Voladura controlada del ICS. (I) Fundamentos desamortizadores

La gestión ideológica implantada por el primer pujolismo se ha ido arrastrando por los sucesivos gobiernos de la Generalidad hasta alcanzar parámetros de autentica locura. En esta se está en la Cataluña de febrero de 2012, y, muy especialmente, en la tarde del día 23 en la que el Consejo de Administración del Instituto Catalán de la Salud aprobó la inmolación de esta institución en beneficio de los intereses estratégicos de los grupos de presión catalanes.

Sede del ICS en Barcelona, en la confluencia de Balmes con Gran Vía, lugar emblemático donde su Consejo de Administración decidió fragmentarlo

La excusa expresada por el govern d’Artur Mas era dar cumplimiento a los principios fijados por la Ley 8/2007, de 30 de julio, del Instituto Catalán de la Salud, aprobada con el consenso de todos los grupos parlamentarios y desplegada muy parcialmente hasta ese momento.

Se trataba, pues, de desarrollar una ley propuesta por el gobierno tripartito del PSC, de Maragall y de Montilla, de ERC y de ICV. Los mismos que, ahora, de forma farisea se rasgan las vestiduras y usan la calle como protesta porque otros se están encargando de cumplir los designios de sus tiempos de gobierno. En la trastienda de algunas asociaciones de defensa de la Sanidad Pública, esas que hacen campaña en contra de la fragmentación del ICS y de las que protestan a todas horas se encuentran personajes como Marina Geli y toda su cohorte de cínicas y cínicos, de aprovechateguis integrales.

Ese proceso, eufemísticamente llamado de modernización, del Instituto Catalán de la Salud se justifica en base a que "La Ley de modernización del ICS permitirá nuevas soluciones asistenciales y organizativas dirigidas a incrementar el grado de eficiencia del sistema sanitario público de Cataluña e incorporar criterios de gestión empresarial basados en la desburocratización, la flexibilización de la gestión económica y la descentralización de la toma de decisiones de sus centros y servicios".

Los responsables de aquella época determinaron que "La ley del Instituto Catalán de la Salud es una necesidad histórica" y que “El Instituto Catalán de la Salud debe estar perfectamente alineado con el Departamento y el Servicio Catalán de la Salud”.

Ahora, aquellos que dieron apoyo al tripartito y a su ley de modernización del ICS hablan de “golpe de estado sanitario”, ya que dicen “No estamos ante un despliegue de la ley 8/2007, sino de una modificación de los aspectos que más limitaban el propósito de la fragmentación. Unas modificaciones que harán posible que los centros y servicios del ICS adopten una personalidad jurídica diferente del ICS, rompiendo así la unidad jurídica del ente público y, sobre todo, que se haga actividad privada en los centros del ICS”.

Un proveedor de servicios llamado ICS

Con más de 35.000 profesionales, con 8 hospitales y 271 Centros de Salud, el ICS es la principal institución pública de Cataluña que realiza más de 50 millones de actos asistenciales al año y que cuenta con dos grandes divisiones asistenciales: la de Atención Primaria y la Hospitalaria. Esta institución se adscribe al Departamento de Salud y su presupuesto es aprobado anualmente por el Parlamento de Cataluña.

Complejo Hospitalario del Valle Hebrón, en Barcelona, que concentra buena parte de los trabajadores del ICS

Se trata de convertir los centros del ICS en un integrante más de la Red de Hospitales de Utilización Pública (XHUP), “normalizarlos” para establecer la misma relación contractual de este tipo de centros con el CatSalut (Servicio Catalán de la Salud).

La del ICS ha sido una breve historia que se inicia en 1981 con la transferencia de las competencias de Sanidad a Cataluña en lo que respecta a centros y servicios sanitarios y sociales. La Generalidad gestiona las competencias del INSALUD, y en el período de 1981 a 1983 se iniciará la gestión y despliegue del mapa sanitario de Cataluña con la acreditación de centros y con la primera orden de conciertos. Un breve período de tiempo que permitirá a la Generalidad endeudarse hasta los límites insospechados, a no controlar los procesos de Incapacidad Laboral Transitoria “porque eso lo pagan desde Madrid”, a no controlar el gasto farmacéutico “porque la mayoría de los laboratorios están en Cataluña”.

Será en 1983 cuando se crea el ICS como entidad gestora de las prestaciones y los servicios sanitarios de la seguridad social. Establecida la base del modelo, entre 1983 y 1989, se crea la red hospitalaria de utilización pública, se inicia la reforma de la atención primaria, se reordena la atención hospitalaria y se descentraliza la gestión. Entre 1989 y1991, con la creación de la Dirección General de Recursos Económicos de la Seguredad Social (DGRESS), se inicia la separación de la financiación y la provisión. La aprobación de la LOSC en 1991, abrirá hasta el 2005 el proceso que conducirá a la elaboración de la Ley de Modernización del ICS.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, establecía en su art. 1.2 el derecho a la asistencia sanitaria de «todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional», y, en su art. 3.2, añadía que «la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española» y que «el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva».

A partir de la asistencia sanitaria del sistema de seguridad social se avanzaba en la universalización de la cobertura pública, extendiendo progresivamente su ámbito de aplicación. Así, el real decreto 1088/1989, de 8 de septiembre, la extendía a las personas sin recursos económicos suficientes configurándola como una prestación no contributiva. En Cataluña, el Decreto 55/1990, de 5 de marzo, y con el Decreto 178/1991, de 30 de julio, universalizaron la asistencia sanitaria pública. Tras la creación del Servicio Catalán de la Salud, a este ente le quedaría asignado el cometido de proveer la asistencia sanitaria de cobertura pública en Cataluña.

La Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social –modificada por las leyes orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre; 14/2003, de 20 de noviembre, y 2/2009, de 11 de diciembre– establecía, en su art. 12.1, que los extranjeros inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Para los nacionales de estados miembros de la Unión Europea tienen los derechos resultantes del derecho comunitario europeo y los que resulten de aplicación de los tratados y convenios suscritos por el Estado español. Los nacionales de estados no pertenecientes a la Unión Europea que tienen los derechos que les reconozcan las leyes, los tratados y convenios suscritos.

En los apartados siguientes de dicho artículo 12 de la Ley orgánica 4/2000, se añadía que para los extranjeros que se encuentre en el Estado españoles establecen expresamente los siguientes derechos:
• a la asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica, independientemente de que estén inscritos en el padrón,
• a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles para los menores de dieciocho años,
• a la asistencia sanitaria durante el embarazo, el parto y el postparto para las mujeres extranjeras embarazadas.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su art. 3, reafirmaba el principio de universalización de la asistencia sanitaria para todos los españoles y extranjeros en territorio nacional.

Por último, el art. 23 del Estatuto de autonomía de Cataluña establecía que «todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública, en los términos que se establecen por ley». Asimismo, el artículo 37.3 del Estatuto disponía que la regulación esencial y el desarrollo directo de los derechos reconocidos por los capítulos I, II y III del título I, entre los que se incluye el derecho regulado por el artículo 23, debe realizarse por ley del Parlamento.

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Jóvenes de tiempos pretéritos se manifiestan el 19-F

Reflexión Crítica es un informativo de análisis y noticias contra la desamortización de la sociedad española y contra la corrupción de los instalados, no es un medio de adoctrinamiento ni está sometido a determinismo mecanicista alguno, ni a esa mano invisible que mueve el capitalismo que denominan “el mercado” y que, por definición, ha de vagar libremente sin control alguno. Pero, como muestra la teoría económica, cuando la realidad no está de acuerdo con la teoría, la que se va al carajo es la teoría.

Quién los ha visto y quién los ve. No hace ni dos meses que dejaron España quebrada y ahora protestan por las consecuencias de sus acciones. Entonces y ahora su grito de combate es ¡A las mariscadas, a las mariscadas, por el triunfo de la buena digestión!

Hemos recopilado información sobre las 57 manifestaciones desarrolladas a lo largo y ancho de España y el título que lleva esta entrada constituye el nexo de unión en todas ellas. Numerosos jóvenes de los años setenta marcharon con jóvenes de los ochenta y unos pocos de los noventa. Al margen de la edad, otro punto común a todas ellas fue que los organizadores multiplicaron las cifras por cuatro, por diez y hasta por quince, en un intento virtual de hacer salir a la calle a todos sus supuestos afiliados, que cifran en dos millones.

Eso sí, algunos cientos de miles se manifestaron por parroquias, unos bastante mezclados como CCOO y UGT, otros diferenciados y por detrás de éstos como algunos manifestantes de CGT o de CNT, y al margen de todos ellos los 15-M, Democracia Real y Plataformas con las más diversas y variopintas demandas. Y es que siempre ha habido clases, dirán. Y cómo no, no podían faltar las organizaciones políticas que siempre tratan de pescar en río revuelto, y los de la izquierda parlamentaria que dicen NO a todo y, con tal de salir en los medios, se apuntan a un bombardeo para ir en contra, incluso, de los resultados de su propia obra de gobierno.

Si Córdoba abría las protestas a las 10,30 horas, Cádiz le seguía a las 11 horas e Ibiza sería la encargada de cerrarlas a las 18 horas. Tras la pancarta de Madrid, como es habitual, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez. El mediodía acogió la práctica totalidad de las manifestaciones restantes como en Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Tarragona o Toledo, entre otras.

Cabecera de la manifestación de Tarragona y tras ellos 1036 pasos hasta llegar al final de la misma, con una desigual densidad de manifestantes, que los organizadores cifraron en 7.000, la policia local en 3.000 -el alcalde y concejales se manifestaron- y los mossos en 2.000

Se echan al monte llano de las calles, sin atreverse a convocar una huelga general, pero con la propuesta de beber cerveza y tomar pinchos al término de la manifestación. Los fracasos de convocatorias anteriores y los del primero de mayo generan muestras continuas de cinismo, hipocresía y falta de transparencia. Gritan contra los banqueros y ellos cobran cantidades millonarias en esos mismos Consejos de Administración. Chillan contra los despidos sin atender a razón alguna por parte de las empresas y ellos, en los últimos meses, han puesto en la calle a más de quinientos de sus propios trabajadores con 20 días por año y por 12 mensualidades. Y aún les quedan otros 5.200 trabajadores en sus 1.003 sedes, la mayoría de ellas del patrimonio sindical acumulado. Unos dirigentes que cobran más que el presidente del Gobierno, con coche y chófer, que se van de mítines como de cruceros, que frecuentan restaurantes de prestigio o viven en dúplex de protección oficial, aunque tripliquen o cuadrupliquen los límites de ingresos para acceder a este tipo de vivienda. Con enorme capacidad de chantaje para obtener miles, miles y miles de millones del erario público, en su desvergüenza, como personas no ven el “dilema moral” de sus actuaciones y como sindicalistas van a por la nada absoluta. Unos dirigentes que avergüenzan a decenas de miles de afiliados de base, que, a pecho descubierto, dan el callo en las administraciones públicas, en las empresas y en los tajos.

Ni perteneciendo a Confederaciones sindicales europeas y mundiales se enteran que la mayoría de los sindicatos del mundo viven de las cuotas de sus afiliados y de que dedican parte de su acción sindical a salvar las propias empresas, y, por ende, los puestos de trabajo de sus afiliados en ellas.

Una dirigencia acostumbrada a contar millones de euros que no se ha sentido molesta, durante varias legislaturas, al contar millones de parados. En su alegre vivir la vida, estos jerifaltes han conformado sindicatos de vivos; es decir, de los activos laborales, los otros se los traen al pairo, ya sean parados o pensionistas, porque no votan en elecciones sindicales. Si asociaciones de parados se manifiestan contra el desempleo, y si otros se manifiestan contra el pensionazo, ellos están en otras movidas de la progresía, más de la izquierda exquisita, que diría Tom Wolfe. Defensores como dicen ser de todo lo público, no han hecho ascos a miles, miles y miles de millones; pero, han sido incapaces de crear una Caja de Resistencia para sus afiliados, y, mucho menos, de crear comedores sociales para los de situación más desesperada.

Dejan esa labor para Cáritas y para otras instituciones de la Iglesia Católica, a la que luego pondrán a parir. En la encíclica Caritas in veritate, Benedicto XVI reclama que la reforma esté orientada hacia la expansión de un empleo decente. Expresa que los derechos que emanan de un trabajo a la altura del ser humano no pueden estar subordinados a las exigencias económicas. Es la economía la que debe orientarse a las necesidades de las personas y de sus familias; es el ser humano el centro de la actividad económica y laboral. El respeto a la dignidad del trabajo, vinculado a la dignidad de la persona, es y debe ser el criterio central de una economía orientada por “una ética amiga de la persona”. (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 45)

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Contra la Reforma Laboral se avivan las correas de transmisión

Los denominados agentes sociales se han columpiado durante décadas en la cuestión de la reforma laboral. En ese período, las dirigencias de las organizaciones empresariales y de algunas organizaciones sindicales han puesto más énfasis en cubrir puestos en los consejos de administración de empresas públicas y privadas, o en subvencionarse con la formación ocupacional, que en la defensa de los pequeños y medianos empresarios, de los autónomos, de los trabajadores por cuenta ajena, de los discapacitados y de los desempleados. Dos mundos enfrentados, el de unos vivillos dirigentes incapaces de negociar en confrontación con aquellas personas activas y pasivas que están realmente hartas de tanto desmán, de tanto abuso, de tanto cinismo e hipocresía. Las encuestas sobre el mercado de trabajo, aún con su margen de error, hablan bien a las claras de la enorme distancia existente entre la sociedad y los mandamases de los agentes sociales.

En la sede del PSOE, el 13 de febrero, Alfredo Pérez Rubalcaba recibe a Cándido Méndez y a Ignacio Fernández Toxo para ultimar detalles de la movilización del 19 de febrero de 2011. No confían en la vía parlamentaria y sí confían en la movilizacion social para ganar la calle

Sin duda, la publicación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de Febrero de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral ha levantado los ánimos en aquellos sectores que se sienten perjudicados por el contenido de su articulado. No podemos obviar aquí que este Real decreto reforzará la dinámica de movilizaciones establecida desde la misma noche del 20-N por aquellos partidos que pasaron del gobierno a la oposición. Partidos que subvencionaban muy generosamente a sus sindicatos correas de transmisión. Lo que no se dice es que el Real Decreto Ley se tramitará como proyecto para que pueda ser debatido y modificado en las Cortes Generales. Lo podrán conjugar en forma activa, pasiva o perifrástica pero la realidad está ahí. No obstante, cualquiera tiene derecho a engañarse o dejarse engañar, para eso están las ideologías.

Los sindicatos son necesarios, las oligarquías sindicales no lo son en absoluto. Los sindicatos se han de reciclar, autocriticarse y reconocer que no representan a nadie más que a sus afiliados. Hipotéticamente, se habla de que el 15% de los trabajadores están afiliados a algún sindicato; pero, si se contabilizaran tan sólo los cotizantes ese tanto por ciento, ciertamente, caería en picado.

Los sindicatos convocantes califican la reforma laboral de injusta, ineficaz, inútil, incapaz de crear empleo, de agresión a los derechos sociales y laborales. Pretenden que los plenos municipales se pronuncien en contra de la reforma y denuncien sus efectos negativos, y que el domingo la ciudadanía catalana se movilice en las siguientes poblaciones:
- Barcelona: 12 h. Paseo de Gracia - Avenida Diagonal
- Girona: 12 h. Plaza de la Independencia
- Lleida: 12 h. Plaza Ricard Viñes
- Tarragona: 12 h. Estatua "dels Despullats" (Rambla Nova)
- Tortosa: 12 h. Plaza del Carrilet

Valoración sindical de la reforma

En sus primeras valoraciones, los sindicatos se lamentaban que no se hubiera convocado a las organizaciones sindicales y empresariales para negociar los contenidos de la reforma, y que se hubiera instrumentalizado el acuerdo sobre empleo y negociación colectiva de los agentes sociales del 25 de enero.

El centro de estudios de CCOO esquematizaba la reforma de esta manera:
1.- Medidas en relación con la extinción del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
a) La extensión de las causas de despido de carácter económico, aplicable tanto al despido colectivo como al objetivo y la exclusión del control judicial sobre su idoneidad.
b) La supresión de la autorización administrativa para el despido colectivo, y para la suspensión de los contratos o reducción de jornada.
c) La aplicación del despido colectivo y objetivo al Sector Público.
d) La exclusión limitada de las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada al sector público, con excepciones.
2.- Medidas en relación con la extinción de los contratos de trabajo y la suspensión y reducción de jornada.
a) La rebaja de la indemnización por despido improcedente.
b) Supresión de los salarios de tramitación.
c) Fogasa.
d) Absentismo.
e) Desempleo.
f) Contratación indefinida a empresas de hasta 50 trabajadores.
g) Encadenamiento de contratos.
3.- Negociación colectiva.
a) Prioridad del convenio de empresa.
b) Descuelgue salarial y de las demás condiciones de trabajo.
c) Limitación de la ultraactividad de los convenios.
4.- Otras Medidas de flexibilidad interna.
a) La descausalización de la modificación sustancial de condiciones de trabajo.
b) La ampliación de la extinción del contrato ante la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
c) Movilidad funcional y grupos profesionales.
d) Regulación del teletrabajo o trabajo a distancia.
e) Horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial.
5.- Otras medidas: Formación.

Los sindicatos acusaban al Gobierno de abaratar y facilitar el despido con la modificación de sus causas, con la eliminación de la autorización administrativa en los despidos colectivos, con la reducción de las indemnizaciones y del límite de mensualidades, con la facilidad de despedir por absentismo. El juez sólo podrá valorar las causas del despido colectivo, no la gestión empresarial. Dicen que se trata de desincentivar a los asalariados para acudir ante las Salas de lo Social y de que aumentarán los litigios en los despidos colectivos.

Octavilla de los sindicatos convocantes para la manifestación del 19 de febrero en Tarragona

Se le acusaba de crear un nuevo contrato indefinido y de empeorar las condiciones de los contratos de formación y aprendizaje, del de tiempo parcial que permite realizar horas extraordinarias con efectos en cotizaciones y prestaciones sociales.

Afecta la negociación colectiva con el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos a los dos años de terminar su vigencia inicial, con el arbitraje obligatorio que puede inaplicar el convenio, con la individualización de las condiciones laborales de los trabajadores, con la preferencia del convenio de empresa, independientemente del número de sus trabajadores, sobre el convenio sectorial.

Se aumenta el poder discrecional del empresario a través de medidas de flexibilidad interna para corregir la dualidad del mercado de trabajo; para la modificación unilateral de condiciones sustanciales del trabajo como jornada, horario, sistema de rendimiento, movilidad geográfica; para suspender o reducir temporalmente la jornada de trabajo sin autorización administrativa; para el planteamiento de ERE que no será un acto administrativo si no una decisión del empresario.

En la Administración Pública se equiparan las causas de despido de los contratos laborales a las establecidas para las empresas privadas, y se incide en la calidad del servicio público al posibilitar que los puestos con contratos laborales se puedan ocupar por desempleados que perciban prestación por desempleo.

Contempla incentivos fiscales que favorecen la contratación de perceptores por desempleo respecto de quienes hayan agotado las prestaciones y se posibilita el compatibilizar estas prestaciones con el trabajo.

Por la vía del contrato a tiempo parcial y del contrato de aprendizaje desvinculado de la formación se induce a los jóvenes al infraempleo o al desempleo.

Consecuencias de la reforma

Los sindicatos acusan al gobierno de no querer crear empleo y de someterse a las presiones de las instituciones europeas que le presionan para que las condiciones y derechos laborales y sociales de los trabajadores españoles se rebajen para equipararse a las existentes en Europa. Una equiparación en el valor del despido, en los requisitos de indemnización, en el período de prueba, en los contratos temporales consecutivos, en la duración de los contratos temporales, pero que exigirá reducir la alta temporalidad de los trabajadores españoles. Esta reforma, pues, introduce nuevos principios en la hasta ahora proteccionista y garantista legislación laboral española.

Esta reforma cambiará el funcionamiento interno de las empresas, los mecanismos de despido de los trabajadores, la forma en la que éstos accederán a los tribunales y cómo dirimirán los jueces los conflictos laborales.

Esta reforma incidirá notablemente en la capacidad de unos sindicatos, especialmente aquellos que sustentan su estructura de liberados y locales mediante las subvenciones públicas, que han creído que las relaciones de trabajo eran relaciones entre partes iguales, cuando no lo son. Una reforma que causa expectación en Europa, particularmente entre aquellos sindicatos acostumbrados a organizarse y subsistir con las cuotas de sus afiliados.

Esa obsesión de algunos sindicatos por acabar con todos “los reductos del pasado” les ha conducido a una deriva a ninguna parte que se contextualiza en su memoria selectiva. Una memoria selectiva que les impide realizar una profunda autocritica sobre su silencio sepulcral durante dos legislaturas. Una desmemoria que les hace olvidar, por ejemplo, que la Ley del ICS fue obra del gobierno tripartito, cuyos agentes, ahora en la oposición, se lanzan a la yugular de la privatización sanitaria en Cataluña, que utilizan como pistoletazo de salida a una dinámica permanente de movilización política, bajo la excusa de lo social, en busca de una proyección mediática para sus intereses.

Tras las movilizaciones del 19 de febrero de 2011, en las que grupúsculos de todo tipo repartirán su cansina propaganda y en las que dirigentes políticos de la oposición se dejarán captar por las cámaras de televisión, los sindicatos analizarán las posibilidades de continuar con ese proceso de agitación que lleve a una huelga general, que será decretada por unas personas a las que no se les descontará ni un euro y que muy pocos piensan secundar. Y es que no está el horno para bollos.

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Adiós, muy buenas, don Manuel

Manuel Fraga Iribarne ha muerto. No hablaré de su trayectoria personal, tan al uso en estas horas. Son muchos sus claroscuros y muchas sus listas negras.

Su orquestación de la agresión terrorista en el Montejurra-76 le invalidó para todo intento de conseguir la jefatura del Gobierno

Se dice que durante su estancia como embajador en Londres promovió la creación del centro político en España. Veamos cuáles eran sus concepciones centristas. En el Londres del lunes 20 de mayo de 1974, en un almuerzo con la prensa, un redactor de la agencia Reuter le preguntó sobre la legitimidad del nuevo gobierno y Fraga, tras consumir un reserva de Cune, fuera de sí, dio esta respuesta: “¡Con la legitimidad de las metralletas!”. En septiembre de 1975, también en Londres, declaraba: “A cierta gente, yo no la fusilaba. Habría que colgarla por los cojones”.

En el haber de Fraga, entre otros muchos episodios, debería contar la Semana Trágica de Vitoria, las muertes y heridos del Montejurra-76, la creación de los grupos terroristas BVE o ATE, la voladura del diario Madrid o la persecución y tortura de José Antonio Novais, corresponsal del diario Le Monde.

Culpable, el agredido

Durante su estancia en el Ministerio de Gobernación, Manuel Fraga se caracterizó por culpabilizar siempre a las personas que eran agredidas como consecuencia de sus órdenes directas. Los agredidos siempre se disparaban sobre ellos mismos. ¡La locura, vamos!

Véase el caso de Vitoria. El día 3 de marzo de 1976, se ordena a la policía gasear a los huelguistas encerrados en la iglesia de San Francisco, sin importarles la presencia de ancianos y niños en su interior, para una vez en la puerta ametrallarlos en su huída. La nota oficial del Ministerio de Fraga fue la siguiente: “La actuación de las fuerzas del orden ha estado dirigida a proteger el ejercicio de las libertades individuales y a responder ante las situaciones de coacción o violencia física que con toda claridad han vulnerado estos principios”. En rueda de prensa posterior, Fraga amenaza con su brazo y dice; “El que no haya aprendido la lección de Vitoria, él vera lo que hace. El país, desde enero, está sometido a una tensión social mayor de lo normal, en gran parte politizada. Esto se ha plasmado a lo largo y ancho del país. Por tanto, venir ahora a preguntar por que no hemos venido antes a Vitoria o a otro sitio, a mi me parece que esa pregunta no entra dentro del tema de responsabilidades. Desde luego, el que quiera plantear la lucha, la tendrá. Con todas sus consecuencias. ¡Dejémonos de pamplinas!”. La Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria protestaron por la brutalidad de los guardias sin hacer mención a ningún policía herido.

Tras la semana trágica de Vitoria, Fraga consiguió aunar en rededor suyo a la oposición, al Régimen continuista y a los franquistas mutantes: ¡Todos pedían su dimisión!, salvo el teniente general Campano –director general de la Guardia Civil y estratega de las ráfagas de metralleta-, el general Santiago Díaz de Mendívil –Ministro del Ejército- y el general Prada Canillas –gobernador militar de Álava-. Fraga y su banda pretendía el estado de excepción y la constitución de un gobierno de emergencia que desmontara los planes del franquismo mutante de los Alfonso Osorio, Torcuato Fernández Miranda o Adolfo Suárez.

Especial inquina contra el Carlismo

No puedo pasar por alto la especial inquina que Manuel Fraga mostró siempre al Carlismo.

Sin duda, realizó muchos trabajos sucios contra el carlismo, como el estado de excepción de 1969 que siguió a la expulsión de la familia Borbón-Parma de España y a la muerte del estudiante Enrique Ruano, que mostraba un impacto de bala en su clavícula. Si su ley de prensa de 1966 prescindía de la censura previa, dejaba la libertad de prensa al arbitrio y voluntad restrictiva de la autoridad de turno. Así el régimen, sometió a expedientes y sanciones, y procedió a anular la autorización que permitía la publicación de la revista Montejurra. Impidió la distribución de la revista Esfuerzo Común en los quioscos de las estaciones de Renfe. ¡Como si los carlistas no viajaran! Viajaban y luchaban, a pesar de que la calle y la represión fueran de Fraga. Esfuerzo Común, gracias a la ley de prensa de Fraga, se la llegaría a conocer como Secuestro Común por acumular secuestros, censuras, sanciones y multas administrativas de todo tipo.

A los treinta días de la matanza de Vitoria, en el despacho de Manuel Fraga Iribarne se reunieron el teniente general Campano, Antonio María Oriol, José Luis Zamanillo y Sixto de Borbón. Fraga les exigió un mínimo de 5.000 partidarios para emprender la Operación Reconquista de Montejurra, que estaría apoyada por la Guardia Civil y la Policía Armada, y que contaría con una vanguardia de reventadores compuesta por: legionarios, ustachis croatas, misinos italianos, exigentes de la PIDE portuguesa de Oliveira Salazar, pistoleros de la Triple A Argentina, miembros de la OAS residentes en España y habitualmente utilizados por el franquismo para sus atentados contra enemigos políticos, así como miembros de la contra cubana de Miami, agentes chilenos de Pinochet, entre otros miembros de la Internacional Fascista. Los gobiernos civiles facilitarían autobuses y dinero para reventar el acto y para trasladar a los matones de sus respectivas provincias. Alumnos de centros universitarios y de bachillerato fueron llevados expresamente por los agresores hasta la Campa de Irache, pero al ver cómo derivaba el asunto huyeron despavoridos entre el arbolado del Montejurra.

Octavilla carlista que se distribuyó en centros de trabajo y de estudio al día siguiente de la agresión fascista en el Montejurra-76

En el acto de Montejurra del 9 de Mayo de 1976, se produjo el intento de genocidio contra el carlismo, planificado, organizado y avituallado por el Gobierno de Carlos Arias y por miembros del Consejo de Estado, y de otras altas magistraturas del Estado. En este caso, el continuismo franquista y los franquistas mutantes unieron sus fuerzas contra el Pueblo Carlista y la Dinastía Legítima. Pretendieron liquidar a Carlos Hugo de Borbón Parma y al Pueblo Carlista en el acto político del Partido Carlista.

Como hiciera con los sucesos de Vitoria, Fraga se fue de viaje a América. Sin rodeos, Rodolfo Martín Villa criticó la decisión de Fraga con estas palabras: “Se marchó a Venezuela cuando en Montejurra ya había un muerto”. Ante los ojos de más de 500 agentes de la Policia Armada y de la Guardia Civil pasaron las metralletas con trípode, las mariettas, las pistolas y granadas que portaban los grupos fascistas agresores, cuyo símbolo patético fue el hombre de la gabardina. Desde el día 4 de mayo, unos doscientos agresores –portugueses, argentinos, italianos…- se paseaban por las dependencias del Hotel Irache y en la misma Estella hicieron ostentación de armas. En las carreteras de acceso a esta ciudad hubo férreos controles con guardias cada cincuenta metros que dificultaban poder llegar a su interior. Sin embargo, tras la agresión, la Guardia Civil y la Policía permitieron la huída de los mercenarios de Sixto.

En declaraciones, muy posteriores, a la prensa francesa, inglesa y norteamericana culpó a los instigadores y a los que le sustituían en su ausencia. “No realicé más que dos viajes al exterior en aquellos difíciles meses: el de Bonn, que coincidió con los sucesos de Vitoria y el de Venezuela, durante el cual se produjo el grave choque de Montejurra. En ambos casos yo no estaba en mi despacho y el titular de Gobernación era Adolfo Suárez”. Sin embargo, al regresar de Venezuela declaró: “Lo primero que tengo que decir, porque conviene que se sepa, es que yo estaba aquí mientras ocurrieron estos hechos y no me fui hasta que terminaron. Asumo la plena responsabilidad de lo que haya ocurrido y lo digo con todas las consecuencias”.

El gobierno Arias no dio explicación alguna sobre la agresión en Montejurra, y el Fraga que asumía la responsabilidad del desastre, a los quince días, acusaba reiterada y públicamente a Adolfo Suárez. “Pregunten a don Adolfo Suárez por lo que pasó: ¡yo estaba de viaje!

Con la Operación Reconquista, Manuel Fraga vio la oportunidad de recuperar la confianza perdida del Jefe del Estado tras la semana trágica de Vitoria y, por ello, se empleó tan a fondo. En su obsesión megalómana confiaba que con este servicio obtendría nuevos méritos para pilotar la reforma y la posterior transición. Pero, su intemperancia y su agresividad de todo tipo le imposibilitarían para tal cometido.

Al final de su vida, declararía que “Yo no he sido cómplice de ninguna dictadura. Sólo tengo motivos de satisfacción de lo que hice entonces en mi propia conciencia”.

¿Se merece algún comentario más un personaje de su ralea? ¡Que descanse en paz!, si puede. A quienes nos consideró su enemigo, no nos queda otro remedio que rezar por el eterno descanso de su alma, que buena falta le hará nuestra oración dada su agresiva trayectoria llena de soberbia.

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