En los actuales momentos de crisis generalizada y a pesar de sus titubeos, se ha de agradecer a la Iglesia el valor de ponderar públicamente el sacrificio de los Mártires beatificados al "reconocer públicamente como parte de la Iglesia a sus mártires, no sólo es un signo de patriotismo venido de lo humano sino que es una obligación profunda, sagrada, de lo que ella debe a su Señor y de lo que se debe a sí misma como instrumento del Evangelio".
Se habló de la sangre derramada por Cristo como la “de la reconciliación” y la de la paz amenazada por los peligros de la política internacional, por nuestros egoísmos y nuestras visiones que no tienen sentido. Remarcó que “Esa paz se recompone siempre y se reconduce cuando se lleva al corazón del hombre", a través de unos mártires que han quedado inscritos en "la historia del siglo XX, la historia de España, la historia de Europa, la historia del mundo".
El proceso de beatificación
Sin duda, el largo proceso que lleva a una beatificación no ha sido entendido por los ciudadanos de la misma forma. Quizás, por desconocimiento de que en una beatificación o en una canonización, a cada causa se le incoa un expediente, al que le sigue un pausado trabajo de investigación, de audiencia de testigos, de alegaciones y de acción del promotor iustitiae.
La denominación de promotor iustitiae, data de 1983 cuando el papa Juan Pablo II abolió el oficio de procurador fiscal, establecido en 1587 y conocido como advocatus diaboli o promotor Fidei. Una modificación que permitiría aumentar el número de canonizados y beatificados respecto a los anteriores procesos realizados en el siglo XX.
Un abogado del diablo que, habitualmente, era un clérigo doctorado en derecho canónico, con la función de objetar la documentación aportada, exigir pruebas o descubrir errores en los méritos del presunto candidato a beato o santo, sin importarle que éste fuera religioso o laico. Una oposición a las virtudes del candidato que escudriñaba su autenticidad antes de que fuera propuesto como modelo imitable por el pueblo católico.
Sin embargo, la hondura de este proceso no es comprendida por aquellos católicos, obsesionados por mostrarse ante la sociedad como políticamente correctos hasta devenir en cómplices del pensamiento único dominante. Seducidos y arrastrados por objetivos políticos concretos que tratan de ocupar, en ese marco de corrección, el espacio propio de la religión tras postular a la ingeniería social como la nueva fe sobre la que edificar su nuevo orden temporal.
En esa condición temporal, y muy a su pesar, los mártires no fueron seres ajenos a los avatares históricos que tuvieron que protagonizar con sus banderas y con su testimonio provisto de raíces y lealtades que, ahora, otros azuzan para proscribir a ultranza. Un juego de proscripciones al que contribuyen sectores eclesiales -nacionalistas e izquierdistas- propensos a burdas manipulaciones tendentes a otorgar a las víctimas la categoría de verdugos.
Evidentemente, en una guerra hay bandos que cometen atrocidades y tropelías de todo tipo, pero en esta beatificación quedaba claro en qué bando radicaron tales desmanes. Algo que los pensadores correctos y únicos no están dispuestos a admitir, bien al contrario continúan tergiversando los hechos en su permanente manipulación de la historia.
Un poco de historia no estará de más
En el momento de su martirio, las victimas católicas perdonaron a unos verdugos que, sin duda, militaban en organizaciones concretas. ¿Debería alcanzar ese perdón a las organizaciones que organizaron la persecución del catolicismo, dictaron sus propias instrucciones represivas y concretaron los métodos de ejecución para sus actos criminales?
En el orden del día de estas organizaciones se inscribía el conjunto de atrocidades cometidas contra los católicos, que comportó toda suerte de asaltos a viviendas, saqueos, robos, crímenes, secuestros, torturas, mutilaciones, asesinatos, fusilamientos, asaltos a pueblos enteros, e, incluso, a propiedades colectivizadas en esa suerte de lucha particular que tenían los revolucionarios entre sí. No mencionarlo sería faltar a la verdad.
En general, se produjeron asaltos y quemas a Iglesias, Conventos y Asilos, como el de San José donde asesinaron a enfermos epilépticos asilados; detenciones y asesinatos, como los de las personas que figuraban en las listas de peregrinos que alguna vez habían acudido al Monasterio de Montserrat; sacrilegios y profanaciones, destrucciones y saqueos; incautaciones de edificios, iglesias y conventos que fueron destinados a checas, cárceles, casas de vicio, cuadras, bodegas, tabernas, garajes, almacenes, cinematógrafos; o a dar mítines como el de la marxista Margarita Nelken en un templo de la Orden de Religiosos Capuchinos en Madrid.
Desde el primer momento, diarios como Combat, UHP y otros que publicitaban la revolución lanzaron la consigna de ”creació d’associacions contra Déu en les escoles”, con lo que dejaban claro una parte sustancial del espectro de su acción: la persecución religiosa y a favor de la causa atea.
Edificio de la Prisión de Lérida donde el Comité Local campeó a sus anchas
En el marco de esa persecución religiosa hubo personas que se convirtieron en mártires por llevar personalmente, o encontrárseles en casa, un crucifijo, una cadena con una medalla, estampas religiosas, una imagen de un Sagrado Corazón en sus casas o haber pertenecido a la Adoración Nocturna, a la Congregación Mariana u otras asociaciones católicas. Jóvenes que transportaban las sagradas formas para que se pudieran celebrar misas clandestinas, incluso en las mismas cárceles, y que al ser descubiertos eran asesinados in situ.
Un especial interés tuvieron los Comités por las capillitas u hornacinas –urnas que contenían la imagen de una Virgen o de un Santo protegida por un cristal-, que circulaban por los hogares según un orden preestablecido, para unir en la oración y en la piedad a las familias devotas. Junto a ellas, a veces figuraban un libro de oraciones y una hucha para depositar limosnas. También, por las acciones destructoras de las imágenes de las hornacinas colocadas en las fachadas de las casas en agradecimiento a alguna gracia recibida por la familia o por pura devoción.
No podemos olvidar aquellos pregones, como los de Flix, en los que se instaba a los católicos a entregar todas las imágenes, crucifijos, medallas y objetos religiosos que tuvieran en sus casas y que los arrojaran a las piras crematorias en la plaza de la población para ser incineradas. En caso de negativa por parte de los católicos reconocidos de la población, el Comité acudía, casa por casa, para hacer ejecutar la orden, obligando a las niñas y niños de las familias visitadas a llevarlas por la vía pública, recibiendo durante el trayecto insultos, golpes y estirones de cabellos, para asegurarse que, con ese terror ejercido, las criaturas acabarían arrojándolas a la pira.
Convendría recordar que en la zona republicana de la provincia de Tarragona se abrieron fosas comunes en los cementerios de Tarragona, Torredembarra, Reus, Valls, Tortosa y otras muchas localidades.
Sin olvidar que, bajo amenaza, los Comités encomendaban al servicio de correos, en los pueblos y ciudades, la inspección y censura de todas las cartas para, a tenor del contenido de las mismas, denunciar a los desafectos del bando rojo, y muy especialmente todas aquellas cartas que llegaban del frente de combate. Un control del correo que produjo muchos represaliados y asesinados entre sus destinatarios y entre los remitentes y los soldados que escribían las cartas.
No quiero olvidar a aquellas personas, mujeres y hombres, que encarcelados se les exigía apostatar de su fe para poder salvar sus vidas. Ni a los recluidos en las tristemente famosas checas. Ni aquellos católicos que eran tiroteados a discreción en pueblos y ciudades, y cuyos cadáveres solían aparecer con tiros por la espalda y mutilados. Ni a los combatientes hechos prisioneros y torturados para que renunciaran a su fe y que, tras mantenerse en ella, eran irremisiblemente asesinados.
Diversas personas leen las listas de condenados por el Tribunal Popular de Lérida
Una acción ejecutora de los grupos de milicianos con un elemento común: el disparo en la pierna para inmovilizar a sus víctimas, tras el cual se procedía a fracturas y mutilaciones de todo tipo, amputaciones en vivo, extracciones de órganos y a desfigurar a la víctima con tiros al cráneo. En algunos casos rociaban los cuerpos con gasolina y les prendían fuego.
¿Quién puede negar que, desde el 20 de julio de 1936, en una parte de España se produjeran matanzas colectivas indiscriminadas sin ningún tipo de juicio, y con una especial ferocidad en la Cataluña republicana?
El gobierno de la Generalitat, formado por ERC, CNT, FAI, PSUC, UGT y POUM, creó un clima de violencia incontrolada que dejó sin poder a las propias instituciones revolucionarias. Un ambiente que M. Vovelle describe en La Mentalidad Revolucionaria como violencia espontánea y violencia organizada que actuaría como “cirugía social”, como instrumento de cambio. Un estado en descomposición que desembocaría en la lucha entre los partidarios institucionales de un modelo de revolución y los de dinámicas más espontáneas que, en algunos lugares, llegarían a enfrentarse entre sí el 24 y 25 de agosto de 1936.
A mediados de agosto se estableció en la ciudad de Lérida una checa anarquista que aglutinó a los elementos más extremistas, principalmente de Esquerra Republicana de Catalunya. A instancias de la Generalitat y para evitar roces con los chequistas, y no soliviantarlos, se retiró la compañía de Mossos d’Esquadra; pero, mantuvieron como paer en cap (Alcalde de la ciudad de Lérida), a Joan Rovira Roure, el único miembro de la Lliga Regionalista que utilizó Companys para sus fines y que sería asesinado el 27 de agosto de 1936, sin que los emisarios de Lluís Companys detuvieran su fusilamiento en el paredón del cementerio y su posterior entierro en la fosa común. Tras un juicio sumarísimo, en el que no se le permitió hablar, fue condenado a muerte por haber organizado la cabalgata de Reyes la noche del 5 de enero de 1936, a pesar de estar prohibida por la República. Para el Comité de Lérida, cualquier celebración de ceremonias religiosas estaba penada con la muerte. El paer en cap de Lérida era padre de Juan Rovira Tarazona, que llegaría a ministro de sanidad y sería el autor de la reforma sanitaria y de la Ley de Donación de Órganos del gobierno de UCD en la transición española.
La obsesión de los chequistas fue acabar con todos los sacerdotes de la provincia de Lérida y de la diócesis de Barbastro que podían ser fusilados en el acto por ser “enemigos del pueblo”. El 20 de agosto, el comité popular de Lérida exigió la entrega de 72 sacerdotes presos, que fueron conducidos al cementerio, fusilados y enterrados en una fosa común. Para legalizar los asesinatos se establecieron los Tribunales Populares, donde si al reo se le acreditaba su condición sacerdotal, la de ser católico o carlista, la condena era de muerte. Cuando el 25 de agosto, la columna de Durruti llegó a Lérida en su camino hacia el frente de Aragón, el grupo de exaltados que le acompañaban, Los Aguiluchos, prendieron fuego a la catedral nueva. Posteriormente, se dirigieron a la prisión para exigir la entrega de 20 curas bajo amenaza de quemar la prisión con todos los presos dentro. Tenían que ser “20” porque lo ponía en el papel que llevaban. Pero, tras la saca del día 20 de agosto, solamente quedaban siete sacerdotes presos, por lo que Los Aguiluchos exigieron 13 presos que fueran católicos. Mas como uno de ellos era el Alcalde y tenía inmunidad parlamentaria al ser diputado al Parlament, y no lo podían fusilar, exigieron la entrega de otro católico más. Al final, el comité ilerdense les entregaría 21 presos para saciar su revolucionaria sed de sangre, a los que llevarían a la explanada del Campo de Marte, donde serían fusilados.
Antes de la guerra, el presidente Companys había negociado el apoyo electoral de la CNT a ERC a cambio de la entrega de armas al anarcosindicalismo. Tras el 19 de julio, con los anarquistas de CNT y FAI dueños de Barcelona, Companys puso el cargo de president a su disposición y a fin de contentarlos, el 21 de julio de 1936, les crearía el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña (CCMA). Este Comité funcionaría como entidad administrativa de la Generalidad y se instalaría en el edificio de la Escuela de Naútica de la Plaza de Palacio de Barcelona, conformando un gobierno en la sombra ante el derrumbe del Estado en Cataluña. Bajo dominio anarquista, en el Comité estarían representadas las fuerzas del Frente Popular descritas en el párrafo anterior.
En la lucha por la hegemonía dentro del nacionalismo catalán, Companys respaldó legalmente a los milicianos con la promulgación del decreto de 23 de julio de 1936, que decía: “La rebelión fascista ha sido vencida por el heroísmo popular y el de las fuerzas locales. Precisa, pues, acabar de aniquilar en toda Cataluña los últimos núcleos fascistas existentes y prevenirse contra los posibles peligros de fuera. Por tanto a propuesta de la presidencia, y de acuerdo con el Consejo Ejecutivo, decreto lo siguiente: 1º Se crean las milicias ciudadanas para la defensa de la República y la lucha contra el fascismo y la reacción … 2º En toda Cataluña se constituirán los Comités locales de defensa que deberán obrar de acuerdo con el Comité Central”.
Nacían así las taifas del terror en Cataluña y la atomización del poder resultó evidente. Durante sus dos meses de vida, el CCMA estuvo dominado por la fuerte personalidad del anarquista Juan García Oliver que, inmediatamente, organizó un Ejército, creó Escuelas de guerra, la Sanidad militar, el abastecimiento, transporte, industrias de guerra, dirección de operaciones y envío de las primeras expediciones de milicianos al frente de Aragón. Su autoridad alcanzaba hasta las afueras de Barcelona y, en cada localidad, los comités revolucionarios locales ejercían el poder al tiempo que existían Juntas de poder territorial en Cataluña. En Reus, el anarquismo dirigía el gobierno local del Frente Popular. En Lérida, la Junta estaba bajo el poder del POUM sin ninguna participación de los partidos republicanos y sin ningún vínculo con el gobierno de la Generalitat.
Dependientes del Comité de Investigación del Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA), las patrullas de control actuaron como policía revolucionaria entre el 21 de julio y finales de agosto de 1936. Casi mil quinientos patrulleros ejercieron su particular dictadura en la ciudad condal, dirigidos por Aurelio Fernández (FAI) y Salvador González (PSUC).
La componenda de ERC con los comunistas del PSUC en la operación desembarco en Mallorca, puso de manifiesto la incapacidad del CCMA para enterarse de las operaciones militares de sus socios y para organizarse evitando duplicidades que les hiciera ganar en eficacia. A mediados de agosto, los comités superiores de la CNT vieron la necesidad de suprimir el funcionamiento del CCMA para apuntalar al gobierno de la Generalitat. Anunciada el 27 de septiembre, la autodisolución, ésta se produjo el 1 de octubre de 1936 con la integración en el gobierno de algunos representantes del CCMA.
Las primeras semanas de ejecuciones y de brutal represión obligaron a Companys a protestar ante el Comité Central, controlado por los anarquistas Garcia Oliver y Peiró. A la Oficina Judicial disuelta le sucederían los temibles Tribunales Populares. La Generalitat se había visto sobrepasada de tal forma que, incluso Lluís Companys y el dirigente de ERC, Jaume Miratvilles, estimaron que la acción de comités y milicias durante 1936 había producido unos 8.000 asesinatos en Cataluña. La relación de Companys con el anarquismo finalizaría en abril de 1937, a consecuencia de los secuestros y asesinatos entre miembros de las organizaciones obreras enfrentadas entre sí, que concluirían con el asesinato el 25 de abril de Roldán Cortada, líder del PSUC. Con el beneplácito y consentimiento de Companys, los comunistas asaltarían los edificios emblemáticos del anarquismo en Barcelona, lo que provocaría el levantamiento armado de CNT y POUM el 3 de mayo de 1937 y la posterior represión comunista que concluiría con 500 asesinatos más. Atemperados un poco los ánimos en 1937 y 1938, la represión se dispararía en 1939 con más de 2.300 ejecuciones.
La Paeria transformada en sede del Tribunal Popular de Lérida, uno de los más sangrientos de los que se implantaron en Cataluña
Acciones criminales que, en pocos meses, desprestigiaron internacionalmente a la República que decían defender. A la fase de terror de los Comités le sucedería la de los Tribunales Populares, integrados por vocales de CNT, UGT, Unió de Rabassaires, FAI, PSUC, POUM, ERC y Acció Catalana Republicana.
Pero, para las familias no todo acabaría con el asesinato de parte de sus miembros, y sigo con el ejemplo de Lérida. Con las tropas nacionales a diez kilómetros de Lérida, en la otra orilla del Segre, el 20 de febrero de 1937, milicianos fuertemente armados se pasaron casa por casa de los asesinados para comunicarles que los niños debían estar preparados para partir en tren hacia Rusia. Las familias recurrieron a toda clase de acciones para evitar el robo de los niños huérfanos, teniendo como tenían la liberación a escasa distancia. A muchas de las familias se les había desalojado de sus casas, que fueron ocupadas por las milicias, y habían sido “alojadas” en habitaciones semiderruidas.
Para evitar males mayores, las familias tuvieron que establecer sus propias contraseñas si alguno de sus miembros estaba escondido. En muchos casos, consiguieron salvar su vida gracias a miembros de la Guardia Civil que les ayudaban a cruzar las líneas, y gracias a los clandestinos Socorro Blanco y Socorro Azul que establecieron redes de ayuda alimenticia y de paso de fronteras. Unas pocas decenas de kilómetros suponía noches de campo a través para salvar la multitud de controles del Comité, que conforme iban perdiendo la guerra su ferocidad adquiriría mayor plenitud, si cabía aún más. Sin comida, congelados y al borde del colapso algunos consiguieron atravesar las líneas. Otros fueron fusilados en su intento de atravesar las líneas.
Para todos ellos, sirvan estas líneas como recuerdo y gratitud a su valor. Con una especial mención a mi abuelo Humberto Bahillo Rojo, que sufrió mutilación antes de ser asesinado el día 5 de agosto de 1936, el día de la festividad de la Virgen Blanca, dejando viuda y siete hijos. Hijos que acabarían encarcelados en la prisión de Lérida. Mi abuelo fue reconfortado espiritualmente por el Obispo de Lérida, Salvio Huix Miralpeix, que solicitó ser el último en morir para poder auxiliar a sus compañeros de martirio, siendo castrado el prelado antes de ser fusilado. Sirvan estas líneas como plegaria a los mártires para que intercedan por España ante el Señor y para que nunca más se vuelvan a producir hechos de este signo.
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