Despidiendo al Tripartito

Se va acabando el tiempo de la campaña electoral en Cataluña. Si hemos de hacer caso a los resultados previstos en todas las encuestas publicadas hasta la fecha, el tripartito dejará el Palacio de la Generalidad a partir del 28 de noviembre de 2010. Los movimientos de aproximación de personajes del PSC, ERC o ICV hacia CiU, y otros partidos han sido evidentes en el último año y medio. En este período, la sustitución de cargos en la Generalidad ha sido constante así como la realineación de los salientes en busca de mejores expectativas de futuro.

Imagen de los candidatos que participaron en el debate del día 22 de noviembre. El resto de candidaturas son invisibles.

Con la llegada del Tripartito en 2003, miembros de CiU, preferentemente aquellos sin oficio ni beneficio, se situaron en la órbita de ERC o PSC para recibir algún que otro carguillo, en Cataluña o en Madrid, que les hiciera más pasajera su travesía del desierto.

Los diferentes gobiernos de CiU y del Tripartito han tenido un nexo de unión: las mismas redes de tráfico de influencias y de corrupción que, montadas en la época convergente, han sido útiles al nacionalsocialismo catalán, que las ha corregido y aumentado.

Desde presidencia de la Generalidad o desde Fomento Nacional del Trabajo, insisten en la discriminación de Cataluña en las inversiones del Estado, y lo repiten hasta convertirlo en verdad absoluta y oficial. Si Jordi Pujol toca el tema de las inversiones, Montilla habla del desafecto de Cataluña por España. A partir de aquí, cualquier ineptitud cometida por personas concretas, cualquier motivo sirve para reclamar la independencia, sean las obras del AVE, sean los retrasos de los barceloneses en llegar al trabajo. Pero, tras el hundimiento del barrio de El Carmelo nadie pidió suprimir la autonomía municipal o regional por el desaguisado, ni por el asunto del 3% de comisiones, ni por los casos del Palau o Santa Coloma con todas sus ramificaciones. Callan como putos.

No solamente callan, sino que el conjunto de las administraciones públicas catalanas manipulan abiertamente los datos sobre el número de personas que dependen de ellas. Una maraña de mil empresas publicas, con sus correspondientes consejos de administración, que se unen a cientos de empresas mixtas (públicas-privadas) y a miles de empresas privadas que trabajan, prácticamente en exclusiva, para el sector público. Empresas privadas que al ganar sus concesiones, convenios y conciertos han de subrogarse el personal que tenían adscrito las anteriores empresas que prestaban los servicios. Incluso, en la actividad de mantenimiento, son empresas privadas las que gestionan las contratas y subcontratas de los trabajos permanentes a realizar para el sector público. Una maraña para ocultar las verdaderas tasas de ocupación pública catalana, casi idénticas a las presentadas por Extremadura y Andalucía, de las que tanto despotrican nacionalistas e independentistas catalanes.

Gestión contradictoria del tripartito

La gestión de gobierno desarrollada por la tristpartida, de PSC-ERC-ICV, durante las dos últimas legislaturas queda perfectamente descrita con el ejemplo de la consejería de Salud. Es de justicia reconocer que la herencia recibida de CiU fue un sistema sanitario en declive, que requería un impulso ante los nuevos retos tecnológicos, que necesitaba aunar esfuerzos económicos y una mayor aproximación a la sociedad para evitar su quiebra técnica.

La consejera socialista, Marina Geli, declaraba, recientemente, en la sede del PSC, que: "Hemos tenido que reconstruir el país, hemos sentado los fundamentos sólidos para el futuro". Ella misma destacaba sus logros: el Plan de Salud de Cataluña, el Mapa sanitario, socio sanitario y de salud pública, todos los planes directores sobre enfermedades y los planes estratégicos sobre diferentes ámbitos asistenciales, y el Plan de Innovación en Atención Primaria y Salud Comunitaria. También, el haber reforzado el papel de aseguradora pública del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y el haber descentralizado la Administración sanitaria con la creación de 37 gobiernos territoriales de salud, en los que Generalidad y ayuntamientos comparten competencias y cuentan con la participación de ciudadanos y entidades proveedoras.

Pero, no todas estas afirmaciones sobre los logros del tripartito son ciertas, ya que desde los años 90 los Planes de Salud y los mapas sanitarios constituían una tarea permanente de la Consejería de Salud. Ni la continuidad del CatSalut se puede considerar un éxito, puesto que, en petit comité, reconocen que es una superestructura heredada de CiU, inútil, innecesaria, reiterativa y costosísima. Asimismo, evitan catalogar de inútil la creación de los 37 gobiernos territoriales porque crea cientos de cargos redundantes como prebendas para gente con carné. Estructuras para permitir a los amigos disponer de sueldos, que son tres o cuatro veces superiores a los correspondientes de la función pública. Es decir, el tripartito mantiene y acrecienta un dispendio absolutamente inútil que produce toda clase de distorsiones en la gestión pública de la salud.

Marina Geli no ha resistido la tentación de colocar en la Web de su departamento imágenes en defensa de la pederastia, una de las muchas sombras de su gestión

Sin duda, una gestión con alguna luz e infinitas sombras. En sus siete años de liderazgo de la sanidad en Cataluña, Marina Geli ha abierto debates de sensibilidad sectorial enmarcados en su animadversión hacia el derecho a la vida de los más débiles, sean éstos nasciturus, enfermos terminales o ancianos. El aborto, quirúrgico y químico, y la eutanasia han constituido dos de sus ideas obsesivas, cuyos resultados se verán en el medio y largo plazo. También, como heredera de la generación del mayo del 68, se ha mostrado defensora acérrima de la pederastia, tal y como se refleja en la Web del departamento de Salud. De la misma forma que ministerios de Industria y Cultura del gobierno de Rodríguez Zapatero, han subvencionado millonariamente videos y series en defensa de la sodomía, de la zoofilia y de la violencia extrema.

Una gestión que, sin cuestionar nunca la coexistencia costosísima de la Consejería de Salud, el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y el Instituto Catalán de la Salud (ICS), pretendía adelgazar la Administración y poner orden en la sanidad catalana. Pero, la realidad ha sido otra muy diferente. En el ámbito sanitario catalán y mamando del presupuesto público sobreviven el propio Departamento de Salud, el CatSalut, el ICS, entidades autónomas administrativas, entidades de derecho público, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones privadas que, en 2010 se repartirán 24.912,33 millones de euros, de los que 14.735,67 millones serán gastos a consolidar, transferencias internas y otros flujos de recursos que se producen entre todas estas entidades. Tan sólo recordar que, desde su inicio, la consejería de sanidad ha dispuesto de un Gabinete o Consejo asesor del consejero o consejera con un presupuesto equivalente al de tres o cuatro departamentos de la Generalidad. Así, se puede comprender cómo se creó la que se denominó “deuda histórica de la sanidad catalana” que, en el primer año de gestión autonómica, ya representó un montante de más de 50.000 millones de pesetas, sin que se prestara un solo servicio más de los catalogados en la etapa anterior.

Una gestión plagada de numerosas irregularidades reseñadas por la Sindicatura de Cuentas, como las del nuevo Hospital de San Juan Despí o las del Sistema de Emergencias Médicas. Una gestión que ha planteado muchas dudas en su intervención sobre el sector privado, como en la mutualidad La Alianza y en otros casos. Una gestión que ha sido encausada por un buen número de juzgados de Cataluña, que ha significado indemnizaciones millonarias y la rectificación de las actuaciones del gobierno catalán.

¿Cómo ha podido la Generalidad catalana llegar a este descontrol?

De una forma sencilla, gracias a las leyes catalanas LOSC de 1990 y de 1996, reforzadas por la Ley 15/97, que permiten el ánimo de lucro en la gestión de la salud pública. La Consejería de Salud da dinero a empresas para que gestionen la sanidad. Si hay beneficios, se los quedan las empresas. Así se fuerza a las empresas a recortar plantilla en hospitales y centros de primaria, a subcontratar compañías para que gestionen servicios por un importe menor y con una menor calidad. Si existen pérdidas (Hospital General de Cataluña, Hospital oncológico Duran i Reynals…), quiebras o si el sr. Millet, de Agrupació Mútua, se lleva 70 millones de euros, éstos importes los pagan los contribuyentes de toda España porque el gobierno ha de asegurar, constitucionalmente, los servicios sanitarios a los ciudadanos.

A mayores gastos, mayores necesidades de recaudación. En los últimos cuatro años, la obsesión del tripartito catalán por encubrir la privatización y encarecer la sanidad le ha llevado a plantear ya no sólo el co-pago, sino el mega-pago. Es decir, pagar varias veces por recibir atención sanitaria. Una vez mediante las cotizaciones de trabajadores y empresarios a la Seguridad Social, otra a través de impuestos generales, otra a través de recargos en los impuestos (tasa sanitaria catalana en los carburantes), otra al acudir al CAP u Hospital, otra al acudir a la farmacia para que le dispensen los medicamentos recetados. Un dinero de los impuestos que, con el modelo sanitario catalán, acaba financiando no la sanidad pública, sino negocios de empresas públicas-privadas, consorcios, hospitales-fundaciones, EBAs y todas las otras maneras de pasar el dinero público a bolsillos privados a través de “relaciones de confianza y poder”. Negocios que, a pesar de utilizar dinero público, se regulan por las leyes mercantiles fuera del control del Parlamento y de los ciudadanos. Sin control de ese dinero público, la sanidad “pública” queda controlada por unos cuantos empresarios.

Pagadas con dinero público se desarrollarán las campañas a favor del mega-pago. En su estrategia, el Departamento de Salud buscará el consentimiento de asociaciones de enfermos, subvencionadas generosamente, y se apoyará en la publicidad y artículos en los medios de comunicación para combinar palabras como: eficiencia y eficacia, financiamiento insuficiente, el disparo del gasto, sostenibilidad económica, reformas, nuevo sistema de financiación, racionalización, medidas de corrección, priorizar, progresivamente, de manera gradual, transparente y transparencia, información accesible, corrección, plan de sistemas coherente, utilización racional.

Una gestión privatizadora que traspasará al próximo ejecutivo de la Generalidad un déficit sanitario de 500 millones y una deuda de 1.268 millones que acumulan los centros concertados. Maria Geli deja pendiente las guerras judiciales por la integración forzosa del cupo y zona y la jubilación obligatoria a los 65 años en el Instituto Catalán de la Salud. Un legado que dejará en el aire el intento de regular las medicinas complementarias.

Una campaña con mucho estiércol y pocas ideas

Después de treinta años de gobiernos nacionalistas, mucho se ha hablado del oasis catalán y de su normalidad. Pero, Cataluña necesita de la aportación de todos para su gobernabilidad, no puede admitir más Pactos del Tinell, por el cual un partido o una coalición política puedan dejar a gran parte de la población fuera de su acción de gobierno.

La sociedad demanda a los líderes políticos una confrontación entre personas civilizadas y a los candidatos una exposición clara de las distintas propuestas, la argumentación de sus opiniones y sostener una determinada política utilizando medios dialécticos y razones fundadas, y respetando al adversario. La mayoría de la ciudadanía pasa de esas promesas de difícil cumplimiento, de regalos y de utopías sociales y quiere que, gobierno e instituciones, encaren la crisis y el paro, así como los verdaderos problemas del día a día.

Pero, en su deriva, los partidos pretenden obtener ventajas políticas sin conservar las formas y convencer al elector del peligro del adversario con el ataque directo, el ensañamiento sectario, el insulto, la descalificación indiscriminada y la imputación gratuita, y el recurso doloso a triquiñuelas, trampas, embustes, calumnias, injurias y demás malas artes para, sin fundamento alguno, distorsionar la imagen del contrario, atentando, incluso, contra su honra, su credibilidad, su capacidad y preparación personal. Una táctica electoral que conduce a la cada vez menor asistencia a mítines, a donde sólo acuden los convencidos y los deseosos de ser soliviantados con la agresión y ninguneo al contrario.

Los ciudadanos, condenados a este tiempo de juego sucio y sin ética, en que se transmuta el concepto de faire play, con discursos llenos de sofismas, ausentes de toda lógica, carentes de educación y de los mínimos conocimientos exigibles a los candidatos, ven como el estiércol resuma en una Cataluña en la que es normal que se imponga por decreto ley cómo se ha de hablar, qué se ha decir y hasta qué se ha comer. Leyes dictadas para imponer el surrealismo en la sociedad y, en consecuencia, perseguir a la población hasta en sus momentos más íntimos de ocio, y a los niños en las zonas de recreo. Una población susceptible de ser sancionada por cualquier circunstancia de la vida.

¿Qué normalidad es tener que esperar a unas elecciones para que los políticos, que se oponen a la enseñanza en castellano y al derecho de los padres a elegir, hablen en castellano en Cataluña? ¿Por qué recuperan el castellano, en proceso electoral, quienes obligan a rotular los comercios en catalán y sancionan al disidente? ¿Qué normalidad es llamar anticatalán, a quien se opone al totalitario pensamiento único nacionalista? ¿Qué normalidad es llamar xenófobos a quienes plantean la necesidad de regular la inmigración de acuerdo con las disponibilidades del país y con su capacidad de garantizar derechos y de exigir deberes, que protejan a los inmigrantes dispuestos a integrarse? ¿Por qué no se admite la existencia de problemas de convivencia derivados de aquella inmigración que no quiere integrarse? ¿Por qué no se preguntan por los grupos de presión de inmigrantes, infiltrados por agentes de regímenes no democráticos, que fomentan la creación de guetos donde aplicar sus propias leyes al margen del Estado, y que, entre sus objetivos, tienen la desintegración de España y el mantenimiento de actitudes cada día más provocadoras? ¿Se ha de esperar al estallido social para analizar el problema? ¿Se ha de continuar permitiendo los desmanes de quienes han tomado España como territorio para sus operaciones delictivas y que se agrupan para asaltar, asesinar, atracar al común de los ciudadanos y que cuestionan la eficacia de nuestro sistema policial y penal? ¿Qué país no toma medidas efectivas para regular a cuantos lo habitan sin dejarlos en la más absoluta ilegalidad? ¿Hemos de esperar a que se desarrollen actitudes racistas que se contrapongan al crecimiento exponencial de estos desmanes? ¿Hasta cuándo hemos de confundir los términos y hacer de esta cuestión un tema tabú?

No obstante, podemos reconocer a cualquier político capacidad de trabajo e, incluso, inteligencia política, pero no por ello hemos de compartir sus modelos de sociedad cerrada y mesiánica, ni mucho menos su grosera propaganda política sexista, ni sus exabruptos.

En esta campaña, el maniqueísmo de la izquierda, adobados de un color más rosa que rojo, muestra en sus mítines una oratoria parvularia, que se contrapone con la edad media de sus adeptos, ya entrados en años y en carnes gracias a las subvenciones recibidas y a los recortes realizados a los demás. Hablan de soluciones en plan genérico, pero no aportan ni una solución práctica viable.

El maniqueísmo nacionalista descubre, ahora, después de más de treinta años en el poder, que la gente está falta de confianza y desmoralizada, con la relación con el resto de España está degradada, y pide el voto útil, para apoyar a sus emprendedores, verdadero modelo de especulación más que de producción, salpicado de tráfico de influencias y de tramas de corrupción. En su lógica, el nacionalismo catalán no admite que puedan existir las mismas instituciones, las mismas competencias, las mismas aspiraciones para todas las autonomías. En su pretensión, imponen la división de clases autonómicas, puesto que para ser ellos más, los demás han de ser menos. Y cuando acuden al victimismo, la sociedad española debe distinguir entre lo que es Cataluña y lo que es esa excrescencia llamada nacionalismo catalán, que altera su textura y naturalidad, y cuyos intereses son bien divergentes.

El maniqueísmo independentista, en la versión de ERC aporta la idea del referéndum, en las de SI y Reagrupament la declaración unilateral de independencia. Independencia tomada como piedra filosofal que, por arte de birlibirloque hará desaparecer todos los problemas y dará paso a un milenio mágico. Las declaraciones de los líderes de ERC, de SI, de Reagrupament, y de la propia CiU nos brindan, con crudeza, la posibilidad de comprobar la estupidez, el ansia de insolidaridad nacionalista, egoísta por naturaleza. Ellos mismos resumen sus intereses en "la pela" y el coche oficial, y en recurrir, a la primera de cambio, a toda clase de ayuda de los demás.

Con estos elementos pretende Joan Laporta llegar a presidir la Generalidad

¿Cómo se puede continuar diciendo que Cataluña paga más impuestos que el resto de las comunidades de España? ¿Son acaso los impuestos pagados por las comunidades autónomas? O, ¿más bien, son pagados por personas físicas y jurídicas? ¿No están sometidas todas las personas a la misma legislación tributaria, salvo la excepción de los regímenes forales? Evidentemente, la legislación básica, condicionada por las directivas europeas, es idéntica para los sujetos pasivos obligados. Otra cosa serán los recargos fiscales impuestos por los gobiernos autonómicos o, entre otros, por los ayuntamientos.

Solamente, nacionalistas e independentistas, que actúan como oráculos de Cataluña, pueden sostener semejante patrañas y lanzarlas como consignas para que sean repetidas, cual jaculatorias, por una parte de los ciudadanos de Cataluña. Pues, sólo ellos disponen de la verdad revelada, por supuesto, en catalán. Pero este delirio adquiere notas preocupantes cuando identifican la pasada dictadura con quienes la sufrieron política y económicamente, y cuando pretenden presentarse como enemigos acérrimos de aquella quienes más se enriquecieron, más prosperaron y más se engrandecieron con ella. Precisamente, aquellos que siguen haciendo de la institución del caudillismo, el punto básico de su ideología, en el que confundir pueblo, partido, nación y jefe.

Concurre a las elecciones, también, un sector político no nacionalista que no está por la labor de imponer un monolingüismo catalán, como hacen aquellos nacionalistas e independentistas que llevan sus hijos al Liceo Francés, al Colegio Alemán, a la Escuela Británica, donde no existe la inmersión en catalán. Ni que, tampoco, está por el lavado nacionalista del cerebro desde la escuela y a través de los medios de comunicación. Pero, es un sector que sí que está por dar soluciones concretas a problemas concretos. Un sector que recibe toda la agresividad, las amenazas y los atentados de quienes tratan de imponer su pensamiento único en Cataluña.

Para cualquier organización que se pretenda solidaria, por seriedad y coherencia con las propias esencias, cuando la crisis no permite profundizar en la solidaridad, lo que no hará será alentar la insolidaridad. Los no nacionalistas han manifestado en múltiples ocasiones que no se puede reclamar todo el autogobierno y cuando el gobierno catalán genera problemas exorbitados y gastos, a veces injustificados, exigir que lo resuelva el Estado. Denuncian que el modelo nacionalista catalán ha supuesto la decadencia en liderazgo, libertades e imagen de Cataluña.

Frente al clientelismo y la manipulación política de esta campaña hemos de recuperar la idea y la actitud de servicio al interés general, encauzar su supremacía frente a los intereses corporativos y sectoriales.

Pero, tristemente, quienes pretenden el poder en Cataluña no les importa lograr mayores resultados y beneficios para la sociedad, ni les interesa saber qué acciones han de reforzar para resolver un problema. Ni se plantean la transparencia y la honradez en el manejo del presupuesto, ni el orden y la disciplina en el gasto público, pero hablan por los codos de la eficiencia y la eficacia en el trabajo de la función pública. Cataluña, tras el 28-N, quedará nuevamente sometida a las redes de tráfico de influencias y a las redes de corrupción tejidas en treinta años de nacionalismo, son los mismos perros aunque lleven diferentes collares.