Manifestación y leña al mono de la Generalidad

Han pasado unas semanas desde la manifestación del día 10 de julio, que en un principio debía ser contra la sentencia del TC sobre el Estatuto y que derivó contra el presidente Montilla, el convocante, y por la independencia. Artículos y crónicas comenzaban casi siempre de forma parecida: “Després de la multitudinària manifestació...”, ”Després de la més gran manifestació de la història viscuda a Barcelona...”, o “Després del multitudinari crit de la manifestació contra la sentència de l’Estatut...”. El autor de esta última frase, siendo consejero de una Caja de Ahorros obtuvo un crédito preferente para invertir en una operación inmobiliaria, en la ciudad en la que fue concejal, que le supuso unas sustanciosas ganancias de mil millones de pesetas. Si hay amores que matan, no es éste el caso, evidentemente, puesto que su amor nacionalista no solamente no le mató sino que le hizo engordar la cartera.

En las horas previas a la manifestación, nada fuera de lo habitual en el Paseo de Gracia de Barcelona, ni banderas ni gallardetes, salvo algún entarimado elevado con destino a cámaras de televisión. En los balcones del Raval, en cambio, banderas españolas, algunas señeras y banderas de los países mundialistas de fútbol competían con sábanas y restos de coladas. Desde la terraza del gran almacén de Plaza Cataluña se vislumbraba esta plaza, el comienzo de Ramblas, Pelayo, Ronda Universidad, Rambla Cataluña y Paseo de Gracia. Un amplio sector que mostraba una señera, en el mástil del Hotel Monegal de Pelayo 62, y otra más pequeña en un balcón del edificio contiguo. Sin apenas banderas en los balcones cerrados del Paseo de Gracia. ¿Oficinas sin oficinistas, o con oficinistas extranjeros, o sólo giris en los hoteles? ¿Todos sus moradores son votantes de PP, C’s o CiU antitripartito? ¿Notificación de los organizadores de la marcha para no asomarse a los balcones alegando motivos de seguridad, tanto de manifestantes como de inquilinos?

La manifestación descubrió la cara de esa Cataluña intolerante, coercitiva y prohibicionista que no responde a la realidad pluralista de unas gentes, que ven injustificados los ataques arbitrarios contra el derecho a manifestarse libremente de personas como el presidente de la Generalitat. Un presidente Montilla que, días antes de la manifestación, obsequió con 31 millones de euros a CCOO y UGT, que le proveyeron de una cohorte de 50 miembros para auxiliar a su escolta de Mossos d’ Esquadra. Una guardia de Corps que no pudo evitar los intentos de agresión hacia Montilla orquestados por parte de grupos independentistas que, en maniobra típica de Kale borroka, trataron de impedir la normal marcha de los manifestantes durante un largo período de tiempo aplicando técnicas de terrorismo urbano de baja intensidad. Vamos, como si el presidente estuviera en una caseta de feria expuesto a los pelotazos de los transeuntes. Un presidente que fue insultado en todo momento con gritos de “Botifler” (traidor),y al que se pretendia intimidar con alaridos de "Españolista" y “Charnego”, y que tuvo que salir de la manifestación para refugiarse en las dependencias de la Consejería de Justicia hasta que un dispositivo policial le introdujo en su coche oficial para alejarlo de sus recalcitrantes enemigos. Tampoco Durán Lleida quedó libre del enfrentamiento verbal, si bien éste ya intuyó días atrás la deriva de la manifestación hacia un aquelarre independentista.

En la viñeta de El Mundo, del 12 de julio, el burro independentista agradece a Montilla los impagables servicios prestados

Gritos de “Som una nació”, “Nosaltres decidim”, “In-de-Independència”, “No volem ser espanyols“, “Adéu, Espanya”, “Guerra, guerra, guerra, guerra per la terra” y parecidos eslóganes precedieron a la quema de banderas españolas, que se dejaban arder sin control alguno. Golpes a personas mayores que contemplaban la marcha en el cruce de Aragón con Paseo de Gracia. Empujones, insultos y gritos de “Fora forces d’ocupació” cuando grupos independentistas descubrieron y atacaron agentes de paisano de los Mossos d’Esquadra, y cuando éstos al sacar porras telescópicas para repeler el ataque recibieron botellazos, optaron por abandonar el lugar de los hechos. Un total de 400 Mozos de Escuadra, según UGT, debían garantizar la seguridad ciudadana durante la manifestación. Ni una detención, ni una denuncia contra los agresores que actuaron en aquella jornada, ni contra quienes intimidaron e insultaron en todo momento a la máxima autoridad de Cataluña que establece el propio Estatuto de Autonomía.

En cambio, quienes tensionaron la convocatoria con el protocolo de la marcha –lema y cabecera-, la entidad Omnium Cultural, han visto como el Consejo Ejecutivo de la Generalidad del 20 de julio les aprobaba un convenio dotado con 170.000 euros para «favorecer la cohesión social de los mayores de 16 años que viven en Cataluña, especialmente las personas recién llegadas». Creada en 1961 para «promocionar y normalizar la lengua catalana, la cultura y la identidad nacional de Cataluña», Omnium Cultural lleva recibiendo subvenciones millonarias desde los tiempos de Jordi Pujol, con partidas presupuestarias insólitas, para desarrollar programas enfocados a implantar el pancatalanismo de sus 20.000 asociados. Agradecida por la nueva ayudita, la entidad ha donado la pancarta y diverso material promocional de la manifestación al Museo de Historia de Cataluña.

El 22 de julio, Omnium Cultural desplegaba esta pancarta en la terraza del Museo de Historia de Cataluña para inmortalizar el momento de la entrega.

En su intento de cuantificar a manifestantes, esa clase política nacionalista e independentista ha mostrado cuán necesitada está de cursar un máster sobre cálculo de multitudes, donde aprendan a recopilar argumentos, datos y documentos sin caer en la falacia de imaginar millones de personas en la vía pública. Un máster que les capacite para no caer en sensacionalismos periodísticos, ni en controversias políticas retóricas contra los aguafiestas que miden técnicamente las concentraciones humanas, y que prueban como estas manifestaciones son la demostración de la crisis de una representación política basada en la fuerza del gregarismo.

Una clase política que no admite que se ponga en duda “su número de manifestantes”, ni mucho menos que se disienta de unos lemas y consignas, habilitados para intimidar, censurar y someter aquella parte de la sociedad que se sitúa fuera de los márgenes de su ideología y que no comparte su proyecto de una Cataluña cerrada, confusa y monolítica.

La función de los medios

A los medios de comunicación, sí se les debe exigir, también, unas fuentes de información contrastadas que respondan a la veracidad de los hechos.

Pero, los medios de comunicación más subvencionados por la Generalidad no mostraron resistencia alguna para avalar la cifra de un millón de manifestantes propagada por la Generalidad, de un millón cien mil personas dada por la Guardia Urbana de Barcelona a instancias de la Alcaldía, o de un millón y medio revelada por la organizadora Omnium Cultural. Eso sí, todos ellos sin dar ninguna explicación de cómo fueron obtenidas dichas cifras. A los directores de esos medios, poco les importó que sus propios informantes destacados en la manifestación rebajaran sensible y radicalmente el número de participantes. Los medios más cautos, a pesar de su adscripción incondicional al régimen que les subvenciona, ejemplo del diario Público, evitaron tales cifras y hablaron de una concentración humana de cientos de miles de personas.

Nunca, en la historia política de España, se han reunido un millón de personas, mucho menos millón y medio. No podemos olvidar, por ejemplo, aquellos medios de comunicación catalanes que se conjuraron con los partidos políticos organizadores para cifrar la asistencia en la Diada de 1977 en un millón de personas, independientemente del número real de participantes. Desde entonces, se repite la cifra del millón en cada ocasión, a pesar de la actual facilidad para cuantificar aglomeraciones. Otro ejemplo, la manifestación “Por la Democracia, la Libertad y la Constitución”, del 27 de febrero de 1981 en Madrid, reunió cien mil personas aunque prensa, radio y televisión cifraran en millón y medio los manifestantes.

Desde 1977, los medios catalanes han ido convirtiéndose en auténticos boletines oficiales: La Vanguardia, de CiU; El Periódico, El País y Público, del PSC-PSOE; Avui y el Grupo El Punt, del independentismo. Unos diarios que necesitan de subvenciones y ayudas a fondo perdido para sobrevivir y que, hoy por hoy, distribuyen más ejemplares de los que venden gracias a su transformación en semigratuitos por obra y arte de una Generalitat que paga la entrega gratuita de ejemplares en Universidades, Institutos, centros sanitarios, incluso en el claustro de alguna Catedral, así como las suscripciones a domicilio para estudiantes y jóvenes.

Pero, para vergüenza de esos medios, la empresa Lynce, contratada por la agencia EFE, sí que explicó como había obtenido sus cifras de participación en la marcha nacionalista del día 10 de julio en Barcelona, de la que se apropió el radicalismo independentista. Cada manifestante recibe un número único y exclusivo en las imágenes cenitales de alta resolución, logradas con barridos aéreos desde un zepelín, y de otras cámaras instaladas en diversos puntos del recorrido que captan la muchedumbre en un momento determinado, el de máxima afluencia. Imágenes, fijas y en movimiento, que son tratadas informáticamente. La densidad calculada tiene una precisión de dos decimales. Este recuento suele diferir de las estimaciones realizadas por quienes suponen un número determinado de personas por metro cuadrado del recorrido. Cualquier cifra que se maneje en un medio serio ha de considerar el área que delimita la convocatoria y, en consecuencia, ha de ser razonablemente posible.

Spots televisivos que se emitieron durante varios días en TV3, noticias diarias en prensa, radio y televisión, cuatrocientos autobuses contratados para desplazar manifestantes de 1778 asociaciones, acabaron reuniendo las 56.000 personas contabilizadas por Lynce. Un éxito, aunque no acudiera ni el uno por ciento de la población de Cataluña a la manifestación más costosa de la historia. Pero, ¿cuántas de esas 56.000 personas habían leído el Estatuto? y ¿la sentencia del Tribunal Constitucional?

Sostenella y no enmendalla

A pesar de tal evidencia numérica, la locuacidad independentista olvidó pronto el Estatuto que ellos mismos rechazaron en su momento. Para nada hablar de la crisis económica, de la crisis moral que sufrimos, de la corrupción y de los problemas reales de la gente. Los medios de comunicación se han llenado de declaraciones como estas. “Cal canalitzar aquest clam contra l’estat opressor, centralista i jacobí que és l’entelèquia d’Espanya”, “S’ha acabat el fer presidents de la Generalitat polítics dependents de Madrid. Cal buscar un nou líder, crear una nova Entesa, Solidaritat Catalana, o diguem-ne com vulguem, però hem d’anar tots junts si volem ser una Nació lliure”.

En cuatro días, el diputado de ERC Sergio de los Ríos pasó del millón y medio de manifestantes a hablar de un día histórico donde “Més d’un milió de persones van sortir al carrer, en una demostració cívica sense precedents al nostre país” y continuaba “Catalunya, doncs, ja no té cabuda en un estat incapaç de reconèixer el nostre fet diferencial i de respectar les nostres institucions”. Pero, este diputado que habla de respetar “nuestras instituciones” ha de ser consciente de los intentos de agresión, intimidaciones e insultos recibidos por la máxima autoridad de Cataluña, el presidente de la Generalidad, que eran continuidad del desprecio y humillación de los organizadores de la marcha hacia la persona del andaluz José Montilla cuando trataron de relegarle a posiciones secundarias. ¿Es esa la seguridad que se quiere transmitir a los mercados?

Desde que los medios de comunicación del régimen difundieron el editorial conjunto escrito por el gobierno tripartito respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, han sido continuas las apelaciones a La dignitat de Catalunya, de la que nacionalistas e independentistas se consideran únicos portavoces y depositarios. Hablan de lengua única, propia, oficial o cooficial, de nación, estado o región, de que la justicia se acabe en Cataluña. Pero, no hablan de gobernar con decencia, honestidad, honradez, austeridad, respeto por los ciudadanos y sus derechos, ni de las medidas para garantizar estas cuestiones en el Estatuto. Tampoco, hacen referencia estos políticos a los casos de corrupción del Palau de la Música, del Hotel del Palau, Pretoria, Casinos, Liceu, ni de los otros miles de casos que se silencian en el ámbito local e institucional, ni realizan comentarios sobre los sueldos de ellos y de sus familiares colocados, ni de las comisiones y mordidas que imponen a empresarios y ciudadanos para poder ejercer normalmente su actividad. Cuestiones que, a mi entender, integran también la dignidad de Cataluña.

Un nacionalismo catalán que, desde el primer momento, implantó un fortísimo centralismo, el de Barcelona, al tiempo que jugaba a debatir permanentemente sobre la representatividad territorial olvidándose que “les comarques hem hagut de reivindicar que se’ns faci més cas des de Barcelona”. No en vano, Josep Tarradellas, ex presidente de la Generalidad y nacionalista republicano, consideró a la Cataluña nacionalista diseñada e implantada por Jordi Pujol como una dictablanda sin capacidad de autocrítica, pletórica de victimismo y de prejuicios nacionalistas para culpar a los demás de los propios problemas y para evitar diálogos positivos y constructivos, puesto que el agravio es la seña de identidad de quienes se inventan historietas y milenarismos que conducen a una Formación del Espíritu Nacionalista, fundamentada en el odio y que impone qué se ha de pensar, qué y cómo se ha de decir. Mas aquel pujolismo fue sustituido por el tripartidismo y las pujoladas se transformaron en Maragalladas, Montilladas, Carodadas y Sauradas, con lo que la dictablanda pujolista devino en una dictadura silenciosa que está llevando Cataluña a la deriva, sin timón alguno, pero con el nexo de unión de servirse de las mismas redes de corrupción que operan en su territorio.