ideológico de las preguntas que revelan el pensamiento político de los ciudadanos, ni se les indica que sus datos serán guardados. Una práctica propia de una dictadura pero inaceptable en una democracia. En la campaña, se insta al uso de términos como participar, votar, decidir... o meramente opinar en lugar de referéndum o consulta.

En el “guión de llamadas” se precisa que debe presentarse como “voluntario de la consulta del 9-N, nunca como voluntario de la ANC y de Òmnium Cultural. Le pedirá a su interlocutor: “Necesito que me indique cuál es el municipio que consta en su DNI, y su primer apellido. En ningún caso estos datos serán guardados ni formarán parte de ningún registro". Se justificará que necesita esos datos para indicarle a la persona contactada el "punto de votación" en el "proceso participativo". En la campaña se hace indistinguible la actividad de la ANC y Òmnium Cultural y la de la Generalitat.

Para el abogado Javier Soria, los datos recogidos –municipio, primer apellido, opiniones políticas- quedan registrados en un fichero, por lo que, de acuerdo con el art. 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se precisa indicar al destinario de la llamada, con carácter previo y de forma expresa, precisa e inequívoca de la existencia de ese fichero, del tratamiento de datos personales, la finalidad de la recogida y de los destinatarios de la información. Hay que obtener el consentimiento previo del interlocutor. Si no se cumple alguno de estos requisitos, la legalidad de las llamadas es bien dudosa.

Propaganda independentista en centros públicos

El Centre Educatiu Mireia de Montgat, colegio público de educación, es el ejemplo del sectarismo que ha empleado la Generalitat en todo el proceso. En la entrada principal, se insta a los mayores de 16 años con dos carteles independentistas: “Vota 9N 2014" y votar “Sí-Sí” en la doble pregunta de la consulta y del “procés participatiu” suspendidos por el Tribunal Constitucional.

El Centre Educatiu Mireia de Montgat, al que se destinan recursos públicos, muestra su adoctrinamiento nacionalista con la propaganda independentista a la que somete a su alumnado

La presencia de la propaganda independentista ha sido denunciada por el diputado de Ciutadans, Carlos Carrizosa, con una propuesta de resolución en el Parlament que instaba al Govern de la Generalitat a “exigir el cumplimiento de la legalidad y la neutralidad política en todo los centros educativos catalanes” porque, destacó, los colegios públicos y concertados "sirven a todos los ciudadanos" y "deben permanecer neutrales políticamente sin influir en la conducta política del alumnado". Una propaganda que promueve un acto ilegal que "vulnera" el derecho de los alumnos y las familias a la "neutralidad", para “hacer creer a los jóvenes que la democracia consiste en depositar una papeleta en urnas vigiladas por voluntarios, sin censo, sin garantías en la participación ni en el escrutinio, sin cobertura legal y contra lo dispuesto por los tribunales, atenta contra los derechos de los ciudadanos y contra el concepto mismo de democracia".

En este sentido, la delegación del Gobierno en Cataluña ha enviado una carta a los directores de casi 3.700 colegios públicos docentes catalanes en la que recuerda "la importancia del necesario y debido cumplimiento" de las resoluciones del Constitucional ante el próximo 9 de noviembre. En ella se resalta que determinadas actuaciones "podrían contravenir la resolución del TC, como permitir la utilización del centro docente para la promoción o realización de actos vinculados a la celebración de la consulta que ha sido suspendida o cualquier otros actos de similar contenido".

De la propaganda de la ANC y Òmnium Cultural tampoco se han librado los Hospitales y CAPs. En estos centros han aparecido en ventanas, pasillos o mostradores de atención al público. En Ayuntamiento como el de Vallromanes se situaban las papeletas, ya cumplimentadas con el Sí-Sí, en los espacios habilitados para publicidad institucional. En los mercados centrales de las ciudades han aparecido sobres con propaganda de CDC y, en cada uno, dos papeletas marcadas con el Sí-Si.

Entre las acciones independentistas en esta campaña destaca la propagación de un documento falso que, mediante la suplantación de la identidad del alcalde de Badalona, instaba a los vecinos, en nombre del ayuntamiento, a votar en el 9-N. Una vez más, el independentismo nos muestra su absoluto desprecio por la ley y su ausencia de respeto por los derechos de las personas.

TV3%: desinformación, manipulación, mentiras compulsivas y acoso informativo

En el noticiario 3/24, TV3% nos presentaba un grupos de abertzales ejerciendo su matonismo, en la Plaza de San Jaime de Barcelona, contra los miembros de la plataforma Libres e Iguales y contra los miembros de Somatemps que protestaban de forma pacífica ante el Palau de la Generalitat en un acto contra la consulta independentista el sábado 8 de noviembre de 2014. Los Mossos d’Esquadra no pudieron evitar las agresiones, golpes y empujones que provocaron los abertzales con sus ikurriñas y pancartas a favor de los presos etarras.

La cadena pública TV3% no perdona la campaña de Somatemps contra su sectaria política de adoctrinamiento separatista, manipulación informativa y desinformación durante las 24 horas del día

Como no podía ser de otra forma, la cadena pública TV3% calificó a los contrarios de la consulta separatista de organizaciones de ultraderecha, mostrando un profundo desconocimiento de ambas entidades. Es tal la capacidad de desinformación y de manipulación de los medios públicos de la Generalitat que tendrá que llegar un momento en que la sociedad catalana se tenga que plantear su cierre y ahorrarse de esta forma miles de millones de euros anuales.

Tristemente, TV3% ha perdido una nueva ocasión para mostrar una mínima objetividad informativa y se ha mostrado como un instrumento al servicio del poder, cuya actividad se concentra en la desinformación y en la manipulación mediante un continuado mentir compulsivo y el ejercicio de una práctica de terror informativo que tiende a la muerte civil de los catalanes no nacionalistas, a quienes se les exigen que pidan permanentemente perdón por existir.

La protesta de la ciudadanía libre del odio nacionalista

Para el portavoz de Ciutadans, Matías Alonso, si el 'president' fuera "honesto y leal" al mandato democrático debería convocar elecciones "de inmediato". Ciutadans muestra su preocupación por el “estado de inseguridad jurídica al que Mas somete a los Mossos”, quienes en la noche del viernes carecerían de órdenes concretas para la jornada del 9-N.

La plataforma LIBRES E IGUALES ha leído en todas las provincias el mismo manifiesto contra “ los intentos de fragmentar nuestra ciudadanía". En toda España ha denunciado el “acto simulado de democracia” del 9-N. En Barcelona, grupos abertzales traídos expresamente del País Vasco para esa jornada han provocado incidentes en la Plaza de San Jaime en Barcelona.

El premio Nobel Mario Vargas Llosa, la parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo y la escritora Núria Amat han firmado de forma conjunta un artículo "A threat to Spanish Democracy", en la edición de papel del día 8 de noviembre en The New York Times, donde exponen se manifiestan en contra de la independencia impulsada por Artur Mas y sus cómplices y las razones por las que la democracia española "está en riesgo".

Para sus autores la consulta no se hace en nombre de la democracia ni de ese supuesto derecho, el del derecho a decidir porque no cumple ningún requisito legal, ni respeta la “ley o el sentir de los ciudadanos” y oculta la “gravedad de las consecuencias” que produciría en Cataluña. En su escrito, tras recordar la Historia de España, aseguran que "Contrariamente a lo que afirman, los separatistas de Cataluña no están defendiendo el derecho de los catalanes a decidir su futuro. En su lugar, están dividiendo a la sociedad catalana en dos, y negando a otros españoles su derecho a decidir un futuro que pertenece a la nación en su conjunto". En sus alegaciones expresan que "A pesar de lo que cabría ingenuamente suponer, los nacionalistas no se quedarán satisfechos con nuevas concesiones del Estado español, mejores acuerdos fiscales o incluso un reconocimiento más profundo de las singularidades culturales o lingüísticas de Cataluña. Como el personaje que da título a la obra de Molière El misántropo, lo que quieren es ser “distinguidos del resto”.

Los tres autores del escrito aseguran que “No es más autonomía o un sistema federal lo que anhelan, sino la desigualdad, simple y llana: que los catalanes tengan más derechos que los andaluces, los valencianos o los vascos". Acusan al Govern d’Artur Mas de adoptar el victimismo y elaborar eslóganes como "España no nos quiere", "España nos roba" o "España no nos deja votar". Y recuerdan a sus lectores que: "Curiosamente" CiU "que ha estado en el poder durante 30 años, ha intensificado su discurso secesionista en el mismo momento en que su sede está embargada por las acusaciones de financiación ilegal de las campañas electorales", y en el momento que Jordi Pujol Soley, su líder históric y jefe del Clan Pujol, está acusado de delitos de evasión fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de millones de euros. Advierten los autores que: "La democracia está en juego, y con ella el principio de que todos los ciudadanos españoles, independientemente de su origen, sexo, raza o credo, deberían ser iguales ante la ley. Esta idea costó afianzarse en España, y no debería ser entregada en un intento vano de apaciguar a los separatistas".

Societat Civil Catalana, el viernes 7 de noviembre, denunciaba ante la Fiscalía Superior de Cataluña al Govern d’Artur Mas por uso “ilegítimo” de los datos de los datos de los ciudadanos catalanes para la consulta o el “proceso participativo” del 9-N, lo que podría ser constitutivo de un delito de revelación de secretos. Alegan que la Generalitat anima a la participación en el butifarréndum al estar mandando a los domicilios de los catalanes "propaganda" personalizada, con nombres y apellidos. Datos extraídos del Registro de Población de Cataluña, dependiente de un organismo de la Generalitat, el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), cuya finalidad es únicamente estadística.

Dirigentes de Societat Civil Catalana presentando la denuncia ante el Juzgado de Guardia de la Ciudad Judicial de Barcelona

Asimismo, Societat Civil Catalana denuncia ante el juzgado de Guardia que "la utilización de centros públicos de enseñanza para la realización de un acto que ha sido suspendido por el TC supone la vulneración" de dicha suspensión, incurriendo en los delitos de desobediencia y prevaricación. Pide tomar medidas para evitarlo.

Por su parte, Somatemps, la asociación catalana de los ciudadanos libres que luchan contra el adoctrinamiento de la Generalitat y sus cómplices, a través de su portavoz, Javier Barraycoa, advierte de “la necesidad de prepararse para una lucha larga contra el nacionalismo”. “Corremos el gran riesgo de que los políticos y los ciudadanos crean que una vez prohibida la consulta se ha acabado el problema del nacionalismo. Es mucho más grave. Estamos ante la finalización de la transición y se van a abrir nuevos paradigmas, que pueden ser para mejor o peor”. “La actual situación de Cataluña, especialmente el auge del secesionismo, no es la causa de la crisis política española. Es el agotamiento del paradigma de la transición, y la eclosión de sus contradicciones, la que ha provocado el mal llamado problema catalán, que esencialmente es un problema español”. Alertó de que “no estamos ante el final del problema, sino que posiblemente al principio” y que eso exige "un cambio de mentalidad desde muchos ciudadanos, hasta ahora, conformistas”.

El sábado día 8 de noviembre, en el Centro Cívico Pati Llimona de Barcelona, presentaron un documento jurídico sobre la ilegalidad y a-legalidad del proceso del 9-N. Leyeron el manifiesto “España, conoce Cataluña y ama ésta tu tierra”. Analizaron la crisis política actual, advirtiendo que “estamos ante un problema de crisis educativa, moral, política e histórica que exige altura de miras para comprender su magnitud” y que de este análisis “han de surgir las primeras propuestas que fundamente una regeneración política de todo un sistema”. Indicaron que “la imperante corriente secesionista no podrá solucionarse desde un dique constitucionalista, pues traspasa las fronteras de meras legalidades coyunturales”.