El Caos autóctono más grave que la crisis internacional

A la crisis internacional sumó España su ancestral crisis estructural y su permanente crisis política e institucional. Ahora, cuando algunos países comienzan a salir de la recesión, aquí, las entidades que se dedican a diagnosticar y proveer soluciones “para contribuir al conocimiento cuantitativo y cualitativo sectorial de la actividad económica e implantar mejoras”, prevén que hasta el 2015 la economía española no se estabilizará.

"Ninguna actividad productiva queda al margen de la crisis"

Una salida de la crisis en la que el conocimiento de los mercados es esencial. Hemos pasado de una información fragmentaria e inexacta a otro tipo de muestras estadísticas que podrían permitirnos establecer estrategias y políticas más sólidas por parte de las empresas y de la Administración, con rigor y detalle para poder trabajar con eficiencia. Pero, desafortunadamente, la manipulación estadística por parte de los gestores públicos se ha incrementado exponencialmente. En Europa, pocos organismos se fían de los números ofrecidos por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y, mucho menos, de los datos de los servicios estadísticos autonómicos.

Las actuales previsiones no apuntan, a corto ni a medio plazo, a un crecimiento moderado en función de las variables demográficas, de renta ni de la tasa de renovación sectorial. A día de hoy, el escenario es incierto. La necesidad de un cambio tecnológico se hace palpable si queremos reducir el consumo energético y de generación de CO2, de forma inmediata. En contra están las barreras para una difusión masiva de tecnologías eficientes, el alto coste de las mismas, su escasa autonomía y la inexistencia de infraestructuras de suministros. Al final del Plan 2000E, que no ha servido para mejorar renta ni paro, se le añadirá en el mes de julio el incremento del tipo impositivo no absorbible por los escasos márgenes de fabricantes y distribuidores, que encareciendo productos y servicios repercutirá significativamente en el nivel de demanda. Para las familias, el incremento del IVA supondrá aumentar su gasto en 450 € de media.

¿Qué entorno tienen nuestras empresas?

Las pasadas nevadas han demostrado, por ejemplo en Cataluña, que el país no esta preparado para eventualidad alguna, y que la profesionalidad de su clase dirigente brilla por su ausencia, y, en el mejor de los casos, por su absoluta inoperancia y descontrol. Para afrontar las nevadas, las máquinas quitanieves no podían actuar en Barcelona, “porque resbalaban” nos dijeron. Los Mossos d’Esquadra al tratar de salir a las carreteras de Gerona comprobaron que el cincuenta por ciento de sus vehículos no disponían de cadenas, y del resto de su parque móvil, un cuarto de sus vehículos estaban averiados. De los que consiguieron salir, algunos de ellos fueron abandonados en la carretera y los policías que los ocupaban regresaron a su comisaría caminando sobre la nieve durante varios quilómetros. Pero, el gobierno del PSC-ERC-ICV, no reconoce fallo alguno y echa todas las culpas al entramado empresarial. Sin duda, la Generalidad de Cataluña es, de entre todas las autonomías, una de las que peor funciona. Por esta razón, la Generalidad de Cataluña se gasta cientos de millones de euros en acciones propagandísticas y miles de millones de euros en la compra de voluntades y votos a nivel territorial y de entidades de todo tipo, como corresponde a una sociedad civil absolutamente subvencionada e ideológicamente insufrible.

Y como éste ejemplo, podríamos poner otros, autonomía por autonomía, que condicionan cualquier proceso de inversión. Además, otros obstáculos gravitan sobre el crecimiento económico: como el no disponer de suelo a precio razonable que detienen los planes urbanísticos o de polígonos industriales, que convierten nuestras ciudades y pueblos en lugares muy caros. Si añadimos la falta de debates, no ideológicos sino técnicos, sobre temas tan cruciales como las fuentes energéticas de un país, que evalúen las ventajas y consecuencias, sin demagogias, de todas las opciones posibles, difícilmente podremos atraer posibles inversores y promotores.

La recesión en forma de W

Después de dos o tres trimestres de crecimiento de algunas economías occidentales, existe un peligro evidente de que la riqueza mundial sufra una contracción mayor que la sufrida hasta ahora. El peligro de la recesión en forma de W pueden derivarse de los altos niveles de desempleo de países clientes de China, de los problemas de gobiernos como España o Grecia que necesitan endeudarse todavía más, y, también, de unos tipos de cambio inestables, especialmente el del dólar, que hace dudar de la solvencia de EEUU.

A los chinos les preocupan sus 900.000 millones de dólares invertidos en la deuda norteamericana. También, les preocupa el disparate de la deuda española, de la que, por su monto, son los segundos tenedores tras la Banca española. A China, le molesta esta situación porque pone en peligro “su crecimiento equitativo”, y le ofende sobremanera que los occidentales se acusen mutuamente o amenacen otras naciones para que revalúen sus monedas. A China, le preocupan las maniobras que detecta en la administración de Barack Obama y las acusaciones del Tesoro norteamericano de manipular su moneda, el yuan, de la que exigen su reevaluación inmediata. Los asiáticos temen posibles restricciones y sanciones comerciales, por lo que recuerdan a EEUU que la mitad de las exportaciones chinas corresponden a productos montados en China, pero con la totalidad de sus componentes importados de otros países. Recuerdan que el 60% de su comercio exterior lo manejan compañías extranjeras o joint ventures con socios no chinos. Por lo que una sanción comercial a China perjudicará a sus propios países.

Pero, la China que controla gran parte de la deuda emitida por occidente, y cuyo Estado ha inyectado masivamente dinero público para evitar la actual recesión, puede estar a punto de caer en ella, por las burbujas inmobiliarias y bursátiles que dicha medida ha provocado. Los informes sobre la banca china son devastadores. Para el primer ministro chino Wen Jiabao, “la inflación, junto a una distribución desigual de los ingresos y la corrupción, pueden ser lo suficientemente fuertes como para dañar la estabilidad social e incluso la consolidación del poder estatal”.

"Países en quiebra y personas endeudadas, pero continúa el modelo de crecimiento de usar y tirar"

Mientras, las autoridades españolas, que han endeudado el país hasta las cejas, se muestran contentas porque “la crisis ha tocado fondo”. Y manifiestan su alegría porque los despidos colectivos empiezan a ralentizarse, porque de forma porcentual los Expedientes de Regulación de Empleo que acabaron con puestos de trabajo han disminuido. Sin embargo, han aumentado los expedientes de suspensión de empleo y de reducción de la jornada laboral. A pesar de este “éxito”, miles de trabajadores siguen perdiendo su empleo y miles de autónomos y pymes tienen que cerrar la puerta de sus negocios.

Los Expedientes de Regulación de Empleo los trataremos en una próxima ocasión, siempre que el empleo no se convierta en un elemento anecdótico en este país.

(Publicado en El Federal, núm. 35, abril 2010, pg. 15)

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La cofradia sindical del silencio

Ha pasado la conmemoración del 1 de Mayo de los sindicatos oficialistas del régimen, posiblemente la más patética de la historia habida cuenta de los cinco millones reales de parados y de los ocho millones de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. En plena crisis económica, política e institucional, se podría decir que están sospechosamente callados con la que está cayendo sobre el conjunto de la sociedad española.

"Posiblemente, esta imagen de La Gaceta, es la que mejor define el 1 de Mayo de los sindicatos oficiales del régimen. En ella, Pedro Castro (alcalde de Getafe), Tomás Gómez (secretario del PSOE de Madrid), Maru Menéndez (portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid), David Lucas (portavoz PSOE en Ayuntamiento de Madrid) y Pedro Zerolo (concejal del PSOE en Ayuntamiento de Madrid), se muestran risueños en la manifestación. Una felicidad de más de 6.000 euros mensuales per capita."

Eso sí, los dirigentes de CCOO (Ignacio Fernández Toxo) y de UGT (Cándido Méndez) han acudido a cuantas llamadas del gobierno han recibido, y ni una palabra más alta que la otra. Sea agitar contra el empresariado, sea para atacar a la oposición al régimen de Rodríguez Zapatero, sea liarse con lo de la Memoria Histórica, sea para la defensa de Garzón, sea para protestar contra la crisis en Grecia, sea para defender al tripartito en Cataluña. Todo menos protestar contra la política económica del gobierno de Zapatero, puesto que son ellos mismos quienes se la dictan. Así va el país, gracias a aquellas organizaciones y medios de comunicación que todavía tratan de hacernos creer que la política del gobierno la escribe la oposición.

Con la mayor cantidad de trabajadores en paro de la historia y no han convocado ni una protesta a pesar de ocupar Rodríguez Zapatero la presidencia europea. Sin embargo, en plena presidencia europea, por mucho menos, Aznar se llevó una huelga general.

En ese gran Teatro del mundo, de un mundo sindical periclitado, las direcciones de CCOO y UGT actúan como directores de escena para tratar de imponer unos papeles de figurantes a los cientos de miles de delegados sindicales. Son representaciones en las que el silencio sustituye a las palabras, que quedan reservadas a unos actores profesionales, que parapetados en la contraseña de la ceja (ceja con Z), viven de subvenciones y regalías antes que de su trabajo. El guión, que se adapta plenamente a los gustos del ocupante de la Moncloa, suele comenzar así: “había una vez un gran pastel del cual el poder, en su corrupción, repartía duodécimas partes que luego contabilizaba como doceavas”.

Sin embargo, a pesar de los miles de millones de euros percibidos de los poderes públicos en los últimos treinta años, y a pesar de utilizar a las empresas e instituciones para que les recauden las cuotas de sus afiliados mediante su descuento en nómina, ambos sindicatos se han mostrado incapaces de crear una Caja de Resistencia para soportar los efectos de la lucha sindical sobre los trabajadores. Claro, ¡eso sí es verdadero sindicalismo!, y ellos no están por la tarea, sino por mantener un alto número de parados que justifiquen sus canonjías sindicales.

Y el común de los mortales llega a pensar: ¡están comprados! Todo ello sin necesidad de acudir al BOE, a los diarios oficiales de las comunidades autónomas, a los boletines oficiales de las provincias, para contabilizar con exactitud todas las ayudas recibidas para cursos de formación; para actividades complementarias; para mobiliario y tecnologías de la información; para mantener a decenas de miles de liberados sindicales con cargo a las administraciones y empresas públicas; por asistencia a los consejos de dirección y asesores de las administraciones institucionales; por pertenencia a los consejos de administración de las empresas públicas; por elaboración de informes absolutamente innecesarios y cuyo contenido suele ser absurdo, por llamarlo de alguna manera; por contribuir a la normalización lingüística y por editar sus publicaciones, folletos y propaganda de todo tipo siempre que sea en lengua no castellana en aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales; por gestionar Fondos de Pensiones de los trabajadores; por intervenir en la formulación y desarrollo de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE); por organizar manifestaciones, concentraciones y actos a favor de los gobiernos socialistas; por aportar manifestantes y carne de cañón de acuerdo con las necesidades políticas y sociales de sus amos; por paralizar las denuncias de corrupción presentadas, incluso por sus propios afiliados, si los demandados pertenecen a la izquierda ideológica y política. Sumando y sumando, cada año, cientos de millones de euros ingresan en la tesorería de CCOO y UGT. Sólo para formación recibieron del Ministerio de Administraciones Públicas, en 2009, 28.908.000 euros, más de la mitad de los 54.652.000 euros percibidos por el conjunto de las Comunidades Autónomas por idéntico concepto.

¿Quién va a matar la gallina de los huevos de oro?

Por supuesto, que ni Toxo, ni Méndez, ni sus organizaciones están por esa labor.

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Ni guardaré, ni haré guardar la Ley del Aborto

He visto la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y la he entendido. Por eso, ni aunque me lo manden, no pienso guardar ni hacer guardar esta ley orgánica, por mucho que lo imponga el Parlamento, ni por más sancionada que esté por parte de la jefatura del Estado.

Después de cuarenta años en el combate por los derechos humanos, anteponiendo mi DNI y mi nombre y dos apellidos en la lucha contra la pena de muerte, a través de las acciones urgentes de Amnistía Internacional y de otras muchas acciones, me es imposible inhibirme ante la programación criminal que representa el aborto considerado como un derecho. Máxime, cuando tras el aborto, el socialismo promete ya la eutanasia como nueva maniobra de distracción, a la cabeza de la cual se encuentra la consejera Marina Geli, de la Generalidad de Cataluña.

La Ley promovida por el Gobierno socialista, fue aprobada en el Senado por cuatro votos de diferencia gracias al apoyo nacionalista, que incluye al PNV y a CiU. Este conglomerado nacional-socialista ampara la eugenesia prenatal, al permitir el aborto hasta las 22 semanas cuando exista “riesgo de graves anomalías en el feto” y sin límite temporal alguno cuando se detecten “anomalías incompatibles con la vida” o “enfermedades extremadamente graves e incurables en el momento del diagnóstico”.

"Es un ser vivo, no un ser humano" -según Bibiana Aido, la ministra que se abrazaba a sus compañeras de gobierno y a Leire Pajin cuando fue aprobada la amoral ley del aborto.

Hoy en día es incuestionable, científicamente, que, desde el momento de la concepción, el nuevo ser humano posee toda la información genética que determina sus características físicas, tales como el color del pelo, el sexo, la estructura ósea, etc. Su crecimiento y desarrollo será cuestión de tiempo, alimentación y un ambiente adecuado. Entre los 18 y los 25 días su corazón comenzará a latir, a los 42 días el esqueleto está completo, y tres días más tarde habrá actividad neurológica, existirán reflejos y se podrán registrar los impulsos eléctricos de su cerebro.

De la semana 8 a la 12

En el líquido amniótico se mueve como un nadador innato y a la octava semana se pueden detectar los latidos de su corazón y se le puede hacer un electrocardiograma. Así, si se le pone un objeto en la mano, lo agarra y sostiene. A la semana novena y décima entreabre los ojos, traga, mueve la lengua, y si se le toca la palma de la mano, hará un puño. A la décima semana posee huellas digitales, y ya están presentes el cerebro y todos los órganos del cuerpo, de forma que si le hacemos cosquillas en su nariz, el bebé moverá la cabeza hacia atrás para alejarse del estímulo. Entre la onceava y doceava semana se chupa vigorosamente el pulgar y aspira el fluido amniótico. A la semana doce, su cuerpo está completamente formado, sus órganos ya están funcionando y pueden sentir dolor.

Precisamente, a las 12 semanas es cuando se practican la mayoría de los abortos. Con la nueva ley, sancionada por el Jefe del Estado, el aborto se convierte en un derecho que se puede exigir sin ningún argumento por cualquier embarazada, dentro de las 14 semanas de gestación, ampliable hasta las 22 semanas en caso de peligro para la embarazada e indefinidamente en caso de anomalías del feto. La nueva ley permite abortar a las menores sin consentimiento de sus padres. Además, Sanidad paga los anticonceptivos y los abortivos, que se dispensan sin control alguno. Por ejemplo, la píldora del día se facilitó en L’Hospitalet-Vandellós, en el primer mes de su dispensación, a una niña de trece años en dos ocasiones, y, por supuesto, sin conocimiento de sus padres. Poco importa a los políticos del progresismo demagógico el incremento del riesgo cierto de tromboembolismo de estas criaturas.

Una cuestión la de la reforma del aborto que no ha sido solicitada por la sociedad española, ampliamente contraria, ni que tampoco figuraba en el programe electoral del PSOE. Pero, tras el escándalo de las clínicas abortivas del Dr. Morin, se produjo la visita de los empresarios de la muerte a la Moncloa para entrevistarse con Rodríguez Zapatero. Un negocio que genera más de 100 millones de euros libres de polvo y paja. Un negocio hacia donde se deriva además el 30% de los abortos financiados con dinero público. A partir de esa visita, el PSOE busca adaptar la ley para evitar futuros encausamientos de abortistas, ya que la casi totalidad de ellos se mueven en la órbita social-comunista y del nacionalismo. Poco importa a los políticos abortistas que el aborto sea la primera causa de muerte en España, cuando un buen número de ellos tienen raíces en un negocio bien rentable.

Sin duda, el sentido común ha de volver a la sociedad española. Es la hora en que se garantice que el derecho a la vida abarca desde la concepción hasta la muerte natural. Es el tiempo de denunciar sin tregua la hipocresía criminal de este nuevo nacional-socialismo que pretende educar, de forma obligatoria y con perspectiva de género, en el derecho al aborto en todos los niveles escolares, y que busca reeducar a los médicos en la práctica clínica del aborto. La nueva ley obliga a los profesionales sanitarios a objetar “individual y anticipadamente” por escrito, para una vez realizada esta declaración escrita, aplicar la persecución laboral y social a los objetores. Un nuevo nacional-socialismo que tras el aborto, ya plantea la batalla de la eutanasia.

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Una obsesión llamada Inmigración

El escritor ruso Fedor Dostoiewski, en su obra Los hermanos Karamanzov, sintetizaba e ironizaba sobre el pensamiento de aquellos individuos de pretendidos excelsos ideales cuando manifestaba que hay personas que cuanto más dicen amar a la humanidad en general, menos aman a las personas en particular. Eso mismo les pasa a algunos nacionalistas, especialmente a algunos nacionalistas catalanes. Para éstos, su obsesión inmigratoria es ya una cuestión de siglos. ”

Los centros fabriles catalanes del siglo diecinueve, necesitados de mano de obra barata recibieron una primera avalancha de inmigrantes de las zonas más deprimidas de Cataluña, de forma preferente de las comarcas de Lérida y de Tarragona. En general, aún siendo hablantes de la misma lengua no pudieron zafarse de la burla y mofa, ni de ser señalados por su diferencial forma de hablar respecto al habla barcelonesa, que la burguesía consideraba como primigenia, eje vertebrador y como verdad revelada al profeta Pompeu Fabra y que serviría para delimitar la existencia de catalanes de primera y de segunda. Afortunadamente para ellos, pronto llegarían nuevas remesas de inmigrantes procedentes de Aragón, Valencia y Murcia, y hacia éstos se dirigirían los ataques xenófobos de quienes antes habían ridiculizado a los propios catalanes. Los charnegos de Cataluña serían el equivalente a los maquetos del País Vasco. En las estaciones de los ferrocarriles vascongados, cuando se hacía sonar la campana que anunciaba la salida de los trenes, se solía oír esta frase: “Viajeros al tren, gallegos también”. El radicalismo lerrouxista se parapetaría en la inmigración para sus ataques contra la burguesía y en sus jóvenes bárbaros para sus actos anticlericales y de criminalidad manifiesta. Posteriormente, andaluces y extremeños conformarían el grueso de la nueva oleada migratoria en Cataluña y atraerían las iras y truenos de los de siempre hasta ser los nuevos chivos expiatorios de los males de una parte de la sociedad catalana.

Actualmente, la inmigración ya no es estrictamente peninsular, sino que proviene de allende los mares o del territorio de la Unión Europea. Una legislación acomplejada ha hecho de España un territorio de promisión para los inmigrantes que pretenden ganarse la vida con su propio esfuerzo y un auténtico paraíso para quienes llegan a nuestro país con la idea de continuar su actividad delictiva, maximizando el beneficio de cada una de sus acciones, y blanqueando el dinero ilegalmente obtenido sin prácticamente límite alguno.

En las oficinas de extranjería perciben un cambio sustancial en los nuevos emigrantes. En la década de los noventa, llegaban personas con un cierto nivel de estudios que asumía trabajos de muy inferior categoría para huir de las condiciones de miseria, estancamiento y represión de sus países. Cuando solicitaban información y ayuda para la resolución de sus problemas de residencia anteponían el “por favor” a cualquier planteamiento. Iniciado el siglo veintiuno, varían sensiblemente las actitudes, sobre todo, a partir de las regulaciones masivas. Ahora, es práctica común exigir ante cualquier mesa y tildar de racista al probo funcionario que se atreve a decirles que a su solicitud de residencia le faltan documentos. Los insultos que reciben los funcionarios son más que habituales, cuando no se les espera a la salida de la oficina para amenazarlos. Tom Wolfe, en el nuevo periodismo americano, describía escenas parecidas en Maumauando al parachoques.

La extraña alianza de intereses

Las necesidades de producción, legal o sumergida, en la que se ha visto inmersa España, y muy especialmente Cataluña, formularon una extraña alianza entre la alta burguesía y la izquierda política y sindical, que ha acabado por implicar a todos los partidos, incluso los acérrimos nacionalistas identitarios, que también esperan sacar tajada de la inmigración. Para unos será la ley del ejército industrial de reserva que conduce los salarios a la baja; para otros, la esperanza de obtener los votos y contar con nuevas afiliaciones que les ayuden a sostener sus organizaciones y a sus liberados, ya que los nacionales del país les dan, cada día más, la espalda al no querer ser utilizados como carne de cañón para sus desvaríos ideológicos que solamente producen miseria. Unidos en la necesidad de recibir inmigrantes, unos y otros elaboran teorías para justificar los ¡Papeles para todos!, que actuarán de factor de atracción para millones de personas a quienes se les vende un incierto imaginario de Bienestar por parte de la propaganda oficial. Teorías orientadas a frenar el rechazo del autóctono intranquilo por la llegada masiva de millones de inmigrantes en menos de una década. Teorías inverosímiles que justificarán la avalancha con ideas-fuerza tan peregrinas como que los inmigrantes pagaran las futuras pensiones de los aborígenes. Una argumentación de la izquierda socialista y comunista que elude analizar las causas de un problema que, hoy en día, gracias a la demagogia ha comenzado a estallar. Pero, es que ni en los años de mayor auge económico esto fue así. En esos años, los ingresos medios por seguridad social, IRPF y otros impuestos y tasas se acercaban a los 1.470 € por inmigrante, mientras que los gastos ascendían a unos 2.500 € por diversos conceptos asistenciales y de protección social a la inmigración. El que se quiera engañar, que se engañe, pero que siga cotizando lo más que pueda para no verse arrollado por el difícil futuro que nos espera.

Durante la época de vacas gordas, el dinero corría fácilmente, un cierto laissez faire, laissez passer se concretaba en el seno de una sociedad que facilitaba el reagrupamiento familiar y subsidiaba sin cuantificar el coste de dichas alegrías. Los ayuntamientos inscribían a todos los inmigrantes que se acercaban a sus registros, sin importarles que en una misma vivienda se empadronasen veinte, treinta o cincuenta personas. Todo se permitía con tal de aumentar la población, para conseguir así mayores subvenciones del Estado. Llegados con visados de turistas, para algunos la boda con nacionales era el camino seguro que permitía, obtener más rápidamente la residencia, contando con el posterior divorcio exprés. Muchos municipios, como Reus, se obsesionaron con superar los cien mil habitantes.

Al ritmo que crecía la inmigración, muchos nacionales veían como su solicitud de ayudas de los diferentes fondos era rechazada y, con estupor, podían comprobar en las listas de agraciados una mayoría de nombres extranjeros. Año tras año, verificaban esa evidencia en las oficinas de asistencia social de cualquier ayuntamiento u organismo de su comunidad autónoma, circunstancia que, poco a poco, ha tensado la convivencia con “el diferente” llegado desde más de doscientos países. Diferentes lenguas, diversas formas de interpretar la vida se han expandido por el territorio, que ha visto como los inmigrantes, de una forma natural, tendían a agruparse por nacionalidades y a conformar guetos cada vez más cerrados, auténticas casbas organizadas y protegidas por bandas de inmigrantes que tratan de chulear de por vida a sus compatriotas y de utilizarlos de parapetos para sus actividades delictivas. Realmente, no todos pretenden integrarse.

Una convivencia ensombrecida, aún más, a resultas de los actos terroristas del islamismo radical y de la actividad delictiva de las bandas criminales de una larga cincuentena de países que operan en territorio español, como si de verdaderos ejércitos se tratara. También, hemos visto como algunos países han abierto sus cárceles y han expulsado a sus penados hacia la nueva tierra de promisión europea para que se ganen la vida como puedan. Y, en Europa, esas personas han continuado haciendo lo que sabían hacer: delinquir. Cientos de miles de españoles han sufrido ya esa actividad delictiva de todo tipo en sus propias carnes. Actividad delictiva que es de tal dimensión, que genera la impresión de una inseguridad ciudadana permanente en las casas, en las calles, en los barrios, en los centros de estudio, en los comercios o en las zonas de ocio y diversión, y que abarca todos los ámbitos criminales que acompañan siempre a las mafias: droga, prostitución, explotación laboral, extorsión o asesinatos. Todos los elementos del caldo de cultivo de la xenofobia y del racismo que encabrita, cada día más, a amplios sectores de la población autóctona.

Pero, aquí todo es distinto. Si cualquier país establecía controles a la inmigración mediante contingentes anuales, de acuerdo a sus necesidades y a su capacidad para acogerlos como personas con dignidad, en la España del acomplejado Aznar, no, y en la del desquiciado Rodríguez Zapatero todavía menos. En consecuencia, como una llamarada, se extienden los barrios marginales en los que circular por ellos se convierte para los nacionales en una verdadera aventura, incluso a plena luz del día en un buen número de poblaciones. Una vida marginal ejercida de forma endogámica que reducirá drásticamente cualquier esfuerzo de integración.

Cuando el dinero ha dejado de correr con alegría y no se necesita tanta mano de obra, se reconoce en petit comité que no puede haber papeles para todos. Con las vacas flacas, la inmigración ya es harina de otro costal y quienes la víspera defendían “papeles para todos” comienzan a recular hacia el “todos a su casa”. Así, el factor de atracción se torna factor de repulsión cuando la población percibe que aumentan los problemas de convivencia, especialmente con aquellas comunidades de inmigrantes que, superada la fase de penetración e implantación ciudadana, parecen querer actuar más en un plan de conquista y regirse por sus propias leyes, al margen totalmente de aquellas que rigen en el pueblo que los acoge. Aumenta el número de ciudadanos que, día a día, comprueban como el respeto por las costumbres no siempre es recíproco y como surgen los conflictos cuando algunos inmigrantes se especializan en exigir sus derechos y en evitar cumplir con sus obligaciones en las comunidades de vecinos, en el barrio o en el municipio.

Es en época de crisis cuando se empieza a aceptar la inmigración como un problema económico y una cuestión de equilibrio que exige unos límites. Pero, algunos prefieren mantenerse en el error sin un análisis de las causas y de las consecuencias de los actos propios y ajenos, y por temor a que se les considere autoritarios decretan una permisividad distorsionada de valores que desorienta a la ciudadanía y encubre cualquier desatino con el lavado de conciencias que realiza el marketing político. Ese es el progresismo esnob que vende la moto de un enriquecimiento cultural que para ellos no supone ningún riesgo ni amenaza. Un buenismo de clase alta para lavar su conciencia con actos e intenciones. Pero, quien sí convive con personas de perfiles y objetivos distintos a los suyos, en su relación social se puede sentir amenazada, ya que el ser humano busca entornos amigables para convivir que le den seguridad a él y a su familia. Así, quienes definen el pensamiento políticamente correcto, con su mejor intención, exigen a los demás, a los que conviven en zonas con fuerte presencia de inmigrantes, grandes dosis de altruismo que sobrepasan sus propios intereses, sin acertar a comprender sus quejas.

Más de dos lustros de inmigración incontrolada han creado un problema latente que nunca se ha afrontado con seriedad, una bomba de relojería a desactivar con la mayor urgencia y transparencia posible. Como la hipocresía del gobierno socialista se niega a reconocer el problema, Torrejón de Ardoz, Vic, pueblos de Málaga y otros municipios lo plantean aunque con un fuerte trasfondo racista y xenófobo.

Cuando los demás son los racistas

La decisión del alcalde de Vic abre el debate sobre si es aceptable o no la existencia de personas que no figuren en ningún sitio y a las que se les pueda denegar prestaciones básicas necesarias para el ser humano. En el caso de Vic, una localidad que, en los siglos X al XII, fue poblada por personas de procedencia y razas diversas, no es casual la salida de tono de su ayuntamiento, justo un mes después de la celebración del referéndum independentista, en el que los inmigrantes votaron sin DNI, porque se les prometió que obtendrían el certificado de arraigo necesario para residir en Cataluña. Sin embargo, una vez la papeleta en la urna, al solicitar su certificado se quedaban con un palmo de narices y sin la dirección del maestro armero a quien reclamar. "Votamos por Cataluña y ahora se nos expulsan" -dicen arrepentidos mientras inician el camino hacia otras poblaciones.

Evidentemente, la legalidad es consustancial con un régimen democrático, pero, si los primeros obligados a cumplir las leyes las incumplen, la autoridad se resiente y pierde credibilidad, y crea un precedente que habilita a cualquier ciudadano al incumplimiento sistemático de la ley. No obstante, a pesar de la existencia de un documento de recomendaciones de la Taula d’Inmigració i Ciutadania, formada por el gobierno de la Generalidad y los municipios, un informe del bufete de Roca Junyent apuntalaba las tesis del alcalde de Vic e indicaba que “ha tenido un comportamiento ajustado a las más estricta y fiel interpretación de las normas legales aplicables e, incluso, a las normas comunitarias sobre exigencia, efectos y características de los visados emitidos por los Estados miembros de la Unión Europea”. El alcalde de Vic, indica al ministro del Interior, que “en estricto cumplimiento de la legalidad, este ayuntamiento, en aplicación de aquello que dispone el art. 25 de la Ley 4/2000 de 11 de enero que regula los Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social se establece una distinción entre los extranjeros procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea y aquellos otros que lo hacen de países terceros, es decir, no pertenecientes a la Unión. Para estos últimos, en estricta aplicación y respeto por lo que establece el apartado 2 del mencionado artículo 25 de Ley 4/2000, es preciso que el pasaporte se acompañe del perceptivo visado”. El ayuntamiento solicita al ministro cuáles son las normas legales, internas y comunitarias, que resulten de aplicación.

Una iniciativa criticada por el Consejo General de la Abogacía Española por vulnerar los derechos de los extranjeros, quien advierte que “podría llegar a incurrir en infracción de algún precepto de la legislación penal”. La Ley de Extranjería expresa que: “Los ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información relativa a los mismos”. La Ley de Bases del Régimen Local prescribe que: “Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año”.

Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la postura del ayuntamiento de Vic es “una barbaridad y una medida ilegal, que podría ser motivo de delito” al vulnerar la Ley de Extranjería, que liga derechos fundamentales al empadronamiento, y la Ley de Bases del Régimen Local. Para los constitucionalistas, el padrón es un documento de hecho, no de derecho, en el que deben figurar absolutamente todos los residentes que vivan en un municipio”. Incumplir la ley vulneraría derechos recogidos en el Convenio de Derechos del Niño, por lo que se incurriría en un delito tipificado en el Código Penal. Para el Colegio de Abogados de Madrid, “en sentido civil, no administrativo, cualquiera persona independientemente de su situación administrativa, irregular o regular, tiene derecho y deber de estar empadronado”. ¿Una inmigrante ilegal podrá dar a luz en un hospital? ¿Podrán los niños ilegales asistir a clases en un colegio?

Sin ningún rubor, algunos nacionalistas mezclan sentimientos y elementales razonamientos para disfrazar su fondo xenófobo, que les hace indiferentes al sufrimiento del prójimo. Un nacionalismo, carcomido por treinta años de corrupción, que se ha acostumbrado a reprimir y sancionar a quien discrepa de su pensamiento único, que se parapeta en sus lenguas vehiculares y en pretendidos derechos históricos para ocultarnos su verdadero rostro de intolerancia y xenofobia. Con tal particular jeta, este nacionalismo acaba por no admitir ninguna discrepancia ni crítica, incapaz de argumentar pasa por el insulto al contrario hasta llegar a la amenaza, virtual o no, y de la amenaza letal a la agresión física. Hoy, izquierda y nacionalistas se pelean por dominar un discurso racista que les puede atraer, temporalmente, miles de votos en próximas elecciones.

La inmigración, como tema de Estado, exige un tratamiento serio, sin demagogia, que conduzca al acuerdo político y social en pos de una posición común de toda la sociedad, cuyo ADN es el producto genético de mestizaje de varias generaciones. No podemos olvidar que somos un país donde millones han sido emigrantes y otros muchos continuamos siendo inmigrantes; pero que, ante todo, se es persona con derechos y obligaciones. Al inmigrante no se le puede dejar abandonados a su suerte y al viento de la exclusión social por mucha situación administrativa de irregularidad o ilegalidad en la que incurra. No se les puede relegar injustamente cuando estorban, ni cuando crean roces étnicos, de culturas y religiones.

Es la hora del sentido común, de la solidaridad, de la flexibilidad en las relaciones con los inmigrantes para ver en ellos un hermano, alguien no ajeno a uno mismo, de ver en el inmigrante al Cristo de nuevo crucificado; pero, también, es la hora de no hacer el primo, de no dejarse avasallar por las geoestrategias de aquellos bloques mundiales que buscan, con la desintegración de España, la reconstrucción de su particular imaginario irredento y la utilización de los inmigrantes como su particular carne de cañón, y a la izquierda y a los nacionalismos como su especial caballo de Troya.

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