Una huelga, que no beneficia a nadie, donde se la juegan el Gobierno y los sindicatos mayoritarios. Una situación que les ha llevado a pactar el empate, con mínimos servicios mínimos que comprometen a los sindicatos a desviar sus protestas hacia los especuladores financieros internacionales, el empresariado nacional y la oposición política al PSOE.
Un ámbito del trabajo, donde hemos pasado de una situación paternalista, en la que se reconocía que existían dos partes desiguales y, por tanto, el Estado debía garantizar unos mínimos derechos a la parte más débil, a una situación de pretendida igualdad entre las partes en la que parte más débil no encuentra el apoyo de un Estado irresponsable que se inhibe.
Caldeando al personal
Decenas de cadenas de radio han repetido durante los últimos meses esta cuña radiofónica: "ASÍ NO SE REFORMA. Con un despido más fácil y barato, con una temporalidad abusiva, así no. Dando más poder a los empresarios, congelando los salarios y derechos, así no". A la propaganda radiofónica le han acompañado millones de folletos, guías, paneles y pancartas, gorras y silbatos, globos y el resto de la parafernalia y asambleas informativas (sin opción alguna de los trabajadores a decidir sobre una huelga ya decretada) para instar a la huelga general, que coincide con la euromanifestación organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en Bruselas para exigir una salida europea a la crisis basada en el crecimiento, el empleo y contra los recortes sociales.
Desde el 15 de junio en que CCOO y UGT determinaron la fecha del 29 de septiembre para la huelga general contra la reforma laboral, la sociedad española ha sido informada de los tejemanejes de la corrupta mafia sindical. Que si hoteles, restaurantes y cruceros de lujo, que si subvenciones y ayudas de todo tipo de los gobiernos de España, de las comunidades autónomas, diputaciones, consejos comarcales y ayuntamientos.
En ese caldear el ambiente, el domingo 5 de septiembre, UGT quiso aprovechar la 31 Fiesta minera de Rodiezmo. Tres horas de discursos, sin intensidad ni inspiración, con retórica combativa de tiempos pretéritos, no consiguieron enervar a los mineros socialistas. Alfonso Guerra arremetió contra todo lo que se movía en un discurso de agitación sin referencia alguna a la huelga ni a Zapatero. Sus palabras antecedieron las intervenciones de los sindicalistas de UGT. Cada alusión a la huelga de los líderes sindicales no obtenía ningún aplauso, sí un grito unánime: ¡No la hagáis, no la hagáis! A los socialistas asturianos presentes no les acompañaron, en esta ocasión, los de Castilla y León.
El mensaje de la huelga se repetía con diversas razones para convencer a la audiencia. José Ángel Fernández Villa (secretario general de SOMA-FIA-UGT de 1979 a 1993) arengó: “La movilización no tiene como fin desgastar a un Gobierno o restarle votos, sino la rectificación de una propuesta que afecta a los derechos de los trabajadores, porque todos tenemos claro cómo son las recetas de la derecha”. Otro de los oradores, de FIA-UGT, Antonio Deusa, aclaraba que “la huelga es también por la reforma laboral, pero además tenemos que enseñarle a los empresarios que ellos son los que aplican las leyes, y no el Parlamento. Esta huelga hay que hacerla por dignidad. Si no conseguimos que los empresarios entiendan que no vale todo, nadie lo hará”. Con sus palabras, Cándido Méndez rizó el rizo:”El Gobierno se ha abrazado, a la fuerza, a la política económica que rechazaba hace meses”. Mientras, Alfonso Guerra pedía a Cándido que abreviara su discurso y concluyera puesto que la gente esperaba para degustar la comida.
El histórico dirigente obrero asturiano,otro socialista más de controvertido pasado
El histórico secretario general del SOMA-UGT, en 1995, en un cambalache con la dirección de la empresa minera HUNOSA fingió un accidente minero, que nunca existió, para cobrar la cuantía máxima de una pensión de la Seguridad Social. En representación de la Junta General del Principado de Asturias formó parte del consejo de administración de HUNOSA. Pertenece a las ejecutivas regional y nacional del PSOE. Desde 1993 preside el Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide). De 1999 a 2003 fue Senador por Asturias, y Diputado de la Junta General del Principado de Asturias de 1983 a mayo de 2007 de forma ininterrumpida. El 13 de octubre de 2009, el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, le impone la Medalla al Mérito en el Trabajo por su labor al frente del SOMA. En los años 60 y 70 merodeaba por la CNT y militaba en las Comunas Revolucionarias de Acción Sindicalista, CRAS. El autor de la obra Clandestinos, José Ramón Gómez Fouz, recoge las confesiones del comisario jefe de la brigada político-social del franquismo en Asturias, Claudio Ramos, donde declara que Villa fue reclutado como colaborador de la policía en aquella época, al entrar a trabajar en la mina La Colladona.
Con ese fin de dinamizar el ambiente, UGT y CCOO han ido celebrando actos preparatorios de la huelga general. Como la concentración del 8 de septiembre de 16.000 delegados sindicales en el estadio de Vista Alegre en Madrid, o la de varios miles más en Bilbao en días posteriores, siempre , realizada en horas de trabajo. En ambos actos, el grito fue unánime: “Zapatero, dimisión”.
En estos días previos al 29-S, se ha llegado a un acuerdo con el gobierno para disponer de unos servicios mínimos de lo más exiguos en el sector transporte, sanitario o educativo para asegurarse un relativo éxito de la huelga general. Escasos vuelos internacionales, trenes de medio y largo recorrido, y algunos trenes de cercanías en horas punta y unos pocos vuelos nacionales y recorridos marítimos. Ni autobuses en los recorridos en lo que existan alternativas para realizar el desplazamiento de los viajeros con otros medios de transporte. Sin alternativas, habría de uno a tres servicios diarios. Entienden como hora punta matinal, de 6 a 9 horas, con un tren cada media hora, y de 18 a 21 horas, con un tren cada hora en cada línea y sentido. Así pretenden garantizar “el derecho fundamental al transporte de los ciudadanos pero, a la vez, permitiendo el derecho de huelga de los trabajadores del sector”.
Razones para apoyar la huelga general
Los promotores de la huelga general alegan “la contrastada trayectoria de coherencia del movimiento sindical en los últimos 33 años”, para afirmar que “es la huelga general más justificada y justa de cuantas hemos conocido desde 1985”. Reconocen el carácter excepcional de este recurso sindical, expresión radical del conflicto social, y se sienten obligados por las decisiones económicas y laborales del Gobierno y de ciertos sectores del poder empresarial.
Las razones que justificarían la convocatoria de los sindicatos del régimen, CCOO y UGT, y de la cohorte sindical y política que les secundan, hubieran podido ser muy concretas y directas. He aquí algunas de las características de la Ley de reforma laboral:
1.- En su preámbulo reconoce que “En los últimos dos años se han perdido en nuestro país más de dos millones de puestos de trabajo y el desempleo ha crecido en casi dos millones y medio de personas, lo que ha duplicado la tasa de paro hasta acercarse al 20%”.
2.- Objetivos:
Mantener los derechos de los trabajadores, al “quedar incólume la regulación sustantiva del contrato indefinido ordinario”, que, en caso de despido improcedente, da derecho a una indemnización de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades.
Reducir el desempleo e incrementar la productividad a través de 4 vías:
corregir la “dualidad del mercado de trabajo”, entre fijos y eventuales, igualando a la baja las condiciones laborales. En 2015, los contratos temporales tendrán una indemnización de 12 días por año trabajado. Esa sería la medida más favorable de la Ley. Despedir a un fijo o a un eventual costará lo mismo.
promover la estabilidad,
incrementar la flexibilidad interna,
y promover el empleo.
Convenios colectivos frente a Acuerdos en Empresas
El art. 41 prima los acuerdos para que “La dirección de la empresa, cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo” en las siguientes materias: Jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, sistema de trabajo y rendimiento, y funciones, “cuando excedan a los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley”.
Respecto al contenido de los convenios colectivos (art. 6.3), la empresa podrá recurrir al acuerdo para no aplicar las tablas salariales del convenio.
Los acuerdos se tendrán que alcanzar en un máximo de 15 días. Si no hay acuerdo, la medida de la empresa se aplicará si bien el trabajador o sus representantes podrán reclamar conflicto colectivo o acción individual.
Si la función de los convenios generales era proteger los derechos mínimos de los trabajadores de la pequeña empresa, la imposición en éstos de criterios viables en las medianas y grandes empresas generaba en las pequeñas empresas condiciones imposibles de cumplir.
Sector Público
Las administraciones y entidades públicas con déficit presupuestario, aunque no se cuestione la viabilidad de la entidad, podrían argüir el despido objetivo para el personal laboral fijo. El actual proceso de privatización, precariza el empleo al facilitar ya que los trabajadores sustitutos tengan peores condiciones laborales mediante contratas o ETTs, a las que ya se les ha permite contratar con las administraciones, en perjuicio de las bolsas de trabajo y de los interinos. Las oposiciones y los procesos objetivos de selección de las bolsas de trabajo pueden pasar a depender de las ETTs sin garantías de igualdad, mérito y publicidad para el acceso a esos empleos.
Deterioro de las condiciones de trabajo que deriva en degradación de los servicios públicos.
Creación de Agencias de Colocación (art. 14), para la privatización del servicio público de empleo, que derivará a ser un negocio prestado por entidades privadas pagadas con dinero público y que convierten a los parados en objeto de negocio.
Desempleo
Endurece las condiciones para la percepción del subsidio y se quiere transmitir la idea de picaresca generalizada entre los parados. Se olvidan que más de un millón de personas no tienen ayuda, que tres millones si la perciben, si bien la mitad cobra subsidio contributivo y otros disponen de ayudas asistenciales. La ley obliga a aceptar trabajos en peores condiciones que antes.
3.-Consecuencias de sus sofismas (persuadirnos de lo que es falso para ajustarlo a las necesidades de las empresas):
Abaratar el coste de la mano de obra.
Facilitar el despido, abaratarlo drásticamente llegando incluso a bonificarlo.
Despido de carácter objetivo cuando concurran causas:
• Económicas, si de los resultados de la empresa se desprende una situación económica negativa -existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos-, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. A estos efectos, la empresa acreditará los resultados alegados para justificar y deducir la razón de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.
• Técnicas, si, entre otros, se producen cambios en el ámbito de los medios o instrumentos de producción.
• Organizativas, si, entre otros, se producen cambios en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal.
• Productivas, si, entre otros, se producen cambios en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. A estos efectos, la empresa acreditará la concurrencia de alguna de las causas señaladas para justificar y deducir la razón de la decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.
Despido Objetivo que en atención a causas:
• Económicas, las pérdidas ya no tienen que ser reales, sino previstas o, incluso, una “disminución persistente de su nivel de ingresos” –lo que no implica pérdidas-.
• Técnicas, organizativas o productivas introduce el despido preventivo ante “una evolución negativa de la empresa o mejorar la situación de la misma” y “favorecer su posición competitiva en el mercado”.
Despido Objetivo que expone ante el Juez lo razonable de las medidas, sin necesidad de presentar un plan de viabilidad, puesto que una reducción en plantillas sobredimensionadas siempre colocará a una empresa en mejor posición competitiva. Antes de la reforma de Rodríguez Zapatero, si el despido objetivo no se justificaba debidamente era nulo y se obligaba a readmitir al trabajador. Ahora, sólo se le considerará improcedente.
Despido de carácter objetivo que implica una indemnización mucho menor, de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades.
Hasta el 1 de enero de 2012, a cargo de FOGASA se subvencionará el despido con 8 días por año trabajado, o con el 40% del total de la indemnización para empresas de menos de 25 trabajadores, tanto en los contratos indefinidos ordinarios como en el nuevo contrato de fomento del empleo indefinido. A partir de esa fecha, entrará en vigor un Fondeo de capitalización.
Modificar las condiciones de trabajo
El contrato ordinario indefinido acumulaba las mejores condiciones laborales, por ello se trata de facilitar el despido de estos trabajadores y sustituir éstos por nuevo personal con contrato de fomento del empleo indefinido (art.3 Ley de reforma). Esta opción se podrá aplicar a la totalidad de los trabajadores, como en el caso de “parados que lleven, al menos, un mes inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo”, o desempleados que “durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, se les hubiera extinguido un contrato de carácter indefinido en una empresa diferente”, para evitar que una empresa pueda echar a un trabajador con contrato ordinario y volver a emplearlo con el contrato de fomento. Un proceso de sustitución de contratos inevitable en el medio plazo. En el contrato de fomento, el despido improcedente tiene una indemnización de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades, y estará subvencionado con 8 días por año trabajado y el resto lo pagará el empresario. Si el despido es objetivo, el empresario indemnizará 12 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades
Las medidas sobre contratos indefinidos serán de aplicación inmediata, mientras que no modifican sustancialmente la contratación temporal, ni potencia Inspección de trabajo para controlar el fraude.
Más poder de las empresas en la organización del trabajo
Razones para no secundar la huelga general
También son múltiples y muy diversas las razones que se pueden aducir para no apoyar la convocatoria de CCOO y UGT, a la que se han adherido diversos sindicatos y sectores del régimen. Entre estas razones podemos considerar las siguientes:
1.- La UE ha modificado la idea de coordinación de las políticas sociales de los estados miembros y tiende hacia la homogeneización de las mismas.
2.- El compromiso adquirido por Rodríguez Zapatero, en Nueva York, ante lo más granado de los inversionistas internacionales, le obliga a mantener contra viento y marea las medidas de reforma tomadas por el ejecutivo. IU espera aprovechar estas ataduras del presidente del Gobierno para multiplicar por nueve su representación en el Congreso.
3.- La Ley de Reforma Laboral ha sido aprobada en el Congreso con el voto favorable de los diputados del PSOE, con la excepción de la abstención de Antonio Gutiérrez, ex secretario general de Comisiones Obreras y ahora diputado socialista, y de CiU y PNV. Gran parte de los votos afirmativos a esta ley corresponde a diputados que son afiliados de UGT y de CCOO.
4.- La huelga general ha sido convocada por dos organizaciones, CCOO y UGT, que perciben ayudas y subvenciones anuales de más de 300 millones de euros cada una. Después de convocada la huelga, a primeros de agosto, el BOE recogía ayudas de más de 11 millones de euros para cada uno de estos sindicatos. A lo que debemos añadir la gratuidad en el uso y disfrute de edificios y locales públicos del Patrimonio Sindical acumulado, cuya tituralidad es de la Administración General del Estado, que son cedidos a los sindicatos para el desarrollo de su actividad en los pueblos y ciudades de España.
5.- Paradójicamente, las organizaciones convocantes y las adheridas plantean la huelga general como una lucha contra la oposición política a Rodríguez Zapatero y el empresariado en lugar de dirigir su lucha contra quienes han aprobado la ley de reforma laboral y planean el decretazo de las pensiones (retraso de la edad de jubilación, exigencia de más años para el cálculo de la base reguladora). Pero, el tema de las pensiones es otra cuestión, porque CCOO y UGT son entidades gestoras de múltiples planes de pensiones de los trabajadores y perciben comisiones por una gestión que es ruinosa para los intereses de los partícipes, pero que a ellos les reportan varios millones más de euros. Un asunto en el que CCOO y UGT se encuentran implicadas por su participación en el accionariado de una compañía de seguros, Atlantis, cuyas sedes se suelen encontrar en los locales de ambos sindicatos.
6.- Unos sindicatos muy interesados en incoar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en el mayor número de empresas posibles, ya que percibirán entre un 10% (trabajadores afiliados) y un 15% (trabajadores no afiliados) de las indemnizaciones que perciba cada trabajador.
7.- Unos sindicatos incapaces de decir cuántos afiliados tienen; es decir, cuántos cotizantes reales tienen. Puesto que si tuvieran los 1.200.000 que dice CCOO o el millon que declara UGT, no tendrían que ir mendigando firmas de no afiliados para conformar el 70% de sus listas para las elecciones sindicales. Unos sindicatos que dicen no saber cuántos miles de liberados sindicales tienen ni el coste que eso representa para las empresas y para las administraciones públicas.
8.- Planteamiento de una jornada especialmente virulenta en las autonomías gobernadas por los partidos de oposición al régimen socialista. En este sentido merece ser destacada la campaña de la BATALLA y TOMA de Madrid, donde se concentrarán los piquetes de coacción a la libre elección de los trabajadores, ya que, dada la información exhaustiva de los medios de comunicación durante estos dos últimos meses, no cabe hablar de piquetes informativos. Piquetes particularmente agresivos que desarrollan tácticas de la kale borroka en objetivos "militarmente" estratégicos como el transporte, los polígonos industriales, los mercados de abastos, las hipersuperficies comerciales y un largo etcétera. En Castilla La Mancha, el líder regional de CCOO pidió «piquetes informativos contundentes», para «evitar y hundir las coacciones y las amenazas que nos consta que muchos empresarios están haciendo para desmovilizar e impedir que esta huelga general sea un éxito de la clase trabajadora». En Canarias se amenazaba a los niños que acudieran a los colegios. Una web de okupas ofrecía "piquetes a domicilio" para acudir, en menos de media hora, al lugar donde se les llamara y garantizaban su poder de coerción.
Acción de un piquete coercitivo
9.- Por el contrario, con elecciones en noviembre, el Tripartito catalán se compromete con los sindicatos, por ejemplo, en la Consejería de Salud de la Generalidad a desprogramar todas las consultas y actividades sanitarias, salvo las urgencias vitales. UGT se ha quejado ya que muchos facultativos se han negado a desprogramar sus consultas y quedarse sin pacientes para el día 29 de septiembre, puesto que no ejercerán el derecho de huelga y sería un mero trasladar la presión de los enfermos a otros días y meses.
10.- Delegados de las organizaciones convocantes “no ejercitarán el derecho a la Huelga, sino que realizarán trabajos propios de representación sindical”. Para evitar acciones unilaterales de las empresas, que sin consultarles practicarán descuentos en sus nóminas, alegarán que “hicieron la huelga pero yendo a trabajar por la huelga al sindicato”. Salir en las fotos conlleva sus riesgos, aunque no para los 50.000 delegados sindicales irregulares porque sus empresas han cerrado o desaparecido, pero que CCOO y UGT los siguen contabilizando para el cómputo total de sus delegados.
11.- Delegados de grandes y medianas empresas llevan negociando varios meses la recuperación de las horas pérdidas por la jornada de huelga para evitar el descuento en la nómina de los trabajadores que la secunden.
12.- Otros trabajadores ya están recurriendo al manido recurso de la baja médica, que se han disparado en las últimas horas. Algunos más recurrirán a las horas de libre disposición para ese día.
13.- La convocatoria de huelga ha recibido el apoyo de parte del sindicato de la Ceja, conformado por los actores y artistas más subvencionados del país y que siempre han apoyado y vitoreado las acciones de Rodríguez Zapatero y de su gobierno. No podían faltar los Almodóvar, Miguel Ríos o Víctor Manuel, el cantante asturiano que fuera comunista y que dedicó una entusiasta canción a Francisco Franco Bahamonde. Con el importe de las ayudas recibidas por este colectivo durante el mandato de Rodríguez Zapatero, las publicadas y las recibidas bajo mano, se hubiera evitado la rebaja de sueldos del personal al servicio de las Administraciones Públicas y la congelación de las pensiones.
14.- Que independentistas como Joan Laporta, símbolo del nacionalismo parasitario, apoyen la huelga general del 29-S alegando que “sin el expolio del Estado español, en Cataluña no habría crisis”, es razón más que suficiente para no apoyar la convocatoria de huelga, ya que cabría preguntarse por el destino dado al dinero público en Cataluña durante los 35 años de gobiernos nacionalistas, que la han dejado con un endeudamiento espectacular y anegada por los casos de corrupción.
15.- ERC, con su demagogia habitual, a través de su secretario general, arengaba a los catalanes para hacer el paro general por dos motivos: la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y la reforma laboral impulsada por el gobierno que niega a Cataluña la posibilidad de disponer de sus propios instrumentos para salir de la crisis. Llamó a "catalanizar la huelga porque están en juego tanto los derechos laborales como los derechos nacionales".
16.- Que en los últimos 35 años las organizaciones sindicales que se pretenden de clase han sido incapaces de crear una Caja de Resistencia y Solidaridad para sostener a los trabajadores en lucha durante las jornadas y las huelgas en las que éstos se pudieran ver implicados. Y todo ello, a pesar de los miles de millones de euros que llevan recibidos de las arcas públicas.
¿Qué hacer?
En una sociedad abierta, tiene que ser normal la discrepancia y la controversia social, política y mediática en torno al dogmatismo del gobierno, marcado, según los sindicatos, por estas ideas básicas: fin de políticas públicas de reactivación económica, recorte sin precedentes de los derechos trabajadores y renuncia a la reforma fiscal, redistributiva y recaudadora de recursos en momento de crisis. Tiene que ser normal el decidir, en libertad, entre el derecho a trabajar y el derecho a participar en una huelga general, que siempre es exclusivamente política, y en unos momentos de profunda recensión económica que ha provocado un continuado ajuste de cuentas dentro de la misma izquierda, que olvida que el 25% del PIB proviene de la economía sumergida y, sobre todo, que existen casi millones de parados.
A lo largo de estas últimas décadas he participado activamente en todas las huelgas generales, desde el paro de una hora del día 5 de abril de 1978 en protesta contra el paro y para protestar contra la reforma de la ley de pensiones el día 20 de junio de 1985, por la retirada del Plan de Empleo juvenil y contra la política económica de Felipe González el 14 de diciembre de 1988. Por la retirada del decreto socialista de recorte de las prestaciones por desempleo y contra el proyecto de ley de huelga el día 28 de mayo de 1992, contra la reforma laboral el día 27 de enero de 1994, contra las medidas de protección por desempleo y la Ley de Empleo del gobierno Aznar el 20 de junio de 2002.
En esta ocasión, llevo tres meses explicando el contenido de la Ley de Reforma Laboral y los pros y contras de la huelga general decretada por el bunker sindical a los trabajadores de más de una cincuentena de pequeñas y medianas empresas. Ello me ha permitido disponer de una opinión sobre la situación laboral en estos momentos. Me he encontrado con una sensible desinformación sobre la Ley. ¡Cómo se puede ir diciendo por ahí que, en el 2015, habrán desaparecido todos los contratos indefinidos actuales sustituidos por el nuevo Contrato de Fomento de Empleo! Sin una mínima seriedad no se puede ir a ninguna parte.
Los trabajadores de esas empresas mostraron su preocupación por el presente económico más inmediato y por el futuro a un medio plazo. Nula voluntad de apoyar la huelga y pánico ante la posible actuación de los piquetes en las empresas emplazadas en polígonos industriales, menos miedo he encontrado en empresas situadas fuera de éstos. En general, no se sienten implicados porque no han tenido opción alguna de decidir sobre una huelga, que sienten impuesta y de la que sólo han recibido información a posteriori de la convocatoria. Los trabajadores están cada día menos prestos para asumir consignas de ningún Comité Central Revolucionario.
Después de treinta y cinco años de democracia formal, resulta bien triste que el éxito de una huelga general no dependa de la convicción de los propios trabajadores, sino de la presión y extorsión que comportan los piquetes coactivos. El miedo que genera cualquier intimidación muestra bien a las claras el concepto de libertad que tienen los intimidadores.
Esta huelga general puede tener un impacto económico con un coste muy concreto. De ser seguida por el 25% de los trabajadores significaría un decrecimiento económico del 0,1% del PIB (unos 1.300 millones de euros), si es el 50% representaría un 0,2% del PIB (unos 2.100 millones de euros), si es el 75%, sería el 0,3% del PIB, unos 3.200 millones de euros. Es decir,la pérdida de entre 30.000 y 70.000 puestos de trabajo, y unos 280 millones de euros menos en la recaudación de la Seguridad Social.
Todas las anteriores huelgas generales han tenido como consecuencia más inmediata y general: la desafiliación sindical y el desprestigio de los sindicatos como institución. Y aquí los sindicatos mayoritarios tiene la mayor parte de responsabilidad por la ausencia total de pedagogía sindical y por la violencia impopular de sus piquetes coercitivos.
Con independencia del éxito o fracaso de la huelga general del 29-S, el sindicalismo imperante ha mostrado su inutilidad en la defensa de los intereses de los trabajadores y su acción sindical es cada vez más perjudicial para los intereses globales del país. Otro sindicalismo, que no sea correa de transmisión de intereses políticos, que sea LIBRE y con Caja de Resistencia y Solidaridad, y en el que sea factible decidir desde la base, ha de ser posible en este siglo XXI.
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