9/4/12

29-M. La huelga de nunca acabar (I) Liturgia y reforma laboral

A la conclusión de la jornada de huelga sería hora de preguntarse qué entiende el sindicalismo de clase, de clase alta y preferente, sobre qué es una empresa, qué es un país o qué es un trabajador. En estos dos años de movilizaciones previas, en algunas de las intervenciones se han dicho cosas como estas: “para defender a los trabajadores hay que luchar contra la empresa”. Siguen sin comprender que, para garantizar su viabilidad, una empresa ha de obtener beneficios, ya que en caso contrario no habrá inversiones ni sustitución de todo lo obsoleto. Sin viabilidad económica, una empresa cierra y la gente engrosa las listas del paro. Siguen sin entender que si, de forma permanente y creciente, se gasta más de lo que se ingresa y existe un fraude generalizado en el ámbito político no hay país que resista con el resultado de su quiebra total, como en Grecia ni más ni menos. Siguen creyendo que el trabajador es un individuo tan sólo apto para recibir consignas y para ser utilizado como carne de cañón ideal para planteamientos de conquistar del poder y para pretensiones de un dominio político-sindical que controle a parte de la sociedad.


La oligarquía política y sindical relanza su estrategia de desestabilización que pretende utilizar a los trabajadores como taburete de apoyo para alcanzar sus objetivos

A las 19 horas del día 28 de marzo, los piqueteros comenzaron su acción en diversos puntos de España. En esta ocasión, las imágenes constatan la realidad de una acción mucho más coercitiva que en ocasiones anteriores. CCOO y UGT se han jactado de situar en la calle a más de 6.000 personas en los “piquetes informativos” en la ciudad de Madrid, para dirigir su acción de paralizar la ciudad. En la tarde del 28 de marzo en más de una treintena de capitales de provincia ya se habían amenazado a la mayoría de los comercios, con especial énfasis los bazares y mayoristas chinos. En Málaga, CCOO apunta que realizará un censo de tiendas enemigas de la huelga general en toda España. A las 23,30 horas ya se hallaban bloqueados los mercados de abastos de las principales ciudades. En Mercabarna ya se habían incendiado sus accesos. Un gran número de camioneros se enfrentaría a los piquetes y conseguirían salir a las carreteras en buena parte de España.


La huelga ha sido en todo momento una Huelga política. Una huelga preparada desde la primavera de 2010, cuando las encuestas presentaban al PSOE como perdedor en las elecciones municipales y autonómicas de 22 de mayo de 2011 y en las generales que, al final, se adelantarían al 20 de noviembre de 2011. Ante la hecatombe prevista, el propio gobierno de ZP optó por deslegitimar el previsible resultado de las urnas, y decidió engrasar la maquinaria huelguística con la escalada de manifestaciones y protestas para arrasarlo todo. La huelga general de 8 de junio de 2010 será la espoleta de salida de la estrategia socialista y comunista de poner al país al borde de la intervención.

Cuando en septiembre de 2010, Belén Barreiro, directora del CIS, no accede a seguir manipulando los datos de esta institución, María Teresa Fernández de la Vega la fulmina de su cargo. La estrategia del PSOE, a partir de ese momento, será minimizar la previsión de derrumbe electoral y el 20 de octubre de 2010, ZP remodelará su gobierno y todo se orientará a que la escalada de protesta en la calle le estalle al futuro gobierno. Lo tienen perdido, saben que se van y que sólo la agitación permanente en la calle les devolverá al poder.

Así pues, cuando se decide la escalada de protestas, el PP no había asumido, todavía, la mayoría de los ayuntamientos y comunidades autónomas, ni había ganado las elecciones generales. Ni se había montado el experimento sociológico del 15-M y de las primaveras árabes, por parte de fundaciones neoliberales en todo el mundo y que aquí contaría con la comparsa de socialistas y de izquierda unida, y de ese radicalismo pequeño burgués de hijos de papas. En su papel de correas de transmisión de socialistas y comunistas, Méndez y Fernández Toxo darán largas, cuando no boicotearán, toda negociación. En estos últimos años hemos podido comprobar que a los sindicatos de clase les importa poco la economía, y mucho menos la legitimidad de las urnas. Sus actuaciones indican que les trae sin cuidado la situación límite de España, a la que han contribuido con su laissez faire, laissez passer a los desmanes de los gobiernos de izquierda. Mientras, el país se va de vareta y no dejan que se aplique la más mínima medicina para cortar los efectos de esos flujos.

Liturgia decimonónica

La huelga del 29 M ha sido un ritual más de esa liturgia sindical, con tintes de revolución decimonónica y de transformación de la relación entre gobernante y representación sindical. Ni Felipe González, ni Aznar, ni Rodríguez Zapatero ni, ahora, Rajoy se han librado de la pertinente huelga. Ésta será la sexta jornada completa de protesta contra acciones de gobiernos democráticos, ocho si contamos un paro de media jornada y otro de una hora. La diferencia con Rajoy es que no se le ha otorgado ni los cien días de gracia que se les concedió a los dirigentes anteriores.

En el último año he asistido a asambleas semanales de trabajadores y actos de protesta en barrios, he podido captar que los dirigentes políticos y sindicales no están por reconocer la existencia de una crisis económica y moral, ni mucho menos de sus posibles causas. Al unísono con el gobierno de Rodríguez Zapatero, se enrocaron en negarla y en negar su responsabilidad en esta crisis; eso sí, determinan que los culpables siempre son los otros. Los expertos dirigentes de CCOO y UGT han corregido y boicoteado, sistemáticamente, a los titulares de Economía de los gobiernos del PSOE y del PP; pero, aún así, no admiten su responsabilidad en la quiebra de España.

Flaco favor a España la pretensión política-sindical de helenizar nuestras calles y ciudades

Los sindicalistas de clase, alta y privilegiada, llevan más de un año tratando de equiparar la situación de España a la de Grecia. La crisis española tiene pocas coincidencias con la crisis griega o el problema de las subprime, ya que su origen radica en cuestiones como:
• la falta de disciplina fiscal, que para la UE y EEUU resulta incomprensible que la autoridad política no pueda ejercer un control fiscal ni responder a la subversión de diversas autonomías;
• la burbuja inmobiliaria, que implica que, por la financiación internacional, lo que se debe fuera ascienda a tres veces el PIB. Es decir, la deuda pública con ser muy importante apenas es significativa respecto al importe de la deuda privada de familias y empresas.
• y el mercado de trabajo. Mientras fuera se recortaban jornadas y horarios, en España sólo se podía despedir. Para reducir personal hacía falta acuerdo; para despedir, no.

Han sido un año con muchas horas de movilizaciones. El 11 de Marzo en la manifestación de Tarragona contra la reforma laboral, asistieron unas 450 personas con una media de edad superior a los cincuenta años, a las que se arengó para que conformaran “piquetes informativos”. El temor al fracaso de la huelga estaba en el ambiente. El miércoles 21 de marzo, a las 11,30 horas, cincuenta y cinco personas, contantes y sonantes, se concentran en la Plaza Alcalde Lloret de Tarragona. De ellos, unos cuarenta se deciden a cortar la circulación en la avenida de Roma y serán menos de una treintena los que lleguen a la Plaza Imperial Tarraco, tras caminar unos veinte metros para paralizar el tráfico. Por la tarde a las 18 horas, 22 personas acuden a la llamada de concentración. Los liberados sindicales de la mañana están fuera de servicio a esas horas. El día 28 de marzo, de 10 a 14 horas, delegados de CCOO, UGT, CATAC y CGT se patean las plantas del Hospital Joan XXIII de Tarragona para tratar de arrastrar trabajadores a la asamblea de las 14 horas e informar sobre los objetivos de la huelga. En el momento álgido de esta asamblea acudirán 39 personas. Se alienta la huelga del día siguiente con arengas por la dignidad, por el futuro de los hijos, por la pérdida de días graciables y por los recortes salariales, por la amenaza de nuevos despidos de interinos. Sin embargo, en enero, cuando se despidió a más de un centenar de interinos no hubo actos de protesta. Pero, todo esto no es óbice para que, a partir del 29 M, la izquierda de clase alta y preferente pretenda aumentar su espiral de violencia callejera. ¡Un voto es un voto, aunque la imagen del país se vaya al carajo!, y con ella la posibilidad de atraer inversiones y captar paganos que compren nuestros bonos con los que afrontar los vencimientos para este año de la impagable deuda emitida por los gobiernos del PSOE.

Unos dirigentes sindicales, los de clase alta y preferente, que son incapaces de valorar que la reforma laboral solamente preocupaba al 1,2% de los españoles, según la última encuesta del CIS. Es una evidencia que no ha existido un debate social sobre la necesidad de la huelga general, sencillamente porque “la autoridad competente” –“sindical, por supuesto”- decretó la huelga y expandió sus consignas. ¿Se votó en las empresas el ir a la huelga? Las secciones sindicales recibieron la orden y trataron con escaso éxito de sumar a los trabajadores a la “juerga piquetera”, si nos atenemos a como se desarrolló la jornada de huelga. Desde mediados de los años ochenta las huelgas se deciden por Decreto-Ley emitido por ese “quien corresponda” y al trabajador se le reserva el papel de figurante que grita las consignas recibidas. Vuelven los tiempos de aquellos Comités Centrales en una nueva deriva hacia el totalitarismo de quienes, cínicamente, otorgan patentes de demócratas.

La reforma laboral

La reforma laboral, que renueva en parte las relaciones laborales, sí ha suscitado algún debate en la sociedad –tertulianos de medios de comunicación, profesionales del derecho, políticos de oposición y dirigentes sindicales y vecinales-. El decreto del Gobierno sobre la reforma se encuentra en fase de tramitación, aunque fue convalidado por el Congreso por mayoría absoluta de 197 diputados -PP, CiU, UPN y FAC-, y el voto en contra de partidos abertzales (Amaiur, PNV y Geroa Bai), de PSOE, IU-ICV-CHA y del resto del grupo mixto.

El Real Decreto Ley 3/2012 es la reforma más amplia del mercado de trabajo y de la gestión de las relaciones laborales en las empresas desde la de 1994. En él se aborda los problemas que el mercado laboral venía arrastrando: dígase rebaja sustancial de los costes de despido, díganse medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas, dígase reforma de la negociación colectiva, dígase despido de los contratados laborales en las Administraciones por insuficiencia presupuestaria o dígase terminar con el blindaje de los directivos en las empresas públicas.

De esta forma es vista la reforma laboral en ciertos sectores de la población española

Es obvio que el entorno económico de España se ha modificado y con él la situación competitiva; por ello, sin medidas de adaptación empresarial no se podrá contribuir a preservar el empleo ni a crear nuevos puestos de trabajo. Es esencial, por tanto, adaptarse al momento presente de la economía y de las empresas europeas. En este sentido, la reforma laboral contenida en el Real Decreto-Ley continúa la línea de reformas de los gobiernos socialistas y marca una línea de modernización y de adaptación del marco laboral que presenta elementos de continuidad, de novedad evolutiva y de ruptura. ¡Así que poco nuevo bajo el cielo!

Elementos de continuidad en las modalidades de contratación y en el papel de las empresas de trabajo temporal con su actividad de suministro temporal de mano de obra. Cambios en la regulación del trabajo a tiempo parcial y a distancia y en el contrato de formación y aprendizaje. Supresión de los excesos reguladores introducidos en 2011 en la negociación colectiva. El convenio colectivo mantiene su carácter corporativo dotado de valor normativo y de eficacia general. La flexibilidad interna apenas cambia en la regulación del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores y se mantiene la preferencia socialista de la representación sindical en la empresa frente a la representación electiva, que rompió la igualdad entre secciones sindicales y comités de empresa.

Elementos de novedad evolutiva, que desarrollan y culminan los cambios precedentes introducidos en el despido para los nuevos contratos –indemnización de 33 días de salario/año de servicio y límite de 24 mensualidades-. Elementos que clarifican aspectos de la supresión de salarios de tramitación y que aportan seguridad a las situaciones jurídicas al evitar las anteriores ambigüedades, cambios vergonzantes y disimulos. Intentos de objetivar las causas en los despidos objetivos o económicos. Una flexibilidad interna que admite expresamente la posibilidad de modificar la cuantía salarial, que tecnifica la facultad empresarial de distribución irregular de la jornada que podrá ser enervada por el pacto expreso en contrario. O la fijación del período de prueba en un año para el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores.

Elementos de ruptura para homologar nuestro sistema de relaciones laborales con el entorno europeo, pero que presentan algunas dificultades interpretativas. En la clasificación profesional se deja al grupo profesional y se erradica la clasificación por categorías. Elementos como la movilidad funcional; como la negociación colectiva con la posibilidad de modificar o revisar un convenio colectivo durante su vigencia (antes se mantenía lo pactado hasta la siguiente negociación); como la posibilidad de negociar convenios de empresa bajo la vigencia de convenios sectoriales, para escapar de la regulación de los mismos; como el fin de la ultraactividad de los convenios, dos años de aplicación del convenio tras la expiración de su vigencia; como el fin de la aplicabilidad del convenio que permite contratar nuevos trabajadores en las condiciones pactadas sin sujeción a los niveles salariales precedentes.

El legislador supone, sin duda, que revisar convenios durante su vigencia o negociar convenios de empresa será una pretensión más empresarial que de la parte laboral. Con el fin de permitir un mayor margen de gestión de la flexibilidad interna en las empresas y de facilitar su adaptación a los cambios de la coyuntura económica o productiva, concreta la posibilidad de inaplicación del convenio colectivo, sectorial o de empresa. El RDL prevé el repliegue de la intervención administrativa al suprimir la posibilidad de suspensión por seis meses de la ejecutividad de las decisiones de movilidad geográfica y al desaparecer la autorización administrativa para las suspensiones de contratos, reducciones de jornada y despidos colectivos. No obstante, el papel de la administración no desaparece y sigue siendo relevante y, además, subsiste el control judicial sobre las decisiones económicas o de gestión del empresario.

Esta reforma laboral moderada renueva, sin anularlo plenamente, el marco jurídico de las relaciones laborales y mantiene aspectos tutelares de los trabajadores (restablecimiento de la prohibición de encadenamiento de contratos temporales; reforzamiento de los derechos formativos del trabajador; limitación en el despido por circunstancias objetivas, de las causas derivadas de la falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas del puesto de trabajo) y aspectos tutelares de los sindicatos (mantenimiento de la preferencia negociadora de las secciones sindicales de empresa frente a los comités y delegados de personal).

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