8-J, contra la impostura política y sindical
El planteamiento de la huelga contra el Zapatazo es la culminación de la impostura de la izquierda política y de la oligarquía sindical. Ni los dirigentes del PSOE, ni el resto que se intitula de izquierdas, ni la dirigencia de CCOO y UGT han dicho verdad sobre la función pública. Sin preguntar a nadie decretan una huelga de funcionarios, que plantean como preámbulo de una huelga general concebida como maniobra de distracción masiva para introducir de soslayo, en verano y coincidiendo con el mundial de Fútbol, la reforma laboral. Otro contubernio más de gobierno, patronal y sindicatos del régimen.
"¡Cómo se la hemos colado a los funcionarios, a los pensionistas, a los parados, a las madres y a las personas dependientes! ¡Y lo que nos vamos a ahorrar con la huelga del 8-J!"
Acumulan mentira sobre mentira. Mentiras de un aparato socialista que lo invade todo y que utiliza el Estado con fines partidistas y sectarios. Mentiras de unos sindicatos que días antes de preparar todas estas movidas reciben trescientos millones de euros para “gastillos”. Recordemos que Cándido Méndez cena, habitualmente, los viernes con Rodrígiez Zapatero en Moncloa. Mentiras que son continuos globos sonda para valorar el estado de ánimo de la sociedad española, para desfogarla con huelgas y manifestaciones, para cansarla con las componendas secretas de “gobiernos y interlocutores sociales” que exigen sacrificios cuando ellos no reparan en gasto alguno con el dinero de todos. Tras cada una de estas maniobras, miles de trabajadores honrados que sí dan la cara en el lugar de trabajo se alejan asqueados de los tejemanejes sindicales.
El 12 de mayo, ZP anunció drásticas medidas para reducir en 15.000 millones de euros el déficit público. Entre otros recortes, destacan éstos: funcionarios (3.000 millones en el segundo semestre 2010 y 7.000 millones en 2011), embarazadas pendientes del cheque bebé (1.200 millones), pensionistas (1.500 millones), personas dependientes (670 millones), ONG,s (600 millones), Farmacias (1.350 millones), I+D (600 millones), inversión pública estatal (6.045 millones), Comunidades Autónomas y Entidades Locales (1.200 millones).
"Un triste Zapatero presenta su decretazo"
Ese mismo día del anuncio de rebaja de sueldos de los funcionarios en 2010, y de su congelación salarial en 2011, en el Congreso de los Diputados, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba ayudas y subvenciones en 2010 por un importe de 10.491.900 euros, que se detallan así: 800.000 euros para la elaboración de planes de igualdad en pymes y otras entidades; 6.789.340 euros para ayudas a la danza, lírica y música; 2.902.560 euros de subvención para desarrollar programas innovadores para integrar inmigrantes en municipios, mancomunidades y comarcas.
El día 14 de mayo en su entrevista con CCOO y UGT, Rodríguez Zapatero, tras dos horas y media, no conseguía convencer a los sindicatos de la idoneidad de sus medidas para reducir el déficit. En la posterior rueda de prensa, Méndez (UGT) y Toxo (CCOO), decretan la huelga de los funcionarios para el dos de Junio en una convocatoria conjunta, más tarde pospuesta al día 8 de junio.
Posteriormente, el gobierno convalidó en el Congreso su Decretazo, por un voto y gracias a la abstención de CiU, CC y UPN. Gobierno y CCAA arremeterán para bajar el sueldo a sus funcionarios y subir impuestos como los de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados o los de matriculación de vehículos más contaminantes. Poco de simplificar realmente la administración pública, de reducir ministerios y consejerías, de eliminar servicios duplicados, de reformar sistemas hipertrofiados excesivamente gerenciales y burocratizados que generan gastos absurdos. Nada de fórmulas para reactivar la economía, incentivar sectores productivos o favorecer intercambios comerciales.
El día 14 de mayo en su entrevista con CCOO y UGT, Rodríguez Zapatero, tras dos horas y media, no conseguía convencer a los sindicatos de la idoneidad de sus medidas para reducir el déficit. En la posterior rueda de prensa, Méndez (UGT) y Toxo (CCOO), decretan la huelga de los funcionarios para el dos de Junio en una convocatoria conjunta, más tarde pospuesta al día 8 de junio.
Posteriormente, el gobierno convalidó en el Congreso su Decretazo, por un voto y gracias a la abstención de CiU, CC y UPN. Gobierno y CCAA arremeterán para bajar el sueldo a sus funcionarios y subir impuestos como los de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados o los de matriculación de vehículos más contaminantes. Poco de simplificar realmente la administración pública, de reducir ministerios y consejerías, de eliminar servicios duplicados, de reformar sistemas hipertrofiados excesivamente gerenciales y burocratizados que generan gastos absurdos. Nada de fórmulas para reactivar la economía, incentivar sectores productivos o favorecer intercambios comerciales.
¿Tenía política social Rodríguez Zapatero?
Con su política de despifarro, José Luís Rodríguez Zapatero ha hipotecado el futuro de todos los españoles. En resumen, entre sus mentiras e improvisaciones, además de fomentar el odio y la división entre los españoles, ha sido incapaz de afrontar la burbuja especulativa con su gran y dosificada política de:
- Eliminación de la deducción fiscal por compra de vivienda.
- Recorte de las pensiones de nuevos jubilados desde 2010.
- Subida del IVA al 18%.
- Rebaja de la tributación de los banqueros del 43,5 al 18%.
- Blindaje de las pensiones de diputados y senadores, incluso si no salen reelegidos, y seguro privado de pensiones complementario pagado por el Congreso.
- Creación de las SOCIMI como ventajoso mecanismo fiscal para los grandes capitales.
- Un absurdo plan E para mantener una actividad económica ficticia, que no ha servido para nada.
- Asaltar el bolsillo de funcionarios, jubilados, madres y dependientes.
- Recortar las inversiones públicas.
- Duplicar las competencias entre las administraciones.
- Practicar el Laissez-faire, laissez passer, con el mercado negro y la piratería.
- Pagar cifras astronómicas por Informes falsos redactados por amigos y organizaciones afines.
- Hacer la vista gorda ante la evasión de capitales y los paraísos fiscales.
- No molestar ni perjudicar la economía sumergida.
- Eliminación de la deducción fiscal por compra de vivienda.
- Recorte de las pensiones de nuevos jubilados desde 2010.
- Subida del IVA al 18%.
- Rebaja de la tributación de los banqueros del 43,5 al 18%.
- Blindaje de las pensiones de diputados y senadores, incluso si no salen reelegidos, y seguro privado de pensiones complementario pagado por el Congreso.
- Creación de las SOCIMI como ventajoso mecanismo fiscal para los grandes capitales.
- Un absurdo plan E para mantener una actividad económica ficticia, que no ha servido para nada.
- Asaltar el bolsillo de funcionarios, jubilados, madres y dependientes.
- Recortar las inversiones públicas.
- Duplicar las competencias entre las administraciones.
- Practicar el Laissez-faire, laissez passer, con el mercado negro y la piratería.
- Pagar cifras astronómicas por Informes falsos redactados por amigos y organizaciones afines.
- Hacer la vista gorda ante la evasión de capitales y los paraísos fiscales.
- No molestar ni perjudicar la economía sumergida.
Funcionarios, otro chivo expiatorio de ese izquierdismo neoliberal
Como siempre, los funcionarios vuelven a ser el gran chivo expiatorio de una izquierda trasnochada que desconoce, incluso, el número de funcionarios existentes en este país. La Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato con Caja de Resistencia y Solidaridad, ha analizado la situación con claridad:
1.- La situación económica es crítica y se ha generado principalmente en los mercados inversores e inmobiliarios, donde algunos, incluidas algunas Administraciones Públicas, se han llenado los bolsillos y, de forma imprudente y alocada, han derrochado los beneficios en obras innecesarias y eventos festivos. En cualquier población española se ha multiplicado el cierre de industrias y comercios. Crueles datos económicos (EPA, Paro registrado, deslocalizaciones, cierres, etc.), ante los cuales el Gobierno se ha enrocado con temas como Garzón, elecciones, aborto, etc.
2.- La poca rigurosidad con que, en general, se trata la evolución del sector público en Europa desde sectores políticos, mediáticos y económicos, que presentan a los empleados públicos como culpables de la crisis. El problema no es la cantidad de trabajadores, sino la calidad y cantidad de los Servicios Públicos que se prestan a los ciudadanos (sanidad, enseñanza, seguridad, pensiones, limpieza pública, etc.)
3.- Conviene aclarar la realidad del Sector Público Español.
A.- En el Registro Central de Personal constan todas las personas consideradas como empleados públicos (incluyendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; y las fuerzas armadas, el personal de emergencias, el sanitario, el docente y el social), que en el mes de mayo eran un total de 2.636.900 empleados públicos, que se contraponen a los muestreos de la EPA que elevan éstos a 3.200.000 de personas, cifra ésta que es aireada en tertulias y medios de comunicación.
B.- Teniendo en cuenta los empleados de todas las Administraciones Públicas (Central, Autonómica y Local), el ratio empleado público/habitante es en España (1/23), es idéntico a Alemania, y similar a Francia (1/25), sin contar a los Países Nórdicos con una ratio muy superior.
B.- El coste salarial medio en las Administraciones Públicas, está por detrás de la Industria, Construcción y Servicios. La subida para este año en la Administración era del 0,3%, cuando el IPC interanual se situaba en el 1,4 %, lo que supone una reducción de salario un año más.
C.- El 25% de los empleados públicos no llegan a cobrar mil euros mensuales. Un 65% perciben unas nóminas entre 1.100 y 1.300 euros al mes. Un 15% superan los 1.500 euros al mes. En la actualidad, existen administraciones que adeudan mensualidades a sus trabajadores.
D.- Cuando el gobierno justifica el recorte salarial a los funcionarios en que éstos tienen un trabajo fijo y de por vida, olvida decir que un gran número de los trabajadores públicos tienen contratos temporales y precarios.
4.- USO propone, entre otras, medidas para el ahorro económico en las Administraciones Públicas:
- Reducción de Sueldos de los cargos políticos,
- Reducción del 50% de altos cargos y limitar sus retribuciones,
- Eliminación de Planes Privados de Pensiones y su integración en el sistema público,
- Recortar el gasto corriente en las AA.PP.,
- Utilización del Software libre en las AA.PP (reduciendo el gasto actual en cientos de millones de euros).
1.- La situación económica es crítica y se ha generado principalmente en los mercados inversores e inmobiliarios, donde algunos, incluidas algunas Administraciones Públicas, se han llenado los bolsillos y, de forma imprudente y alocada, han derrochado los beneficios en obras innecesarias y eventos festivos. En cualquier población española se ha multiplicado el cierre de industrias y comercios. Crueles datos económicos (EPA, Paro registrado, deslocalizaciones, cierres, etc.), ante los cuales el Gobierno se ha enrocado con temas como Garzón, elecciones, aborto, etc.
2.- La poca rigurosidad con que, en general, se trata la evolución del sector público en Europa desde sectores políticos, mediáticos y económicos, que presentan a los empleados públicos como culpables de la crisis. El problema no es la cantidad de trabajadores, sino la calidad y cantidad de los Servicios Públicos que se prestan a los ciudadanos (sanidad, enseñanza, seguridad, pensiones, limpieza pública, etc.)
3.- Conviene aclarar la realidad del Sector Público Español.
A.- En el Registro Central de Personal constan todas las personas consideradas como empleados públicos (incluyendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; y las fuerzas armadas, el personal de emergencias, el sanitario, el docente y el social), que en el mes de mayo eran un total de 2.636.900 empleados públicos, que se contraponen a los muestreos de la EPA que elevan éstos a 3.200.000 de personas, cifra ésta que es aireada en tertulias y medios de comunicación.
B.- Teniendo en cuenta los empleados de todas las Administraciones Públicas (Central, Autonómica y Local), el ratio empleado público/habitante es en España (1/23), es idéntico a Alemania, y similar a Francia (1/25), sin contar a los Países Nórdicos con una ratio muy superior.
B.- El coste salarial medio en las Administraciones Públicas, está por detrás de la Industria, Construcción y Servicios. La subida para este año en la Administración era del 0,3%, cuando el IPC interanual se situaba en el 1,4 %, lo que supone una reducción de salario un año más.
C.- El 25% de los empleados públicos no llegan a cobrar mil euros mensuales. Un 65% perciben unas nóminas entre 1.100 y 1.300 euros al mes. Un 15% superan los 1.500 euros al mes. En la actualidad, existen administraciones que adeudan mensualidades a sus trabajadores.
D.- Cuando el gobierno justifica el recorte salarial a los funcionarios en que éstos tienen un trabajo fijo y de por vida, olvida decir que un gran número de los trabajadores públicos tienen contratos temporales y precarios.
4.- USO propone, entre otras, medidas para el ahorro económico en las Administraciones Públicas:
- Reducción de Sueldos de los cargos políticos,
- Reducción del 50% de altos cargos y limitar sus retribuciones,
- Eliminación de Planes Privados de Pensiones y su integración en el sistema público,
- Recortar el gasto corriente en las AA.PP.,
- Utilización del Software libre en las AA.PP (reduciendo el gasto actual en cientos de millones de euros).
Propuestas ciudadanas
Un Rodríguez Zapatero, sectario y nepótico, auxiliado por IU, ERC, BNG y otros nacionalismos identitarios, contempla como infinidad de voces, y de cartas en los medios de comunicación, le exigen:
- Que deje de endeudar al país hasta límites tan insoportables como el del 171% del PIB.
- Que deje caer a quien ha desestabilizado la economía: la banca y las entidades financieras. Ni FAAF ni FROB, ni utilización de las reservas del Banco de España para la compra de activos bancarios.
- Que se minore sustancialmente el sueldo de todos los Cargos Políticos electos y de los Cargos Públicos de libre designación, y que se prohíba percibir más de un sueldo público, incluso si se pertenece a Consejos de Administración de empresas públicas.
- Que se procese a los políticos que hayan incurrido en delitos en el ejercicio de su poder.
- Que se acabe la financiación pública de los partidos políticos y que éstos devuelvan todos los créditos concedidos para sus campañas electorales y para el mantenimiento de sus estructuras, evitando así que todos los españoles acabemos pagando sus dispendios partidistas.
- Que el cargo de diputado tribute por el IRPF, como todos los españoles, y que genere su derecho a pensión en las mismas condiciones que el resto de los españoles. Lo mismo para los miembros del gobierno.
- Que se reduzcan drásticamente Ministerios, Autonomías, Diputaciones provinciales e instituciones y se eliminen los inservibles e innecesarios, como el de Igualdad o Vivienda; así, también, que se eliminen aquellas empresas públicas ineficientes, como la Sociedad Pública del Alquiler. Que se reduzca el número de consejeros y asesores de todo tipo a sueldo del Sistema.
- Que se supriman la edición de miles de publicaciones de exclusivo contenido político, que no tienen carácter técnico alguno, de todos los Ministerios, Consejerías, Ayuntamientos e Instituciones. Y que se reduzca la propaganda institucional y las suscripciones oficiales a publicaciones privadas eliminando también las subvenciones públicas que reciben las publicaciones periódicas.
- Que se persiga el fraude fiscal de las grandes fortunas.
- Que se eliminen las subvenciones a los sindicatos del Sistema: UGT y CCOO, así como a las organizaciones empresariales, para que sindicatos y patronales se financien exclusivamente con las cuotas de sus afiliados.
- Que se eliminen las subvenciones a ONGs por servicios que ya prestan las Instituciones públicas, tales como asistencia jurídica gratuita.
- Que se termine con el despilfarro de las cadenas de televisión públicas, sean nacionales, autonómicas o locales.
- Que se limiten los gastos de las políticas lingüísticas discriminatorias de los nacionalistas.
- Que se retiren las subvenciones a la absurda “Alianza de Civilizaciones”, a las políticas de género y a entidades, asociaciones y fundaciones a su servicio.
- Que se eliminen las subvenciones y favores políticos a la SGAE y a todo su entramado de asociaciones privadas, que en cualquier caso deberían financiarse con las aportaciones privadas de sus socios y patrocinadores.
- Que la sanidad pública no tenga que financiar obligatoriamente las costosas ocurrencias que plantee cualquier tipo de colectivo.
- Que se deje de subvencionar, por afinidad política, a cineastas, escritores, músicos o artistas.
- Que se devuelva la Independencia al Poder Judicial.
- Que se congele cualquier aumento del IVA, hasta que no se haya superado la actual crisis.
- Que deje de endeudar al país hasta límites tan insoportables como el del 171% del PIB.
- Que deje caer a quien ha desestabilizado la economía: la banca y las entidades financieras. Ni FAAF ni FROB, ni utilización de las reservas del Banco de España para la compra de activos bancarios.
- Que se minore sustancialmente el sueldo de todos los Cargos Políticos electos y de los Cargos Públicos de libre designación, y que se prohíba percibir más de un sueldo público, incluso si se pertenece a Consejos de Administración de empresas públicas.
- Que se procese a los políticos que hayan incurrido en delitos en el ejercicio de su poder.
- Que se acabe la financiación pública de los partidos políticos y que éstos devuelvan todos los créditos concedidos para sus campañas electorales y para el mantenimiento de sus estructuras, evitando así que todos los españoles acabemos pagando sus dispendios partidistas.
- Que el cargo de diputado tribute por el IRPF, como todos los españoles, y que genere su derecho a pensión en las mismas condiciones que el resto de los españoles. Lo mismo para los miembros del gobierno.
- Que se reduzcan drásticamente Ministerios, Autonomías, Diputaciones provinciales e instituciones y se eliminen los inservibles e innecesarios, como el de Igualdad o Vivienda; así, también, que se eliminen aquellas empresas públicas ineficientes, como la Sociedad Pública del Alquiler. Que se reduzca el número de consejeros y asesores de todo tipo a sueldo del Sistema.
- Que se supriman la edición de miles de publicaciones de exclusivo contenido político, que no tienen carácter técnico alguno, de todos los Ministerios, Consejerías, Ayuntamientos e Instituciones. Y que se reduzca la propaganda institucional y las suscripciones oficiales a publicaciones privadas eliminando también las subvenciones públicas que reciben las publicaciones periódicas.
- Que se persiga el fraude fiscal de las grandes fortunas.
- Que se eliminen las subvenciones a los sindicatos del Sistema: UGT y CCOO, así como a las organizaciones empresariales, para que sindicatos y patronales se financien exclusivamente con las cuotas de sus afiliados.
- Que se eliminen las subvenciones a ONGs por servicios que ya prestan las Instituciones públicas, tales como asistencia jurídica gratuita.
- Que se termine con el despilfarro de las cadenas de televisión públicas, sean nacionales, autonómicas o locales.
- Que se limiten los gastos de las políticas lingüísticas discriminatorias de los nacionalistas.
- Que se retiren las subvenciones a la absurda “Alianza de Civilizaciones”, a las políticas de género y a entidades, asociaciones y fundaciones a su servicio.
- Que se eliminen las subvenciones y favores políticos a la SGAE y a todo su entramado de asociaciones privadas, que en cualquier caso deberían financiarse con las aportaciones privadas de sus socios y patrocinadores.
- Que la sanidad pública no tenga que financiar obligatoriamente las costosas ocurrencias que plantee cualquier tipo de colectivo.
- Que se deje de subvencionar, por afinidad política, a cineastas, escritores, músicos o artistas.
- Que se devuelva la Independencia al Poder Judicial.
- Que se congele cualquier aumento del IVA, hasta que no se haya superado la actual crisis.
Una solidaridad desigual
Trabajar en una empresa, poco importa su nombre o tamaño, puede ser el resultado de una coincidencia o una oportunidad. Una cuestión que no impide a los trabajadores protestar cuando se les trata de reducir o congelar sus sueldos. En la actual situación de casi cinco millones de parados, en su huida hacia adelante, el gobierno Rodríguez Zapatero alienta el odio de estas personas y de una parte de la sociedad, y lo focaliza hacia los funcionarios por tener un trabajo “fijo y de por vida”. Con tal simpleza mental, Zapatero determina que éstos son los culpables de la crisis y de la pérdida del empleo del resto de los trabajadores. Por ello, a la profesión de funcionario se la vilipendia y desprecia en el contexto de una campaña que trata de negar toda adhesión popular, toda muestra de solidaridad, para posibilitar la rebaja de sus sueldos.
Zapatero y su cohorte olvidan que ser funcionario no es un trabajo casual, sino que dicha elección implica pasar, previamente, por una serie de filtros. El ser funcionario está abierto a todos los españoles que reúnan los requisitos marcados por la ley. Técnicos, gestores, administrativos, ordenanzas, jueces, médicos de SS, inspectores de sanidad, de hacienda, policías, bomberos han de esperar a que se convoquen plazas, han de realizar largas jornadas de estudio durante meses o años hasta llegar a enfrentarse a duros exámenes eliminatorios en competencia con miles de candidatos. Aprobadas las pruebas, no siempre se consigue plaza. Obtenida ésta, habitualmente, habrán de pasar un tiempo en escuelas de formación y volver a superar pruebas antes de ejecutar sus tareas específicas. Unas funciones que les obligarán a actuar secundum legem e, incluso, a desarrollar sus tareas a pesar de gobiernos, consejeros, alcaldes y políticos. Son funcionarios quienes evitan, casi a diario, que gobiernos, consejeros, alcaldes y políticos expolien las instituciones que dirigen y las conduzcan a situaciones de quiebra fraudulenta.
Son funcionarios, aquellas personas que se tenían que conformar con incrementos del 0,3%, del 1% o del 2 %,, y que, ni coyunturalmente, participarán de las alegrías de políticos, empresarios –pequeños, medianos o gigantescos-, banqueros y especuladores financieros, arquitectos, promotores y agentes inmobiliarios cuando éstos incrementan sus remuneraciones en un 500 o en un 20%; cuando un encofrador o un albañil triplicaba el sueldo de un Técnico de la Administración; cuando un policía o un bombero se juega la vida por menos de 1.500 euros, sin ser nunca partícipe de tales alegrías coyunturales.
El funcionario, emplazado ante un café cargado y un temario de oposiciones, ve como otros miles de jóvenes cuelgan estudios sólo atentos a un dinero rápido que les posibilita coches refulgentes y la última tecnología del mercado, sin plantearse ¿para qué estudiar?, ¿para qué invertir?, ¿para qué innovar? Mientras ellos están tema sobre tema, otros celebran sus ganancias entre risas, cubatas, rayas de coca y viajes de todo tipo.
Una euforia desmedida de muchos trabajadores no públicos que se beneficiaron del momento y llamaban “pringaos” a esos funcionarios que veían pasar de largo a las vacas gordas. Unos probos funcionarios que veían como billones de euros se iban en ayudas, subvenciones, compras de votos por 400 euros al mes y todo tipo de corruptelas, y que denunciaban muchas de ellas con el resultado de un permanente acoso sobre sus personas. Para compensar todo eso, de nuevo, el gobierno de Zapatero les exige una solidaridad, que nadie tuvo jamás con ellos.
En estos días, cuando algunos políticos y el entorno mediático neoliberal se muestran radiantes de placer por la reducción salarial a los funcionarios, quiero recordar a la ovetense Dolores Medio Estrada -premio Concha Espina de novela corta en 1945, premio Nadal en 1952 y premio Sésamo en 1963-, y su narrativa de carácter testimonial y de aroma melancólico, que en su novela, Funcionario Público (1956), narraba, de forma desgarrada, las penurias de Pablo Marín que, en un cuartucho junto a su mujer, malvivía con un sueldo mísero.
Zapatero y su cohorte olvidan que ser funcionario no es un trabajo casual, sino que dicha elección implica pasar, previamente, por una serie de filtros. El ser funcionario está abierto a todos los españoles que reúnan los requisitos marcados por la ley. Técnicos, gestores, administrativos, ordenanzas, jueces, médicos de SS, inspectores de sanidad, de hacienda, policías, bomberos han de esperar a que se convoquen plazas, han de realizar largas jornadas de estudio durante meses o años hasta llegar a enfrentarse a duros exámenes eliminatorios en competencia con miles de candidatos. Aprobadas las pruebas, no siempre se consigue plaza. Obtenida ésta, habitualmente, habrán de pasar un tiempo en escuelas de formación y volver a superar pruebas antes de ejecutar sus tareas específicas. Unas funciones que les obligarán a actuar secundum legem e, incluso, a desarrollar sus tareas a pesar de gobiernos, consejeros, alcaldes y políticos. Son funcionarios quienes evitan, casi a diario, que gobiernos, consejeros, alcaldes y políticos expolien las instituciones que dirigen y las conduzcan a situaciones de quiebra fraudulenta.
Son funcionarios, aquellas personas que se tenían que conformar con incrementos del 0,3%, del 1% o del 2 %,, y que, ni coyunturalmente, participarán de las alegrías de políticos, empresarios –pequeños, medianos o gigantescos-, banqueros y especuladores financieros, arquitectos, promotores y agentes inmobiliarios cuando éstos incrementan sus remuneraciones en un 500 o en un 20%; cuando un encofrador o un albañil triplicaba el sueldo de un Técnico de la Administración; cuando un policía o un bombero se juega la vida por menos de 1.500 euros, sin ser nunca partícipe de tales alegrías coyunturales.
El funcionario, emplazado ante un café cargado y un temario de oposiciones, ve como otros miles de jóvenes cuelgan estudios sólo atentos a un dinero rápido que les posibilita coches refulgentes y la última tecnología del mercado, sin plantearse ¿para qué estudiar?, ¿para qué invertir?, ¿para qué innovar? Mientras ellos están tema sobre tema, otros celebran sus ganancias entre risas, cubatas, rayas de coca y viajes de todo tipo.
Una euforia desmedida de muchos trabajadores no públicos que se beneficiaron del momento y llamaban “pringaos” a esos funcionarios que veían pasar de largo a las vacas gordas. Unos probos funcionarios que veían como billones de euros se iban en ayudas, subvenciones, compras de votos por 400 euros al mes y todo tipo de corruptelas, y que denunciaban muchas de ellas con el resultado de un permanente acoso sobre sus personas. Para compensar todo eso, de nuevo, el gobierno de Zapatero les exige una solidaridad, que nadie tuvo jamás con ellos.
En estos días, cuando algunos políticos y el entorno mediático neoliberal se muestran radiantes de placer por la reducción salarial a los funcionarios, quiero recordar a la ovetense Dolores Medio Estrada -premio Concha Espina de novela corta en 1945, premio Nadal en 1952 y premio Sésamo en 1963-, y su narrativa de carácter testimonial y de aroma melancólico, que en su novela, Funcionario Público (1956), narraba, de forma desgarrada, las penurias de Pablo Marín que, en un cuartucho junto a su mujer, malvivía con un sueldo mísero.
Propuesta de repulsa
Los funcionarios dependen de la ley de presupuestos, que es aprobada por determinados grupos políticos. Por ello, si las Cortes han convalidado un decreto injusto que invade y niega parcelas de negociación colectiva contradiciendo el Estatuto Básico del Empleado Público, piensan: ¿por qué me tienen que descontar un día más de sueldo? ¿Para qué Zapatero se pueda ahorrar unos cuantos millones de euros más y entregárselos a sus aduladores del sindicato de la Ceja?
"¡Cabe pensar algo distinto de quienes empobrecen a toda la sociedad!"
Los funcionarios, a quienes nadie ha consultado para decretar la huelga del día 8 de Junio, no se muestran conformes con regalar a Rodríguez Zapatero su sueldo de ese día, por más que se lo digan Cándido Méndez o Fernández Toxo, individuos a quien nadie les descontará un día de su sueldo, porque entre otras cosas no son funcionarios.
Como en todas las ocasiones anteriores, ante la jornada de huelga, y a fin de evitar el descuento de emolumentos en la nómina, unos acudirán al médico para que les extienda la baja, otros se acogerán a sus horas sindicales, otros tomarán un día de libre disposición, otros unos días de vacaciones, otros propondrán recuperar esas horas en días posteriores. Otros no participarán y a unos cuantos se les descontará la jornada de huelga de su nómina.
Como alternativa, algunos proponen mostrar la repulsa a las medidas de recorte en la calle, saliendo al exterior de los centros públicos, a las 11 de la mañana, aprovechando el tiempo de descanso para el bocadillo y permanecer unidos en su protesta para paralizar en ese tiempo los servicios de todas las Administraciones, al margen de los servicios mínimos, así como participar en las manifestaciones de protesta.
Como en todas las ocasiones anteriores, ante la jornada de huelga, y a fin de evitar el descuento de emolumentos en la nómina, unos acudirán al médico para que les extienda la baja, otros se acogerán a sus horas sindicales, otros tomarán un día de libre disposición, otros unos días de vacaciones, otros propondrán recuperar esas horas en días posteriores. Otros no participarán y a unos cuantos se les descontará la jornada de huelga de su nómina.
Como alternativa, algunos proponen mostrar la repulsa a las medidas de recorte en la calle, saliendo al exterior de los centros públicos, a las 11 de la mañana, aprovechando el tiempo de descanso para el bocadillo y permanecer unidos en su protesta para paralizar en ese tiempo los servicios de todas las Administraciones, al margen de los servicios mínimos, así como participar en las manifestaciones de protesta.
Todos los funcionarios sí pueden recordar qué grupos políticos han intervenido en su recorte salarial para 2010 y en su congelación de sueldos para el 2011, con toda la pérdida de poder adquisitivo que ello representa y el impacto en sus futuras pensiones. Es decir, acordarse de los responsables del desaguisado: el PSOE con su voto afirmativo, CiU, CC y UPN con su abstención.
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