Ni guardaré, ni haré guardar la Ley del Aborto

He visto la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y la he entendido. Por eso, ni aunque me lo manden, no pienso guardar ni hacer guardar esta ley orgánica, por mucho que lo imponga el Parlamento, ni por más sancionada que esté por parte de la jefatura del Estado.

Después de cuarenta años en el combate por los derechos humanos, anteponiendo mi DNI y mi nombre y dos apellidos en la lucha contra la pena de muerte, a través de las acciones urgentes de Amnistía Internacional y de otras muchas acciones, me es imposible inhibirme ante la programación criminal que representa el aborto considerado como un derecho. Máxime, cuando tras el aborto, el socialismo promete ya la eutanasia como nueva maniobra de distracción, a la cabeza de la cual se encuentra la consejera Marina Geli, de la Generalidad de Cataluña.

La Ley promovida por el Gobierno socialista, fue aprobada en el Senado por cuatro votos de diferencia gracias al apoyo nacionalista, que incluye al PNV y a CiU. Este conglomerado nacional-socialista ampara la eugenesia prenatal, al permitir el aborto hasta las 22 semanas cuando exista “riesgo de graves anomalías en el feto” y sin límite temporal alguno cuando se detecten “anomalías incompatibles con la vida” o “enfermedades extremadamente graves e incurables en el momento del diagnóstico”.

"Es un ser vivo, no un ser humano" -según Bibiana Aido, la ministra que se abrazaba a sus compañeras de gobierno y a Leire Pajin cuando fue aprobada la amoral ley del aborto.

Hoy en día es incuestionable, científicamente, que, desde el momento de la concepción, el nuevo ser humano posee toda la información genética que determina sus características físicas, tales como el color del pelo, el sexo, la estructura ósea, etc. Su crecimiento y desarrollo será cuestión de tiempo, alimentación y un ambiente adecuado. Entre los 18 y los 25 días su corazón comenzará a latir, a los 42 días el esqueleto está completo, y tres días más tarde habrá actividad neurológica, existirán reflejos y se podrán registrar los impulsos eléctricos de su cerebro.

De la semana 8 a la 12

En el líquido amniótico se mueve como un nadador innato y a la octava semana se pueden detectar los latidos de su corazón y se le puede hacer un electrocardiograma. Así, si se le pone un objeto en la mano, lo agarra y sostiene. A la semana novena y décima entreabre los ojos, traga, mueve la lengua, y si se le toca la palma de la mano, hará un puño. A la décima semana posee huellas digitales, y ya están presentes el cerebro y todos los órganos del cuerpo, de forma que si le hacemos cosquillas en su nariz, el bebé moverá la cabeza hacia atrás para alejarse del estímulo. Entre la onceava y doceava semana se chupa vigorosamente el pulgar y aspira el fluido amniótico. A la semana doce, su cuerpo está completamente formado, sus órganos ya están funcionando y pueden sentir dolor.

Precisamente, a las 12 semanas es cuando se practican la mayoría de los abortos. Con la nueva ley, sancionada por el Jefe del Estado, el aborto se convierte en un derecho que se puede exigir sin ningún argumento por cualquier embarazada, dentro de las 14 semanas de gestación, ampliable hasta las 22 semanas en caso de peligro para la embarazada e indefinidamente en caso de anomalías del feto. La nueva ley permite abortar a las menores sin consentimiento de sus padres. Además, Sanidad paga los anticonceptivos y los abortivos, que se dispensan sin control alguno. Por ejemplo, la píldora del día se facilitó en L’Hospitalet-Vandellós, en el primer mes de su dispensación, a una niña de trece años en dos ocasiones, y, por supuesto, sin conocimiento de sus padres. Poco importa a los políticos del progresismo demagógico el incremento del riesgo cierto de tromboembolismo de estas criaturas.

Una cuestión la de la reforma del aborto que no ha sido solicitada por la sociedad española, ampliamente contraria, ni que tampoco figuraba en el programe electoral del PSOE. Pero, tras el escándalo de las clínicas abortivas del Dr. Morin, se produjo la visita de los empresarios de la muerte a la Moncloa para entrevistarse con Rodríguez Zapatero. Un negocio que genera más de 100 millones de euros libres de polvo y paja. Un negocio hacia donde se deriva además el 30% de los abortos financiados con dinero público. A partir de esa visita, el PSOE busca adaptar la ley para evitar futuros encausamientos de abortistas, ya que la casi totalidad de ellos se mueven en la órbita social-comunista y del nacionalismo. Poco importa a los políticos abortistas que el aborto sea la primera causa de muerte en España, cuando un buen número de ellos tienen raíces en un negocio bien rentable.

Sin duda, el sentido común ha de volver a la sociedad española. Es la hora en que se garantice que el derecho a la vida abarca desde la concepción hasta la muerte natural. Es el tiempo de denunciar sin tregua la hipocresía criminal de este nuevo nacional-socialismo que pretende educar, de forma obligatoria y con perspectiva de género, en el derecho al aborto en todos los niveles escolares, y que busca reeducar a los médicos en la práctica clínica del aborto. La nueva ley obliga a los profesionales sanitarios a objetar “individual y anticipadamente” por escrito, para una vez realizada esta declaración escrita, aplicar la persecución laboral y social a los objetores. Un nuevo nacional-socialismo que tras el aborto, ya plantea la batalla de la eutanasia.

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Una obsesión llamada Inmigración

El escritor ruso Fedor Dostoiewski, en su obra Los hermanos Karamanzov, sintetizaba e ironizaba sobre el pensamiento de aquellos individuos de pretendidos excelsos ideales cuando manifestaba que hay personas que cuanto más dicen amar a la humanidad en general, menos aman a las personas en particular. Eso mismo les pasa a algunos nacionalistas, especialmente a algunos nacionalistas catalanes. Para éstos, su obsesión inmigratoria es ya una cuestión de siglos. ”

Los centros fabriles catalanes del siglo diecinueve, necesitados de mano de obra barata recibieron una primera avalancha de inmigrantes de las zonas más deprimidas de Cataluña, de forma preferente de las comarcas de Lérida y de Tarragona. En general, aún siendo hablantes de la misma lengua no pudieron zafarse de la burla y mofa, ni de ser señalados por su diferencial forma de hablar respecto al habla barcelonesa, que la burguesía consideraba como primigenia, eje vertebrador y como verdad revelada al profeta Pompeu Fabra y que serviría para delimitar la existencia de catalanes de primera y de segunda. Afortunadamente para ellos, pronto llegarían nuevas remesas de inmigrantes procedentes de Aragón, Valencia y Murcia, y hacia éstos se dirigirían los ataques xenófobos de quienes antes habían ridiculizado a los propios catalanes. Los charnegos de Cataluña serían el equivalente a los maquetos del País Vasco. En las estaciones de los ferrocarriles vascongados, cuando se hacía sonar la campana que anunciaba la salida de los trenes, se solía oír esta frase: “Viajeros al tren, gallegos también”. El radicalismo lerrouxista se parapetaría en la inmigración para sus ataques contra la burguesía y en sus jóvenes bárbaros para sus actos anticlericales y de criminalidad manifiesta. Posteriormente, andaluces y extremeños conformarían el grueso de la nueva oleada migratoria en Cataluña y atraerían las iras y truenos de los de siempre hasta ser los nuevos chivos expiatorios de los males de una parte de la sociedad catalana.

Actualmente, la inmigración ya no es estrictamente peninsular, sino que proviene de allende los mares o del territorio de la Unión Europea. Una legislación acomplejada ha hecho de España un territorio de promisión para los inmigrantes que pretenden ganarse la vida con su propio esfuerzo y un auténtico paraíso para quienes llegan a nuestro país con la idea de continuar su actividad delictiva, maximizando el beneficio de cada una de sus acciones, y blanqueando el dinero ilegalmente obtenido sin prácticamente límite alguno.

En las oficinas de extranjería perciben un cambio sustancial en los nuevos emigrantes. En la década de los noventa, llegaban personas con un cierto nivel de estudios que asumía trabajos de muy inferior categoría para huir de las condiciones de miseria, estancamiento y represión de sus países. Cuando solicitaban información y ayuda para la resolución de sus problemas de residencia anteponían el “por favor” a cualquier planteamiento. Iniciado el siglo veintiuno, varían sensiblemente las actitudes, sobre todo, a partir de las regulaciones masivas. Ahora, es práctica común exigir ante cualquier mesa y tildar de racista al probo funcionario que se atreve a decirles que a su solicitud de residencia le faltan documentos. Los insultos que reciben los funcionarios son más que habituales, cuando no se les espera a la salida de la oficina para amenazarlos. Tom Wolfe, en el nuevo periodismo americano, describía escenas parecidas en Maumauando al parachoques.

La extraña alianza de intereses

Las necesidades de producción, legal o sumergida, en la que se ha visto inmersa España, y muy especialmente Cataluña, formularon una extraña alianza entre la alta burguesía y la izquierda política y sindical, que ha acabado por implicar a todos los partidos, incluso los acérrimos nacionalistas identitarios, que también esperan sacar tajada de la inmigración. Para unos será la ley del ejército industrial de reserva que conduce los salarios a la baja; para otros, la esperanza de obtener los votos y contar con nuevas afiliaciones que les ayuden a sostener sus organizaciones y a sus liberados, ya que los nacionales del país les dan, cada día más, la espalda al no querer ser utilizados como carne de cañón para sus desvaríos ideológicos que solamente producen miseria. Unidos en la necesidad de recibir inmigrantes, unos y otros elaboran teorías para justificar los ¡Papeles para todos!, que actuarán de factor de atracción para millones de personas a quienes se les vende un incierto imaginario de Bienestar por parte de la propaganda oficial. Teorías orientadas a frenar el rechazo del autóctono intranquilo por la llegada masiva de millones de inmigrantes en menos de una década. Teorías inverosímiles que justificarán la avalancha con ideas-fuerza tan peregrinas como que los inmigrantes pagaran las futuras pensiones de los aborígenes. Una argumentación de la izquierda socialista y comunista que elude analizar las causas de un problema que, hoy en día, gracias a la demagogia ha comenzado a estallar. Pero, es que ni en los años de mayor auge económico esto fue así. En esos años, los ingresos medios por seguridad social, IRPF y otros impuestos y tasas se acercaban a los 1.470 € por inmigrante, mientras que los gastos ascendían a unos 2.500 € por diversos conceptos asistenciales y de protección social a la inmigración. El que se quiera engañar, que se engañe, pero que siga cotizando lo más que pueda para no verse arrollado por el difícil futuro que nos espera.

Durante la época de vacas gordas, el dinero corría fácilmente, un cierto laissez faire, laissez passer se concretaba en el seno de una sociedad que facilitaba el reagrupamiento familiar y subsidiaba sin cuantificar el coste de dichas alegrías. Los ayuntamientos inscribían a todos los inmigrantes que se acercaban a sus registros, sin importarles que en una misma vivienda se empadronasen veinte, treinta o cincuenta personas. Todo se permitía con tal de aumentar la población, para conseguir así mayores subvenciones del Estado. Llegados con visados de turistas, para algunos la boda con nacionales era el camino seguro que permitía, obtener más rápidamente la residencia, contando con el posterior divorcio exprés. Muchos municipios, como Reus, se obsesionaron con superar los cien mil habitantes.

Al ritmo que crecía la inmigración, muchos nacionales veían como su solicitud de ayudas de los diferentes fondos era rechazada y, con estupor, podían comprobar en las listas de agraciados una mayoría de nombres extranjeros. Año tras año, verificaban esa evidencia en las oficinas de asistencia social de cualquier ayuntamiento u organismo de su comunidad autónoma, circunstancia que, poco a poco, ha tensado la convivencia con “el diferente” llegado desde más de doscientos países. Diferentes lenguas, diversas formas de interpretar la vida se han expandido por el territorio, que ha visto como los inmigrantes, de una forma natural, tendían a agruparse por nacionalidades y a conformar guetos cada vez más cerrados, auténticas casbas organizadas y protegidas por bandas de inmigrantes que tratan de chulear de por vida a sus compatriotas y de utilizarlos de parapetos para sus actividades delictivas. Realmente, no todos pretenden integrarse.

Una convivencia ensombrecida, aún más, a resultas de los actos terroristas del islamismo radical y de la actividad delictiva de las bandas criminales de una larga cincuentena de países que operan en territorio español, como si de verdaderos ejércitos se tratara. También, hemos visto como algunos países han abierto sus cárceles y han expulsado a sus penados hacia la nueva tierra de promisión europea para que se ganen la vida como puedan. Y, en Europa, esas personas han continuado haciendo lo que sabían hacer: delinquir. Cientos de miles de españoles han sufrido ya esa actividad delictiva de todo tipo en sus propias carnes. Actividad delictiva que es de tal dimensión, que genera la impresión de una inseguridad ciudadana permanente en las casas, en las calles, en los barrios, en los centros de estudio, en los comercios o en las zonas de ocio y diversión, y que abarca todos los ámbitos criminales que acompañan siempre a las mafias: droga, prostitución, explotación laboral, extorsión o asesinatos. Todos los elementos del caldo de cultivo de la xenofobia y del racismo que encabrita, cada día más, a amplios sectores de la población autóctona.

Pero, aquí todo es distinto. Si cualquier país establecía controles a la inmigración mediante contingentes anuales, de acuerdo a sus necesidades y a su capacidad para acogerlos como personas con dignidad, en la España del acomplejado Aznar, no, y en la del desquiciado Rodríguez Zapatero todavía menos. En consecuencia, como una llamarada, se extienden los barrios marginales en los que circular por ellos se convierte para los nacionales en una verdadera aventura, incluso a plena luz del día en un buen número de poblaciones. Una vida marginal ejercida de forma endogámica que reducirá drásticamente cualquier esfuerzo de integración.

Cuando el dinero ha dejado de correr con alegría y no se necesita tanta mano de obra, se reconoce en petit comité que no puede haber papeles para todos. Con las vacas flacas, la inmigración ya es harina de otro costal y quienes la víspera defendían “papeles para todos” comienzan a recular hacia el “todos a su casa”. Así, el factor de atracción se torna factor de repulsión cuando la población percibe que aumentan los problemas de convivencia, especialmente con aquellas comunidades de inmigrantes que, superada la fase de penetración e implantación ciudadana, parecen querer actuar más en un plan de conquista y regirse por sus propias leyes, al margen totalmente de aquellas que rigen en el pueblo que los acoge. Aumenta el número de ciudadanos que, día a día, comprueban como el respeto por las costumbres no siempre es recíproco y como surgen los conflictos cuando algunos inmigrantes se especializan en exigir sus derechos y en evitar cumplir con sus obligaciones en las comunidades de vecinos, en el barrio o en el municipio.

Es en época de crisis cuando se empieza a aceptar la inmigración como un problema económico y una cuestión de equilibrio que exige unos límites. Pero, algunos prefieren mantenerse en el error sin un análisis de las causas y de las consecuencias de los actos propios y ajenos, y por temor a que se les considere autoritarios decretan una permisividad distorsionada de valores que desorienta a la ciudadanía y encubre cualquier desatino con el lavado de conciencias que realiza el marketing político. Ese es el progresismo esnob que vende la moto de un enriquecimiento cultural que para ellos no supone ningún riesgo ni amenaza. Un buenismo de clase alta para lavar su conciencia con actos e intenciones. Pero, quien sí convive con personas de perfiles y objetivos distintos a los suyos, en su relación social se puede sentir amenazada, ya que el ser humano busca entornos amigables para convivir que le den seguridad a él y a su familia. Así, quienes definen el pensamiento políticamente correcto, con su mejor intención, exigen a los demás, a los que conviven en zonas con fuerte presencia de inmigrantes, grandes dosis de altruismo que sobrepasan sus propios intereses, sin acertar a comprender sus quejas.

Más de dos lustros de inmigración incontrolada han creado un problema latente que nunca se ha afrontado con seriedad, una bomba de relojería a desactivar con la mayor urgencia y transparencia posible. Como la hipocresía del gobierno socialista se niega a reconocer el problema, Torrejón de Ardoz, Vic, pueblos de Málaga y otros municipios lo plantean aunque con un fuerte trasfondo racista y xenófobo.

Cuando los demás son los racistas

La decisión del alcalde de Vic abre el debate sobre si es aceptable o no la existencia de personas que no figuren en ningún sitio y a las que se les pueda denegar prestaciones básicas necesarias para el ser humano. En el caso de Vic, una localidad que, en los siglos X al XII, fue poblada por personas de procedencia y razas diversas, no es casual la salida de tono de su ayuntamiento, justo un mes después de la celebración del referéndum independentista, en el que los inmigrantes votaron sin DNI, porque se les prometió que obtendrían el certificado de arraigo necesario para residir en Cataluña. Sin embargo, una vez la papeleta en la urna, al solicitar su certificado se quedaban con un palmo de narices y sin la dirección del maestro armero a quien reclamar. "Votamos por Cataluña y ahora se nos expulsan" -dicen arrepentidos mientras inician el camino hacia otras poblaciones.

Evidentemente, la legalidad es consustancial con un régimen democrático, pero, si los primeros obligados a cumplir las leyes las incumplen, la autoridad se resiente y pierde credibilidad, y crea un precedente que habilita a cualquier ciudadano al incumplimiento sistemático de la ley. No obstante, a pesar de la existencia de un documento de recomendaciones de la Taula d’Inmigració i Ciutadania, formada por el gobierno de la Generalidad y los municipios, un informe del bufete de Roca Junyent apuntalaba las tesis del alcalde de Vic e indicaba que “ha tenido un comportamiento ajustado a las más estricta y fiel interpretación de las normas legales aplicables e, incluso, a las normas comunitarias sobre exigencia, efectos y características de los visados emitidos por los Estados miembros de la Unión Europea”. El alcalde de Vic, indica al ministro del Interior, que “en estricto cumplimiento de la legalidad, este ayuntamiento, en aplicación de aquello que dispone el art. 25 de la Ley 4/2000 de 11 de enero que regula los Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social se establece una distinción entre los extranjeros procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea y aquellos otros que lo hacen de países terceros, es decir, no pertenecientes a la Unión. Para estos últimos, en estricta aplicación y respeto por lo que establece el apartado 2 del mencionado artículo 25 de Ley 4/2000, es preciso que el pasaporte se acompañe del perceptivo visado”. El ayuntamiento solicita al ministro cuáles son las normas legales, internas y comunitarias, que resulten de aplicación.

Una iniciativa criticada por el Consejo General de la Abogacía Española por vulnerar los derechos de los extranjeros, quien advierte que “podría llegar a incurrir en infracción de algún precepto de la legislación penal”. La Ley de Extranjería expresa que: “Los ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información relativa a los mismos”. La Ley de Bases del Régimen Local prescribe que: “Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año”.

Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la postura del ayuntamiento de Vic es “una barbaridad y una medida ilegal, que podría ser motivo de delito” al vulnerar la Ley de Extranjería, que liga derechos fundamentales al empadronamiento, y la Ley de Bases del Régimen Local. Para los constitucionalistas, el padrón es un documento de hecho, no de derecho, en el que deben figurar absolutamente todos los residentes que vivan en un municipio”. Incumplir la ley vulneraría derechos recogidos en el Convenio de Derechos del Niño, por lo que se incurriría en un delito tipificado en el Código Penal. Para el Colegio de Abogados de Madrid, “en sentido civil, no administrativo, cualquiera persona independientemente de su situación administrativa, irregular o regular, tiene derecho y deber de estar empadronado”. ¿Una inmigrante ilegal podrá dar a luz en un hospital? ¿Podrán los niños ilegales asistir a clases en un colegio?

Sin ningún rubor, algunos nacionalistas mezclan sentimientos y elementales razonamientos para disfrazar su fondo xenófobo, que les hace indiferentes al sufrimiento del prójimo. Un nacionalismo, carcomido por treinta años de corrupción, que se ha acostumbrado a reprimir y sancionar a quien discrepa de su pensamiento único, que se parapeta en sus lenguas vehiculares y en pretendidos derechos históricos para ocultarnos su verdadero rostro de intolerancia y xenofobia. Con tal particular jeta, este nacionalismo acaba por no admitir ninguna discrepancia ni crítica, incapaz de argumentar pasa por el insulto al contrario hasta llegar a la amenaza, virtual o no, y de la amenaza letal a la agresión física. Hoy, izquierda y nacionalistas se pelean por dominar un discurso racista que les puede atraer, temporalmente, miles de votos en próximas elecciones.

La inmigración, como tema de Estado, exige un tratamiento serio, sin demagogia, que conduzca al acuerdo político y social en pos de una posición común de toda la sociedad, cuyo ADN es el producto genético de mestizaje de varias generaciones. No podemos olvidar que somos un país donde millones han sido emigrantes y otros muchos continuamos siendo inmigrantes; pero que, ante todo, se es persona con derechos y obligaciones. Al inmigrante no se le puede dejar abandonados a su suerte y al viento de la exclusión social por mucha situación administrativa de irregularidad o ilegalidad en la que incurra. No se les puede relegar injustamente cuando estorban, ni cuando crean roces étnicos, de culturas y religiones.

Es la hora del sentido común, de la solidaridad, de la flexibilidad en las relaciones con los inmigrantes para ver en ellos un hermano, alguien no ajeno a uno mismo, de ver en el inmigrante al Cristo de nuevo crucificado; pero, también, es la hora de no hacer el primo, de no dejarse avasallar por las geoestrategias de aquellos bloques mundiales que buscan, con la desintegración de España, la reconstrucción de su particular imaginario irredento y la utilización de los inmigrantes como su particular carne de cañón, y a la izquierda y a los nacionalismos como su especial caballo de Troya.

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El 12 del 12 a las 12

Las dos centrales sindicales, total y absolutamente dependientes de las ayudas del Gobierno, han decidido manifestarse contra el empresariado español el día 12 del mes 12 a las 12 horas.”

CCOO y UGT dicen contar con 2,2 millones de trabajadores; es decir, un afiliado por cada 17 españoles mayores de edad. Estableciendo una cuota media mensual de unos 10,50 €, en teoría, ingresarían 20 millones de euros al mes, a los que habría que añadir los ingresos provenientes de las subvenciones públicas. Para cuantificar estas ayudas sólo hace falta acudir al BOE y a los diversos boletines oficiales de Comunidades Autónomas y de Provincias para saber qué nos cuestan las organizaciones sindicales y las empresariales a los ciudadanos de este país. Miles de millones de euros se van perdiendo por esta vía, que no parece tener fondo.

Muchos de los dirigentes de estas centrales sindicales son miembros de los consejos de administración de empresas públicas estatales y autonómicas, como RENFE o la mayoría de las Cajas de Ahorro y la totalidad de los organismos autónomos y comités de las diversas administraciones públicas, en donde suelen percibir sueldo y dietas por una participación muy limitada. En RENFE, los consejeros suelen cobrar una media de 22.000 euros anuales. En otros casos, CCOO y UGT se turnan para relevarse en el consejo, como en Arcelor-Mital. Estos dirigentes, con un promedio de edad de unos 55 años, tuvieron una intensa actividad callejera en los setenta, se fueron incorporando en los ochenta y noventa a puestos intermedios y altos, para ya en este siglo escalar a los Consejos de Administración de las grandes empresas.

La dirigencia sindical ha establecido, a su vez, todo un entramado de empresas con las cuotas de sus afiliados y las ayudas estatales y autonómicas. Paradójicamente, ni CCOO ni UGT disponen de ninguna Caja de Resistencia y Solidaridad para ayudar a sus afiliados en los supuestos de huelga y conflictos laborales. Sus afiliados quedan expuestos así a la intemperie en la lucha sindical. A pesar de ello, ambos sindicatos constituyen empresas habitualmente relacionadas con el mundo de los servicios como seguros, editoriales, actividades sociales, de formación, de promoción y gestión de viviendas. También, participan en empresas ya constituidas en las que las están representadas en el accionariado y en las áreas de decisión. Esta red de empresas genera una oferta que convierten a los afiliados en sus clientes preferentes, sin hacer ningún asco para la búsqueda de otros clientes ajenos al mundo sindical. Eso sí, estas empresas muestran un bajísimo índice de ocupación.

Prueba de ello, es que en los actos o congresos de CCOO y UGT está omnipresente el stand y carteles del grupo asegurador europeo Atlantis, que suele tener sus oficinas en las sedes de ambas sindicatos. CCOO, que participa desde 1996, tiene un 5% del capital de Atlantis Vida y el 20% del accionariado de Atlantis Asesores, dedicada a asesorar, mediar y consulta en productos de seguros colectivos como planes de pensiones privados, seguros de vida y compromisos de pensiones. UGT, que participa desde 2006, tiene un 20% del accionariado de ASP Atlantis, constituida como agencia de seguros exclusiva que maneja los productos de Atlantis Seguros y Atlantis Vida, del que dispone un 5% del accionariado. UGT participa con un 20% de acciones en la correduría ASP. Para no alargarme más, mencionaré la actuación de CCOO y UGT en los fondos de pensiones de los trabajadores, por ejemplo de la Generalidad de Cataluña, que son gestionados por La Caixa, con representación de la Generalidad y de ambos sindicatos. De momento, el valor actual de las participaciones de los trabajadores en estos Fondos es muy inferior al valor ingresado por el conjunto de los trabajadores, resultando muy sintomático, que otros Fondos de la misma entidad bancaria hayan mostrado, en el mismo período, una tendencia al alza. Y estos sindicatos, ni palabra.

La marcha de Madrid

A pesar de los cuatro millones de parados reconocidos, uno más si se contabilizan a todos aquellos desempleados que el INEM no considera parados, los sindicatos CCOO y UGT no dirigirán sus críticas a la política económica y laboral del Gobierno. Ni aún a sabiendas que, después de seis meses de haberla solicitado, miles de parados acogidos a la subvención de los 420 euros no la han percibido todavía.

La obsesión sindical la dirigen hacia un sector empresarial, en el que, cada día, quinientas personas han de cerrar las puertas de sus empresas. Amenazan con un mensaje implícito en varias direcciones y defienden que la manifestación es “para dar a conocer más y mejor los planteamientos sindicales” y que “no aceptaran pérdidas en los derechos de los trabajadores”. Proponen legislar sin tener en cuenta las propuestas empresariales ni las recomendaciones de reforma de la OCDE, europeas o del Banco de España. Combatirán toda solución ventajista para los empresarios y quieren soluciones concertadas en mejores condiciones.


Sin embargo, en estos años, han sido miles los casos en que la dirigencia sindical de CCOO y UGT se ha opuesto sistemáticamente a las denuncias de sus delegados sindicales y afiliados de base contra la corrupción en empresas, instituciones y administraciones públicas. Han tratado de minimizar los casos descubiertos, de paralizar las acciones emprendidas, de allanarse ante las presiones políticas, de negar sus consecuencias así como de ocultar cuantos delitos se podían imputar a los gobiernos de izquierda y nacionalistas. Y en centenares de casos han ejercido el simple acoso psicológico sobre los afiliados que han considerado irreductibles en esta lucha, a quienes se les llega a quitar las horas de liberación para su acción sindical. La venta de sus propios afiliados ante las direcciones de empresas, instituciones y administración pública se ve compensada económicamente y con la contratación de parientes de los “hábiles negociadores sindicales”.

Para asegurarse el éxito de la manifestación, desplazarán a Madrid, de forma gratuita y con una dieta de 30 € por manifestante, a unos doscientos mil trabajadores. RENFE cederá 32 trenes especiales, con cafetería, a las centrales que desplazaran unas treinta y cinco mil personas. El aliciente para muchos será el viajar gratis en el AVE. Más de mil autobuses proporcionaran más de sesenta mil manifestantes y esperan que el cinturón industrial de Madrid aporte el resto. Nunca sabremos el coste real de este evento que acabaremos pagando todos.

Uno, que, durante la clandestinidad, llevaba dinero para ayudar a las huelgas de los compañeros de otras empresas y de otros territorios de España, y se pagaba los desplazamientos de su bolsillo, mira con tristeza en lo que ha degenerado este tipo de sindicalismo. Un sindicalismo que ya es uña y carne con el “sindicato de la ceja”; es decir, con aquellos titiriteros que viven en pos de las subvenciones públicas y de utilizar la SGAE como si fuera El Hombre del Frac, el recaudador de morosos.

Conmigo que no cuente la gente de esta ralea.

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Premio Fierro Botas a Javier Cubero

Premiada la obra “Del romanticismu al rexonalismu: escritores carlistes na lliteratura asturiana”

El Ayuntamiento de Gijón ha concedido el segundo premio de ensayo y trabajos de investigación “Fierro Botas” al amigo Javier Cubero, un gijonés de 23 años, por su obra “Del romanticismu al rexonalismu: escritores carlistes na lliteratura asturiana”.


El autor, que aquí vemos interviniendo en el acto carlista de Montejurra 2006, ha sido candidato carlista por Asturias en diversas elecciones, ha publicado artículos en asturiano en diversas revistas culturales y sobre temas de historia contemporánea, acomete en la obra ganadora un estudio “a medio camino entre la investigación y el ensayo”, que se centra en los escritores en asturiano carlistas y regionalistas de los siglos XIX y XX, y en su contexto ideológico y político.

Javier Cubero explica a La Nueva España que «Hay escritores en lengua asturiana, de afiliación carlista, destacados en esa época, como Xuan María Acebal o Enrique García-Rendueles. Desde los años 80 del siglo pasado se han realizado varios trabajos de investigación que iniciaron el camino hacia la recuperación de la obra de estos autores. Pero todos estudiaban a algún autor de forma aislada, hasta ahora no había ningún estudio de síntesis, que es lo que he realizado yo; estudiarlos como grupo, porque tenían un proyecto literario distinto a otros escritores en asturiano de la misma época».

Especial tratamiento recibe la figura del carlista Xuan María Acebal (1815-1895), el que en su tiempo fue considerado el príncipe de los poetas asturianos por su rigor lingüístico y su valor literario, y que da nombre al Premio anual de Poesía convocado por la Conseyería de Cultura del Principáu d'Asturies. Exiliado en Francia después de la Tercera Guerra Carlista, volvería años después a su tierra. Fue el primer autor en lengua asturiana que huyó del tópico del campesino para narrar hechos vistos y vividos por él. Ganaría múltiples premios, como los de la Mocedá Obrera Católica. A la poesía de carácter descriptivo o narrativo, él añadirá la lírica. Aunque sin una obra extensa dejó once poemas asturianos, tres traducciones de Horacio, cuatro poemas en español y uno en italiano. (Ver http://partiucarlista.blogia.com/2006/112803-acebal-el-principe-de-los-poetes-asturianos.php)

La diferencia del estudio de Javier Cubero respecto de otros anteriores radica en la distinta concepción de la lengua asturiana como vehículo de Cultura, así para este autor «Otros autores concebían un uso costumbrista del asturiano, pero no contemplaban su uso en temas de alta cultura». Por eso, en su obra Javier Cubero analiza a aquellos escritores que «apostaban por el uso del asturiano en la alta cultura. Algunos de ellos tradujeron obras de autores clásicos grecorromanos al asturiano, por ejemplo».

Además de poner en relación a una serie de autores, Javier recompone su contexto ideológico y político, aproximándose en su análisis al Partido Carlista de Asturias y a las corrientes del romanticismo europeo. Para Cubero, es característica esencial del carlismo, a lo largo y ancho de las Españas, su apoyo a la recuperación de las culturas autóctonas en cada parte de España, no constituyendo Asturias ninguna excepción. «Eso es algo muy similar a lo que pasó en otras partes de Europa, dentro del romanticismo, que compartía la misma cosmovisión cultural, como en el regionalismo bretón, concluyó el joven carlista Javier Cubero, a quien felicitamos desde estas páginas por su merecido éxito.

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