Cuestiones Sindicales
La política del PP en materia social, económica y laboral desembocó en la reforma del desempleo aprobada por el Gobierno. Una política caracterizada por la precariedad, inestabilidad e inseguridad laboral, deterioro de las condiciones de trabajo y de los derechos de los trabajadores, aumento de la siniestralidad...
La huelga general fue una manifestación contra todo eso y para reclamar un cambio en la actitud del gobierno y, también, en la de los cada vez más "profesionalizados" dirigentes sindicales. Actitudes que conformaban un diálogo social, benéfico para las empresas y organizaciones patronales, pero perjudicial para el conjunto de la clase trabajadora, máxime cuando el gobierno e instituciones perdieron hace tiempo su condición arbitral. la protesta laboral pretendía, además, un nuevo clima de diálogo social, radicalmente diferente al existente hasta ese momento, que reequilibrase en justicia a la parte más débil de la relación laboral: las trabajadoras y los trabajadores.
Un gobierno, y unos partidos políticos, ahora el PP y antes el PSOE, que nos vienen imponiendo un modelo socio económico y laboral que divide al mundo del trabajo y lo somete a unas organizaciones sindicales, que insisten en una hegemonía a dos bandas que excluye al resto de los trabajadores, sindicados o no. Un modelo sindical que ha mostrado su fracaso al guiarse por estrategias orientadas a defender los propios intereses de los sindicatos antes que los de la mayoría de la clase trabajadora.
Si bien el gobierno, obligado por las encuestas de intención de voto, para recuperar el diálogo social, ha aparcado su reforma, pero sin retirar el Real Decreto de reforma del desempleo, a través de enmiendas parlamentarias de PP y CiU que, de momento, restituyen el salario de tramitación, si bien la empresa que admita la improcedencia del despido e indemnice en 48 horas no abonará salario de tramitación, y mantienen la tutela judicial del despido. Se restituye el derecho a vacaciones no disfrutadas. Pero, el gobierno no acepta la recuperación del subsidio agrario(PER) y la CEOE no está dispuesta a "pagar los costes derivados de la lentitud de la justicia".
Los partidos políticos del sistema han utilizado la "marcha atrás" del Ejecutivo como un arma arrojadiza. Aznar culpa nuevamente a los sindicatos de impedir un acuerdo que evitara la huelga general del 20-J y les acusa de "las posiciones maximalistas que los sindicatos mantuvieron en mayo, y que consistían en decir que no había que negociar nada". Aznar dice que la posición de los sindicatos ha cambiado y que eso permite un punto de encuentro y se congratula de recuperar el diálogo social ante las incertidumbres económicas que existen. Para Rodrigo Rato, el Gobierno no ha hecho concesiones a los sindicatos, sino que ha aceptado sus aportaciones para reducir la situación, una flexibilidad para "no desnaturalizar el proyecto ni apartamos del criterio y la filosofía de la reforma", mientras el PSOE "se ha quedado descolocado".
Para CiU, han sido 21 de sus 28 enmiendas parlamentarias las que han permitido reformar el "decretazo" a favor de los desempleados y mejorar la protección de los fijos discontinuos, discapacitados y autónomos, así como la redefinición del concepto "oferta adecuada de empleo" y la extensión a cien días al trabajador para la búsqueda de empleo sin sanciones, y que siga siendo compatible cobrar el subsidio con la indemnización por despido. Para Artur Mas, la inflexibilidad del Gobierno provocó el enfrentamiento con sindicatos y partidos dando lugar a la Huelga General.
La política laboral del Ejecutivo ha sido derrotada -para IU, que seguirá presionando para conseguir el restablecimiento del subsidio agrario (PER). Una desaparición, la del PER que es defendida por Jordi Pujol, si bien la Junta de Andalucía responde que otras zonas acaparan fondos destinados a la reconversión industrial sin que nadie ponga el grito en el cielo.
Con la aparente modificación del "decretazo" por el Gobierno, algunos jueces retirarán los recursos por las contradicciones observadas por la desaparición de los salarios de tramitación y el PSOE se propone retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la reforma del desempleo si las causas que los motivaron cambian o desaparecen.
Del éxito de la huelga general da cuenta el hecho de que el Gobierno destinará 114 millones de euros más al presupuesto del INEM del 2003 para repartir entre las autonomías con competencias en materia de empleo.
Pero este es un modelo sindical, caracterizado por el descrédito y la incredibilidad, que empieza a ser cuestionado por el conjunto de la clase trabajadora y que se muestra incapaz de afrontar los retos más inmediatos de ésta, como es el progresivo deterioro de las condiciones de trabajo y de los derechos laborales, la reforma de la negociación colectiva ante el permanente chantaje de la moderación salarial, la siniestralidad y mortandad laboral, la permanente campana de debilitación y desprestigio de servicios públicos como educación o sanidad en beneficio de las ideas privatizadoras, la paulatina reducción del sistema público de protección social que es constantemente cuestionado desde el poder, la defensa de la Solidaridad Social o la humanización de la globalización.
El futuro del Movimiento Obrero exige un profundo debate en la base para, desde la pluralidad y diversidad, reflexionar sobre la capacidad de iniciativa de las trabajadoras y los trabajadores, sobre la importancia y la necesidad de la afiliación sindical, sobre el papel de las organizaciones sindicales, sobre las componendas de sus "estados mayores" con las patronales y con los gobiernos, sobre la transparencia y autonomía económica de los sindicatos como garantía de su independencia y sobre los planteamientos de unidad en la acción sindical.
El escándalo de la formación ocupacional
Un nuevo escándalo ha afectado al mundo laboral por la picaresca desmesurada de miembros de la Fundación para la Formación Continua. El FORCEM es un organismo gestionado por el Ministerio del Trabajo, las patronales CEOE y CEPIME Y los sindicatos CCOO y UGT. Creado en 1992 para impulsar la formación continua de los trabajadores en activo, con el objetivo de facilitar la adecuación de sus conocimientos al mercado laboral, cuenta con un presupuesto, que supera los 1.200 millones de euros. Su financiación corre a cargo de los Fondos Europeos y de la cuota que pagan las empresas para la formación continua de sus trabajadores. Los trabajadores cotizan por este concepto el 0,1% de su nómina. Las subvenciones para impartir estos cursos se conceden directamente y después se justifican.
Un elevado número de estos cursos de formación subvencionados, según el informe sobre el trienio 1996-1998 del Tribunal de Cuentas, muestran graves irregularidades en la concesión y realización de los mismos. Tras auditar los fondos gestionados por el INEM, el informe fue presentado en la segunda quincena de Octubre. La primera denuncia del Tribunal de Cuentas nos remite a 1993. Los fondos gestionados por Comunidades Autónomas no están auditados por este Tribunal. En Cataluña, por ejemplo, academias vinculadas a Unió Democrática de Catalunya se hallan sometidas a investigación judicial por el posible uso fraudulento de los fondos ocupacionales del Departamento de Trabajo.
Para el Tribunal, el sistema actual permite que el beneficiario prepare planes de formación para obtener ayudas y que cambie éstos después de cobrarlos, por lo que el número de cursos se reduce en un 34% y el de horas y participantes en un 42%. Al permitir cursos individualizados, el Tribunal apunta el riesgo que "estos se utilicen para favorecer a personas con elevado grado de influencia en la entidad que presenta el plan". Cursillos de música en CASA, estudios de doctorado, licenciatura, diplomatura en diversas entidades, o el título nacional de entrenador de fútbol en HUNOSA.
El informe detecta diversas irregularidades: cumplimentación falsa de los requisitos exigidos para el acceso a la formación continuada, inclusión como beneficiarios a alumnos que no asistieron, invención del número de afiliación a la seguridad del 22% de los alumnos (59.552 alumnos de 587 planes de formación), falsificación de las firmas de los alumnos en las listas de asistencia, descontrol de las empresas beneficiarias en cuanto a su existencia real, a sus plantillas de trabajadores y al coste de los cursos que nunca se impartieron, uso de una misma factura para justificar diferentes ayudas, uso de subcontrataciones que aumentan los costes de los cursos o el cobro a los alumnos en cursos que por ley son gratuitos, no reintegración de los fondos asignados en planes que son rechazados expresa o tácitamente por sus beneficiarios. En resumen, empresas y sindicatos sólo habían realizado un tercio de los cursos suscritos, pero habían cobrado el 90% de las cantidades solicitadas para su financiación. Empresas y sindicatos no realizan el 63% de los cursos de formación por los que reciben subvención.
Ante la presunción de fraude, la Audiencia nacional investiga este asunto por el que catorce organizaciones empresariales y sindicales deberán devolver, por el momento, 2.106 millones de euros. Tres días después del Informe del Tribunal de Cuentas, el INEM denunciaba que, en 2001, más de 36.000 empresas inexistentes recibieron subvenciones públicas de la Unión Europea para realizar cursos del FORCEM por valor de unos 100 millones de euros.
Para patronales y sindicatos implicados, "las cantidades son mínimas en comparación con la totalidad de los fondos gestionados". Consideran además que no había lugar a denuncia alguna puesto que "el hecho" responde a "meras discrepancias administrativas". Y piden al Tribunal de Cuentas que en "sus conclusiones diferencie claramente las discrepancias contables de las actuaciones fraudulentas como presentar alumnos falsos en los cursos o crear empresas fantasmas para impartirlos". Sin embargo, estas organizaciones denunciadas, que suelen ser miembros de los consejos de instituciones como el INEM, aprovechan, por ejemplo, las listas de desempleados para reclutar nombres y completar así las relaciones de asistentes a hipotéticos cursos que nunca se llegarán a impartir en la realidad. El Tribunal de Cuentas, a su vez, solicita al gobierno que cree un registro de subvenciones para que quede constancia de las que otorgan las diferentes administraciones.
Pero, de nuevo, España roza el ridículo ante la Unión Europea por el descontrol sobre los fondos comunitarios, y los trabajadores españoles no comprendemos cómo algunos dirigentes empresariales y sindicales han podido disfrazar esta estafa y este fraude como un servicio a la sociedad.
En diversos artículos, incluso antes de 1992, he repetido un secreto a voces: la Formación Ocupacional era un instrumento preferente en la financiación de organizaciones sindicales y empresariales. Y si el dinero se va de esta forma, entendemos mucho menos la queja patronal sobre su imposibilidad de crear empleo porque la formación de los trabajadores no responde a las necesidades del mercado.
Si existen irregularidades y éstas son de la envergadura denunciada por el Tribunal de Cuentas, eso quiere decir que existen complicidades que han permitido el abuso continuado de los fondos públicos.
Elecciones sindicales
A partir de octubre de 2002 y hasta finales de 2003, las organizaciones sindicales afrontarán nuevas elecciones sindicales en empresas y centros de trabajo de las Administraciones Públicas, para elegir delegados de personal, comités de empresa o juntas de personal. Levantada la veda electoral, y ante la débil afiliación sindical existente, los sindicatos se acuerdan, ahora, que deben ir a la caza y captura de las trabajadoras y de los trabajadores para completar sus listas electorales. Unos ofrecerán horas sindicales para poder escaquearse del trabajo, otros garantías de que los representantes sindicales serán los últimos en ser despedidos y un largo etcétera. Y esto que he antedicho, no es ninguna broma, son escenas cotidianas en múltiples empresas, centros de trabajo y tajos. Aunque nos duela profundamente, estas escenas son una parte de la realidad sindical del país, tan habituales como la manipulación de procesos y actas electorales por parte de organizaciones sindicales que se constituyen, periodo electoral tras periodo electoral, en juez y parte.
El proceso de elecciones sindicales es un mecanismo obligatorio para establecer la interlocución social en empresas y Administración Pública, y ejercer una representatividad laboral ante el Estado, de ahí que iniciado el proceso electoral se sucedan las denuncias de irregularidades.
¿Se producirá en esta ocasión el espectáculo lamentable de la manipulación y del fraude electoral?
(Publicado en El Federal núm. 15 – Noviembre 2002)
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La huelga general fue una manifestación contra todo eso y para reclamar un cambio en la actitud del gobierno y, también, en la de los cada vez más "profesionalizados" dirigentes sindicales. Actitudes que conformaban un diálogo social, benéfico para las empresas y organizaciones patronales, pero perjudicial para el conjunto de la clase trabajadora, máxime cuando el gobierno e instituciones perdieron hace tiempo su condición arbitral. la protesta laboral pretendía, además, un nuevo clima de diálogo social, radicalmente diferente al existente hasta ese momento, que reequilibrase en justicia a la parte más débil de la relación laboral: las trabajadoras y los trabajadores.
Un gobierno, y unos partidos políticos, ahora el PP y antes el PSOE, que nos vienen imponiendo un modelo socio económico y laboral que divide al mundo del trabajo y lo somete a unas organizaciones sindicales, que insisten en una hegemonía a dos bandas que excluye al resto de los trabajadores, sindicados o no. Un modelo sindical que ha mostrado su fracaso al guiarse por estrategias orientadas a defender los propios intereses de los sindicatos antes que los de la mayoría de la clase trabajadora.
Si bien el gobierno, obligado por las encuestas de intención de voto, para recuperar el diálogo social, ha aparcado su reforma, pero sin retirar el Real Decreto de reforma del desempleo, a través de enmiendas parlamentarias de PP y CiU que, de momento, restituyen el salario de tramitación, si bien la empresa que admita la improcedencia del despido e indemnice en 48 horas no abonará salario de tramitación, y mantienen la tutela judicial del despido. Se restituye el derecho a vacaciones no disfrutadas. Pero, el gobierno no acepta la recuperación del subsidio agrario(PER) y la CEOE no está dispuesta a "pagar los costes derivados de la lentitud de la justicia".
Los partidos políticos del sistema han utilizado la "marcha atrás" del Ejecutivo como un arma arrojadiza. Aznar culpa nuevamente a los sindicatos de impedir un acuerdo que evitara la huelga general del 20-J y les acusa de "las posiciones maximalistas que los sindicatos mantuvieron en mayo, y que consistían en decir que no había que negociar nada". Aznar dice que la posición de los sindicatos ha cambiado y que eso permite un punto de encuentro y se congratula de recuperar el diálogo social ante las incertidumbres económicas que existen. Para Rodrigo Rato, el Gobierno no ha hecho concesiones a los sindicatos, sino que ha aceptado sus aportaciones para reducir la situación, una flexibilidad para "no desnaturalizar el proyecto ni apartamos del criterio y la filosofía de la reforma", mientras el PSOE "se ha quedado descolocado".
Para CiU, han sido 21 de sus 28 enmiendas parlamentarias las que han permitido reformar el "decretazo" a favor de los desempleados y mejorar la protección de los fijos discontinuos, discapacitados y autónomos, así como la redefinición del concepto "oferta adecuada de empleo" y la extensión a cien días al trabajador para la búsqueda de empleo sin sanciones, y que siga siendo compatible cobrar el subsidio con la indemnización por despido. Para Artur Mas, la inflexibilidad del Gobierno provocó el enfrentamiento con sindicatos y partidos dando lugar a la Huelga General.
La política laboral del Ejecutivo ha sido derrotada -para IU, que seguirá presionando para conseguir el restablecimiento del subsidio agrario (PER). Una desaparición, la del PER que es defendida por Jordi Pujol, si bien la Junta de Andalucía responde que otras zonas acaparan fondos destinados a la reconversión industrial sin que nadie ponga el grito en el cielo.
Con la aparente modificación del "decretazo" por el Gobierno, algunos jueces retirarán los recursos por las contradicciones observadas por la desaparición de los salarios de tramitación y el PSOE se propone retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la reforma del desempleo si las causas que los motivaron cambian o desaparecen.
Del éxito de la huelga general da cuenta el hecho de que el Gobierno destinará 114 millones de euros más al presupuesto del INEM del 2003 para repartir entre las autonomías con competencias en materia de empleo.
Pero este es un modelo sindical, caracterizado por el descrédito y la incredibilidad, que empieza a ser cuestionado por el conjunto de la clase trabajadora y que se muestra incapaz de afrontar los retos más inmediatos de ésta, como es el progresivo deterioro de las condiciones de trabajo y de los derechos laborales, la reforma de la negociación colectiva ante el permanente chantaje de la moderación salarial, la siniestralidad y mortandad laboral, la permanente campana de debilitación y desprestigio de servicios públicos como educación o sanidad en beneficio de las ideas privatizadoras, la paulatina reducción del sistema público de protección social que es constantemente cuestionado desde el poder, la defensa de la Solidaridad Social o la humanización de la globalización.
El futuro del Movimiento Obrero exige un profundo debate en la base para, desde la pluralidad y diversidad, reflexionar sobre la capacidad de iniciativa de las trabajadoras y los trabajadores, sobre la importancia y la necesidad de la afiliación sindical, sobre el papel de las organizaciones sindicales, sobre las componendas de sus "estados mayores" con las patronales y con los gobiernos, sobre la transparencia y autonomía económica de los sindicatos como garantía de su independencia y sobre los planteamientos de unidad en la acción sindical.
El escándalo de la formación ocupacional
Un nuevo escándalo ha afectado al mundo laboral por la picaresca desmesurada de miembros de la Fundación para la Formación Continua. El FORCEM es un organismo gestionado por el Ministerio del Trabajo, las patronales CEOE y CEPIME Y los sindicatos CCOO y UGT. Creado en 1992 para impulsar la formación continua de los trabajadores en activo, con el objetivo de facilitar la adecuación de sus conocimientos al mercado laboral, cuenta con un presupuesto, que supera los 1.200 millones de euros. Su financiación corre a cargo de los Fondos Europeos y de la cuota que pagan las empresas para la formación continua de sus trabajadores. Los trabajadores cotizan por este concepto el 0,1% de su nómina. Las subvenciones para impartir estos cursos se conceden directamente y después se justifican.
Un elevado número de estos cursos de formación subvencionados, según el informe sobre el trienio 1996-1998 del Tribunal de Cuentas, muestran graves irregularidades en la concesión y realización de los mismos. Tras auditar los fondos gestionados por el INEM, el informe fue presentado en la segunda quincena de Octubre. La primera denuncia del Tribunal de Cuentas nos remite a 1993. Los fondos gestionados por Comunidades Autónomas no están auditados por este Tribunal. En Cataluña, por ejemplo, academias vinculadas a Unió Democrática de Catalunya se hallan sometidas a investigación judicial por el posible uso fraudulento de los fondos ocupacionales del Departamento de Trabajo.
Para el Tribunal, el sistema actual permite que el beneficiario prepare planes de formación para obtener ayudas y que cambie éstos después de cobrarlos, por lo que el número de cursos se reduce en un 34% y el de horas y participantes en un 42%. Al permitir cursos individualizados, el Tribunal apunta el riesgo que "estos se utilicen para favorecer a personas con elevado grado de influencia en la entidad que presenta el plan". Cursillos de música en CASA, estudios de doctorado, licenciatura, diplomatura en diversas entidades, o el título nacional de entrenador de fútbol en HUNOSA.
El informe detecta diversas irregularidades: cumplimentación falsa de los requisitos exigidos para el acceso a la formación continuada, inclusión como beneficiarios a alumnos que no asistieron, invención del número de afiliación a la seguridad del 22% de los alumnos (59.552 alumnos de 587 planes de formación), falsificación de las firmas de los alumnos en las listas de asistencia, descontrol de las empresas beneficiarias en cuanto a su existencia real, a sus plantillas de trabajadores y al coste de los cursos que nunca se impartieron, uso de una misma factura para justificar diferentes ayudas, uso de subcontrataciones que aumentan los costes de los cursos o el cobro a los alumnos en cursos que por ley son gratuitos, no reintegración de los fondos asignados en planes que son rechazados expresa o tácitamente por sus beneficiarios. En resumen, empresas y sindicatos sólo habían realizado un tercio de los cursos suscritos, pero habían cobrado el 90% de las cantidades solicitadas para su financiación. Empresas y sindicatos no realizan el 63% de los cursos de formación por los que reciben subvención.
Ante la presunción de fraude, la Audiencia nacional investiga este asunto por el que catorce organizaciones empresariales y sindicales deberán devolver, por el momento, 2.106 millones de euros. Tres días después del Informe del Tribunal de Cuentas, el INEM denunciaba que, en 2001, más de 36.000 empresas inexistentes recibieron subvenciones públicas de la Unión Europea para realizar cursos del FORCEM por valor de unos 100 millones de euros.
Para patronales y sindicatos implicados, "las cantidades son mínimas en comparación con la totalidad de los fondos gestionados". Consideran además que no había lugar a denuncia alguna puesto que "el hecho" responde a "meras discrepancias administrativas". Y piden al Tribunal de Cuentas que en "sus conclusiones diferencie claramente las discrepancias contables de las actuaciones fraudulentas como presentar alumnos falsos en los cursos o crear empresas fantasmas para impartirlos". Sin embargo, estas organizaciones denunciadas, que suelen ser miembros de los consejos de instituciones como el INEM, aprovechan, por ejemplo, las listas de desempleados para reclutar nombres y completar así las relaciones de asistentes a hipotéticos cursos que nunca se llegarán a impartir en la realidad. El Tribunal de Cuentas, a su vez, solicita al gobierno que cree un registro de subvenciones para que quede constancia de las que otorgan las diferentes administraciones.
Pero, de nuevo, España roza el ridículo ante la Unión Europea por el descontrol sobre los fondos comunitarios, y los trabajadores españoles no comprendemos cómo algunos dirigentes empresariales y sindicales han podido disfrazar esta estafa y este fraude como un servicio a la sociedad.
En diversos artículos, incluso antes de 1992, he repetido un secreto a voces: la Formación Ocupacional era un instrumento preferente en la financiación de organizaciones sindicales y empresariales. Y si el dinero se va de esta forma, entendemos mucho menos la queja patronal sobre su imposibilidad de crear empleo porque la formación de los trabajadores no responde a las necesidades del mercado.
Si existen irregularidades y éstas son de la envergadura denunciada por el Tribunal de Cuentas, eso quiere decir que existen complicidades que han permitido el abuso continuado de los fondos públicos.
Elecciones sindicales
A partir de octubre de 2002 y hasta finales de 2003, las organizaciones sindicales afrontarán nuevas elecciones sindicales en empresas y centros de trabajo de las Administraciones Públicas, para elegir delegados de personal, comités de empresa o juntas de personal. Levantada la veda electoral, y ante la débil afiliación sindical existente, los sindicatos se acuerdan, ahora, que deben ir a la caza y captura de las trabajadoras y de los trabajadores para completar sus listas electorales. Unos ofrecerán horas sindicales para poder escaquearse del trabajo, otros garantías de que los representantes sindicales serán los últimos en ser despedidos y un largo etcétera. Y esto que he antedicho, no es ninguna broma, son escenas cotidianas en múltiples empresas, centros de trabajo y tajos. Aunque nos duela profundamente, estas escenas son una parte de la realidad sindical del país, tan habituales como la manipulación de procesos y actas electorales por parte de organizaciones sindicales que se constituyen, periodo electoral tras periodo electoral, en juez y parte.
El proceso de elecciones sindicales es un mecanismo obligatorio para establecer la interlocución social en empresas y Administración Pública, y ejercer una representatividad laboral ante el Estado, de ahí que iniciado el proceso electoral se sucedan las denuncias de irregularidades.
¿Se producirá en esta ocasión el espectáculo lamentable de la manipulación y del fraude electoral?
(Publicado en El Federal núm. 15 – Noviembre 2002)
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