Siete millones de euros del ala, que vuelan lejos

En los antiguos tebeos, los personajes de las tiras cómicas cuando se referían al dinero solían mencionar la cifra y una coletilla final, por ejemplo, diez mil pesetas del ala. Al referirnos al presupuesto de 2014 del Hospital Joan XXIII de Tarragona y relacionarlo con el del ejercicio de 2013, podríamos hablar que han volado siete millones de euros del ala. No en vano, las alas sirven para volar.

La Junta de Personal del Hospital Joan XXIII, formada por los Sindicatos, CGT, CATAC-CTS, CCOO, MC, SATSE y UGT, ha dirigido un comunicado de protesta ante la gerencia Territorial del ICS y a los medios de comunicación para exponer el nuevo recorte presupuestario.

Vayan grabando esta imagen del Hospital Joan XXIII, que puede adquirir un valor incalculable cuando haya desaparecido el centro hospitalario

En la gestión pública el presupuesto es esencial. En la última década, la sanidad pública de las comarcas de Tarragona y, muy especialmente, el Hospital Universitari Joan XXIII, ha sufrido un deterioro evidente. Para el ejercicio de 2014, este centro hospitalario dispondrá de una asignación presupuestaria ordinaria de 102 millones de euros, y según ha comunicado el Gerente Territorial del Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre del ICS, Pere Àngel Montserrat Ollé, se mantendrá en este ejercicio la misma asignación presupuestaria del 2013. Pero, no es exactamente así, pues, al cierre de ese ejercicio la Generalitat había aportado cinco millones más de euros. Convendría, por tanto, hacer un poco de historia.

Presupuestos con tendencia al recorte anual

En el año 2010, el cierre presupuestario del Hospital Joan XXIII fue de 127,4 millones de euros y, año tras año, los cierres reflejaron los recortes hasta cerrar el 2013 en 107.925.440 euros. Para el año 2014, existía una previsión de cierre de ejercicio de 110 millones; pero, según informó la Dirección del Hospital la asignación presupuestaria será de 102 millones de euros, que, casi en su totalidad, estará destinada al capítulo de personal y al capítulo de bienes corrientes y servicios (farmacia, material sanitario y de laboratorio, prótesis, suministros energéticos, servicios de limpieza, etc.).

Sin embargo, desde la Gerencia Territorial del ICS, se reafirman en su pretensión de ofrecer la máxima eficiencia y calidad en la atención a la población que tiene el Hospital Joan XXIII como su centro de referencia. Ahora, amenazan con nuevas medidas generales de recorte, que ellos llaman ajuste, que aplicarán durante 2014 para cerrar el ejercicio con un “ajuste a la baja” de más de siete millones de euros.

Por mucho que el Gerente Territorial declare que el Catsalut tenga previstas inversiones en infraestructuras y equipamientos para este ejercicio de 2014, a fin de evitar lo inevitable, se le podría plantear varias preguntas.

¿Cómo se podrá mantener ese nivel y calidad asistencial con un menor presupuesto? ¿Cómo se mantendrá el mismo nivel asistencial si se reduce aún más la plantilla? ¿Cómo influirán los recortes en material sanitario, en farmacia, en prótesis, por poner unos ejemplos? Si el CatSalut piensa invertir, ¿eso significará que la Generalitat ampliará su asignación presupuestaria al Hospital Joan XXIII de Tarragona para que no se vea afectada su calidad asistencial? ¿Cómo se podrán ejecutar inversiones en infraestructuras y equipamientos, como obras de remodelación y mejoras de los quirófanos y del Servicio de Urgencias, previstos inicialmente para mayo y junio, si éstas se encuentran paralizadas, en fase de revisión o pendientes de licitación? Un conjunto de preguntas que nos inducen a plantear otra más: ¿Cómo evitarán que aumenten las listas de espera?

Mientras se va deteriorando la actividad sanitaria del ICS por falta de un presupuesto adecuado, van en aumento las listas de espera y empeora la atención sanitaria de su población adscrita. No obstante, el Conseller Boi Ruíz, nos habla de los esfuerzos que realizan para reducir unas listas de espera, que no se ajustan a la realidad, puesto que, en un elevado número de ocasiones, los criterios de registro no son claros, al menos, en cuanto al número de pacientes y sus tiempos de espera.

El conseller Boi Ruiz. siempre pensativo, se ha mostrado como un gran maestre creador de esfuerzos que han de realizar los demás

¿Cuáles son estos esfuerzos? ¿Recortar los cada vez más raquíticos presupuestos de la sanidad pública, reducidos en un mayor porcentaje que los de la sanidad concertada? ¿Forzar a acudir a los servicios asistenciales de la mal llamada sanidad privada a los que se la puedan pagar? ¿Ofrecer la posibilidad de saltarse la lista de espera, desde los propios centros concertados, en intervenciones de larga espera, previo pago de las mismas? ¿Existen otras prioridades para los responsables de la sanidad pública?

Cubrir la prestación sanitaria

En este punto, se debería distinguir la sanidad privada, que consiste en pagar por acto asistencial, de los otros tipos de actividad sanitaria que se presta a través de mutualidades, seguros de previsión sanitaria, centros concertados de titularidad pública y otros tipos de cobertura sanitaria. Unas prestaciones que han existido con anterioridad al sistema de Seguridad Social, que han coexistido siempre con éste y que evitan, día a día, que se ejerza una mayor presión asistencial sobre la deteriorada sanidad pública. Las pólizas de seguros dan una cobertura alternativa a unos ocho millones de personas en España, que, libremente, las suscriben para tener una mayor rapidez en la respuesta médica y en unas condiciones diferenciadas, sin representar gasto alguno para la administración pública.

A pesar de la válvula de oxígeno que eso representa para las arcas públicas, el Govern de la Generalitat somete a una asfixia económica al ICS en general y al Hospital Universitario Joan XXIII en particular. No como un hecho aislado, sino en el contexto de una estrategia que trata de acelerar el hasta ahora lento proceso de privatización de la sanidad, y que concreta en actos como la fusión de la sanidad en toda la provincia de Lérida.

La empresa GIPSS, emplazada en el Parque Sanitario del Joan XXIII, englutirá el servicio de Rehabilitación, ya se sabe que del roce nace el cariño

Para el futuro de la sanidad de gestión pública en la provincia de Tarragona, los augurios no pueden ser peores. De servicios que eran propios del Hospital Universitari Joan XXIII, hace un año se externalizó la gestión del servicio de Radiología, haciéndose cargo el IDI, empresa pública gestionada con criterios de derecho privado; a partir del verano, otra empresa pública, GIPSS, se hará cargo del servicio de Rehabilitación de Atención Primaria del ICS; más adelante, los servicios de Oncohematología del ICS serán asumidos por el Instituto Catalán de Oncología (ICO). Pero, el ICS continuará abonando las nóminas de su personal traspasado a esas entidades.

Un continuado desmembramiento del ICS, para deteriorar sus servicios asistenciales y crear el ambiente necesario que justifique su posterior privatización total. Los presupuestos del Departamento de Salud son los de mayor asignación y, en cierto modo, resulta lógico que en torno a ellos revoloteen una pléyade de cuervos esperando la muerte de su presa.

De momento y de forma muy especial, los recortes se han centrado en los trabajadores que prestan la atención directa a los pacientes. Eso lo dice, el mismo Gerente Territorial del ICS en la provincia de Tarragona, que admitió ante la prensa que “los recortes del 20% en cuatro años están todos concentrados en el capítulo de personal”; es decir, hay menos dinero para pagar médicos, enfermeras, celadores, auxiliares o personal administrativo. De hecho en ese período de tiempo la plantilla del Hospital Joan XXIII se ha visto reducida en más de 300 trabajadores, afectando servicios esenciales que sí determinan la calidad asistencial prestada. Bien al contrario, dicen los sindicatos, sí ha habido y hay dinero suficiente para crear nuevas Direcciones Clínicas, y para pagar un nuevo directivo recién incorporado a la gerencia territorial de Tarragona–Terres de l’Ebre. Lustros en los que se han incrementado el número de directivos y asesores contratados con salarios muy superiores a los del resto de trabajadores. ¿Se imaginan un ejército lleno de Generales, pero sin oficiales ni clase de tropa?

Del comunicado de la Junta de Personal del Hospital Joan XXIII de Tarragona extractamos lo siguiente: “Dada la situación crítica de nuestro Hospital exigimos que su máximo responsable, el Gerente Territorial, Dr. Pere Àngel Montserrat i Ollé, defienda los intereses del Hospital Universitario Joan XXIII, como Hospital de referencia, con la dotación económica y humana necesaria, y de no ser así que dimita, pues no estará cumpliendo con las funciones inherentes a su cargo”.

Además, los sindicatos pretenden implicar a los políticos locales en defensa de la sanidad pública. Concluye el comunicado con un “Rechazamos cualquier medida que suponga mermas en la prestación o en la calidad del servicio que se presta a los pacientes en el Hospital Joan XXIII y que suponga el empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal".

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Oscuros deseos sobre Radiología, Rehabilitación y Oncohema del ICS

"En el DOGC del día 7 de marzo de 2014 se insertaba la RESOLUCIÓN SLT/484/2014, de 27 de febrero, por la que se hace público un encargo de gestión entre el Servicio Catalán de la Salud y la empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud". El Acuerdo de este encargo fue firmado el día 26 de junio de 2013.

Sede central del ICS, otro objeto de deseo

Este Acuerdo representa un paso más en el proceso de externalización de la gestión de servicios que está sufriendo el Institut Català de la Salut (ICS), desde la aprobación de la ley del ICS, elaborada por el tripartito en la época de la consejera Marina Geli, con el objetivo de transformarlo en empresa pública.

El “govern de la Generalitat de Catalunya de CiU”, a través del conseller de Salut, Boi Ruiz, diseñó las líneas a seguir por el ICS y dispuso una serie de condicionantes al ex Gerente del ICS, Joaquin Casanovas, y a su equipo directivo, para recabar los servicios profesionales de la empresa auditora Price WaterhouseCoopers Tax &Legal Services, S.L (PWC). En fecha de 20 de marzo de 2012, el ICS presentaba el encargo de asesoramiento jurídico y PWC, con un coste de 20.328 €, elaboraría los siguientes documentos:
1.- Propuesta de modificación del decret 13/2009, de 3 de Febrer, que regula los estatutos del ICS para adaptarlo a las modificaciones introducidas por las Leyes Ómnibus.
2.- Propuesta de un modelo de estatutos de sociedades de responsabilidad limitada.
3.- Nota jurídica sobre los diferentes opciones para la gestión integrada de los centros hospitalarios de Lérida y Tremp.
4.- Propuesta de estatutos para el Consorci Hospitalari de Lleida
. 5.- Nota jurídica sobre la posibilidad que el ICS constituya entidades de Derecho Público sometidas a Derecho Privado.
6.- Guía sobre los requisitos exigibles al ICS para la constitución de sociedades mercantiles y la creación de consorcios.

Factura de PWC con los honorarios por los servicios profesionales de asesoramiento jurídico

No olvidemos que, hasta la fecha, los centros sanitarios del ICS eran los únicos de gestión enteramente pública. Por eso, sin importar las siglas partidarias, los consejeros de Salud de la Generalidad han mostrado siempre una especial avidez, un ansia y un deseo muy fuerte e intenso de tener o conseguir algo con ellos. Un ansia de poder que tiene poco que ver con la avidez definida en Inmunología como aquella fuerza de unión entre anticuerpo con epítopos multivalentes.

Un deseo incontrolable que convierte los ojos del conseller Boi Ruiz, como antes le pasara a sus antecesores, en bolillas de alcanfor ante la posibilidad de privatizar la gestión de todos los centros del ICS y externalizar sus servicios de acuerdo con lo expuesto en los informes pagados a PWC. No hemos de olvidar sus largos años de servicio del conseller en la sanidad concertada y privada a nivel de cargos directivos y de gestión, habitualmente acompañado de personajes como Josep Prat Doménech, Carles Manté y otros, que, mira por dónde, se encuentran, actualmente, imputados por la Justicia por su relación con casi todos los delitos contra la Administración Pública tipificados en el Código Penal.

Por ejemplo, el 24 de marzo de 2014 se conocía el auto judicial que indicaba que Josep Prat cobró, desde abril de 2012, por su mediación para lograr una entrevista entre el dueño de Ambulancias Baix Ebre y el consejero Boi Ruiz. En total, una fruslería de 104.000 euros. No obstante, el abogado del Gerente de la empresa de ambulancias alegó que Bernardo Coslado abonó diversas mensualidades de 4.166 euros a Josep Prat, pero no los casi 5.000 euros que constaba al escrito judicial, y que ese pago fue por “asesoramiento de carácter estratégico y plan de negocios” porque la empresa tenia una presunta oferta de compra por parte de multinacionales. Sin embargo, el juez le mantiene la imputación por presuntos delitos contra la administración pública, contra el patrimonio y por blanqueo de capitales.

¿Quién es ese enlace de la Generalitat con PWC?

Ese nexo cuya función es unir personas e instituciones lo viene ejerciendo el ex conseller de la Presidencia Triadú, de amplío currículo de cargos en los sucesivos gobiernos de CiU. Cargos que han ido desde la Secretaría General del Departamento de Cultura, Secretaría de Comunicación y Estudios del Departamento de Presidencia, Secretaría General del Departamento de Presidencia, hasta escalar a Conseller de Presidència.

Desde 2001, Joaquim Triadú y Vila-Abadal fue socio en el bufete “Garrigues Abogados y Asesores Tributarios”, en el área de derecho administrativo, hasta que trató de aprovechar la victoria electoral de Artur Mas para ampliar sus pretensiones profesionales y económicas. Sus ex compañeros aseguran que: “Jamás ha sido un abogado como lo entendemos aquí. Él era otra cosa, un hombre vinculado a responsabilidades institucionales, una especie de engrasador ante las administraciones. Tras el resultado electoral, quiso poner en valor que volvían los suyos (CiU) al Govern y que eso podría suponer más negocio para el bufete”.

Atendida su capacidad jurídica y su solicitud de mejora, el gabinete líder en Cataluña, tuvo clara la respuesta: “Un despacho como Garrigues no puede someterse a ese tipo de presiones. Con independencia de si somos más o menos independientes, el oportunismo de Triadú no podía tolerarse. El jugó un órdago y el despacho le ha respondido con una negativa colosal”.

Joaquim Triadú y Vila-Abadal, en la foto de Economía digital, junto al anagrama del bufete PWC. El flamante nuevo socio de PWC, ¿cómo puede compaginar su actividad y horario con semejante tinglado de cargos? ¿Cuándo duerme este hombre? ¿Sufrirá algún tipo de insomnio y desde cuándo?

Ante la negativa recibida, en 2011, PWC anunciaría su fichaje para el Departamento de Derecho Público para encargarse del Sector Público en Cataluña. Joaquim Triadú y Vila-Abadal es licenciado en Derecho por la UB en 1982, diplomado en Derecho Civil Catalán en 1983 y PADE por el IESE (1997-98). Profesor Asociado del Departamento de Economía del IESE. Vicepresidente del Centro de Investigación Sector Público-Sector Privado del IESE. Miembro del Consejo Social de la UB. Presidente del Centro de Economía Internacional de la UPF.

También ha sido Presidente del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat de Catalunya, Presidente de la Entidad Autónoma del Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Miembro del Consejo Directivo del Circuito de Catalunya. Patrón de la Fundación F.C. Barcelona.

Entre otras actividades, Joaquim Triadú y Vila-Abadal fue miembro de la junta directiva del Cercle d'Economia de 2008 a 2011 (XVIII Junta), de 2005 a 2008 (XVII Junta) y de 2002 a 2005 (XVI Junta); de la Fundación Lluís Carulla; del consejo de administración de Meroil, del consejo directivo del grupo de gimnasios DIR. Presidente de la Fundación Institución Cultural del CIC creada ante notario el 23 de octubre de 2000.

En este contexto se pueden entender, más fácilmente, el sentido y el contenido de los Informes solicitados por la dirección del ICS, y que, en la actualidad, justifican y orientan a su actual Gerente, Pere Soley, para fragmentar esta empresa pública en diversas entidades sometidas al derecho privado.

En esa línea de derribo del ICS, un informe del Consorcio Sanitario y Social de Cataluña sobre el gobierno de los centros de salud públicos, presentado el viernes 21 de marzo de 2014, en la escuela de negocios del IESE en Barcelona, proponía que en los patronatos, consejos de administración o consejos rectores no hubiera “exclusivamente políticos, incorporando profesionales del ámbito empresarial, con conocimientos de planificación y gestión sanitarias. Tienen que ser personas que conozcan el mundo local y que entiendan las responsabilidades que implica asumir el cargo”. Ante el clima de desconfianza general, motivado por las tramas de corrupción y los conflictos de intereses que se vienen encadenando, especialmente, en las dos últimas décadas, el consorcio rechaza que el personal sanitario se implique si no asume el riesgo empresarial. Por tanto, el Consorcio Sanitario y Social de Cataluña, sin el más mínimo rubor, apunta directamente a “la eliminación del sector público empresarial”.

Sin embargo, las intenciones del Consorcio –según indica el Diario Médico- se contraponen a las recomendaciones del documento de bases para el Pacto de Salud de Cataluña. El Pacto pretende “garantizar la presencia del conocimiento asistencial y clínico en los órganos de gobierno de las entidades proveedoras del sistema”. En él se recomienda “garantizar que en el proceso de designación de los miembros de los órganos de gobierno de las empresas públicas y consorcios, por parte de los representantes del Departamento de salud, se evite el potencial conflicto de interés (como es el caso de la asignación de recursos)”. El documento homogeneiza todas las entidades proveedoras, sin tener en consideración la especificidad de las públicas o con mayoría pública –según apuntan desde la oposición política y sindical que rechazan el actual redactado del Pacto.

Este documento de bases considera que se han de “definir criterios de selección de los integrantes de los órganos de gobierno de las instituciones sanitarias, que consideren los méritos profesionales, la perspectiva de género, el conocimiento clínico del territorio, de la gestión empresarial y de las especificidades de las instituciones, y el compromiso con la misión y los valores de las organizaciones”.

Fragmentando que es gerundio

En la provincia de Tarragona, el 1 de junio de 2013, se inició el proceso de fragmentación y desmantelamiento del ICS con la entrega en mano de todos los servicios de radiología a la empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). Hasta entonces, dichos servicios estaban gestionados íntegramente por el ICS –Atención Primaria y Hospitalaria-. Este cambio se realizó por parte del ICS, bajo la gerencia del Dr. Julio García Prieto, que, casualmente, sería nombrado el 1 de enero de 2014, gerente del IDI.

Los trabajadores interinos del ICS, adscritos al servicio de Radiología de toda la provincia fueron despedidos, ofertándoles el IDI nuevos contratos, pero en peores condiciones laborales y económicas que las que figuraban en su relación con el ICS.

El día 15 de octubre de 2013, la Directora Clínica del Servicio de Rehabilitación (RHB), Dra. Cerdà, presentaba un documento en la reunión de la Junta de Personal con la Dirección del Hospital Joan XXIII. A 17 de enero de 2014, esta doctora figuraba como Coordinadora del Servicio de Rehabilitación de Hospital/Primaria –Hospital Joan XXIII, Hospital Verge de la Cinta y Atención Primaria, tanto ambulatoria como domiciliaria- de toda la provincia de Tarragona.

Dicha coordinadora, sin plaza en propiedad en el ICS, dispone, desde enero de 2013, de un nombramiento de Interina de 20 horas semanales, que compagina con la responsabilidad del Servicio de RHB del Pius Hospital de Valls. Con anterioridad, entre 2010 y 2011, estuvo contratada, también, por la empresa pública GIPSS, siendo despedida por desacuerdo en la gestión.

Foto aérea del parque sanitario del Hospital Joan XXIII, donde se encuentra emplazado el Hospital Socio Sanitario Francolí, de la empresa GIPSS, que está en sus horas altas.

La empresa GIPSS, encargada de gestionar la RHB desde el 7 de marzo de 2014, tiene contratados algunos trabajadores, si bien la mayoría de las nóminas de su plantilla están a cargo de Atención Primaria de Tarragona y Tierras del Ebro del ICS. El Instituto Catalán de la Salud ha seguido contratando algún Médico Rehabilitador y algún Fisioterapeuta. En la práctica, casi todo el personal Administrativo y Auxiliar administrativo son trabajadores del ICS.

El 25 de febrero de 2014, el Govern de Artur Mas, con el apoyo de CiU y de ERC, aprobó el Acuerdo de Gobierno para fragmentar el ICS y procedió a la unificación de toda la sanidad –pública y concertada de gestión privada- de la provincia de Lérida.

En una reunión con representantes electos del personal, al nuevo Gerente Territorial de Tarragona-Terres de l’Ebre y de la empresa GIPSS se le preguntó por la situación actual del Servei de Rehabilitació y por las funciones de la Directora/Coordinadora Clínica, contratada por el Hospital Universitario Joan XXIII. Al no conocer detalladamente la situación actual de Rehabilitación, ni del resto de los servicios del Hospital, respondió que se informaría sobre los mismos así como del funcionamiento del servicio de RHB.

Así, mientras los representantes del personal esperaban esa respuesta, se publicaba en el DOGC el referido Acuerdo de Gestión de la RHB de atención primaria y domiciliaria a favor de la empresa pública Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris (GIPSS), que actualmente sólo gestionaba el Hospital Socio-Sanitario Francolí de Tarragona y mantenía un acuerdo de colaboración con el ICS en materia de rehabilitación.

¿Qué pasará con los trabajadores del Servicio de Rehabilitación del ICS que no son fijos?

De momento, se desconoce cómo afectará a los trabajadores y a los usuarios el cambio de empresa gestora; pero, según fuentes oficiosas, el día 1 de junio de 2014 (salvo acelerón de última hora) GIPSS iniciaría su gestión y todo el personal del ICS pasaría a depender funcionalmente de los gestores que nombre dicha empresa.

¿Cómo afectará a los trabajadores del ICS, fijos y contratados, esta gestión funcional?

Hasta no tener más avanzado el proceso, la dirección no quiere dar una respuesta. Pero, se nos ha informado que han existido reuniones de la Dirección de Atención Primaria Tarragona (Daniel Ferrer) con los actuales responsables del servicio de Rehabilitación de Primaria.

Nuevos Fragmentos para un futuro próximo

No obstante, este proceso desamortizador del ICS no acaba con los servicios de Radiología y de Rehabilitación. El próximo servicio traspasable, pendiente de aprobación por el Govern de la Generalitat, sería el de Oncohematología del Hospital Joan XXIII de Tarragona y del Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, cuya gestión pasaría al Instituto Catalán de Oncología.

El ICS se prepara para el traspaso de su Oncohematologia a la empresa pública ICO

Las fases para esta nueva operación de desmembración del ICS, serían las siguientes: 1ª.- Traspaso del personal facultativo de Hematología 2ª.- Traspaso de todos los tratamientos Oncológicos del Hospital de Día y de toda la medicación y preparación que realiza la Unidad de Farmacia en cuanto a los citostáticos y a los medicamentos relacionados con los tratamientos oncológicos (anticoagulantes, protectores gástricos, antieméticos...) 3ª.- Traspaso de la planta de Hospitalización de enfermos oncológicos y hematológicos ingresados para su tratamiento.

A pesar de que las negociaciones se vienen desarrollando desde mayo de 2013, todavía, no se conoce el calendario definitivo de implantación.

La irritación de los Jefes de Servicio

Desde el ejercicio de 2010, en que el Hospital Joan XXIII de Tarragona dispuso de un presupuesto superior a los 125 millones de euros, se ha pasado a una asignación presupuestaria de 103 millones de euros en 2014. Ahora, en el actual presupuesto se prepara un nuevo recorte adicional de entre 5 y 7 millones de euros. Como salidos de su letargo, los jefes de servicio de este Hospital han realizado pequeños movimientos y gestos.

Foto de familia de los jefes de servicio del Hospital Joan XXIII, ante la puerta del Colegio de Médicos de Tarragona

En la carta firmada por 25 jefes de servicio del Hospital Joan XXIII se ponía de manifiesto la insostenible situación y un déficit infraestructural y de renovación del material. Expresaban que la imposición de nuevos recortes hacía peligrar el mantenimiento de una asistencia médica con índices de calidad. En base al principio de equidad en la atención sanitaria, los facultativos alertaron de la falta de desarrollo de planes de salud territoriales consensuados que definan las necesidades asistenciales de la población y la organización de los diferentes proveedores de salud. Miembros de la Junta Clínica y de la Junta Facultativa alertaron de que en unos presupuestos tan ajustados no cabían más recortes, y pedían disponer del mismo nivel económico que otros hospitales similares, en envergadura y volumen, como el de Gerona y Lérida. Hicieron hincapié en que, en 2010, el número de trabajadores era de 1.500, y que, en la actualidad, había descendido a unas 1.250 personas. Advirtieron de la necesidad de reformar las infraestructuras. Hace seis años –recordaron- que se estableció un plan de renovación de Urgencias, cuya primera fase se desarrolló en 2009, pero la segunda fase ni siquiera se ha licitado. Incidieron en que, desde 2009, no se ha hecho un plan de renovación de material y tecnología, cuya obsolescencia es manifiesta en equipos quirúrgicos, aparatos de laparoscopia, instrumentos de endoscopia digestiva y maquinaria de hemodiálisis.

A la vista de las reducciones presupuestarias, las obras e infraestructuras que el CatSalut tenía previstas, como la ampliación y remodelación de Urgencias o de los quirófanos de CMA, ubicados todos en la planta baja del Hospital Joan XXIII., no tienen fecha de ejecución. Nuevos y más drásticos recortes en plantillas, actividad asistencial, cierre de plantas, camas y quirófanos, implicarán la extensión del recorte a actividades como la quirúrgica, entre otras, con la consecuencia directa del aumento de las listas de espera.

La dirección del Hospital ha alegado que, respecto del presupuesto de 2013, sólo se han reducido los 3 millones de euros de aportación extraordinaria de carácter excepcional no consolidable en el presupuesto anual del centro. Desde el Hospital se insiste en que, durante el 2014, se realizarán inversiones en infraestructuras y equipamientos.

Fuentes sindicales aseguran que, en realidad, son 7 millones de euros del presupuesto los que se perderían en el ejercicio de 2014, e instan a la Gerencia territorial del ICS a defender los intereses de la institución y no doblegarse ante otros intereses.

Y solemos olvidarnos de algo fundamental: la especulación inmobiliaria

Con el paso del tiempo, los diversos complejos hospitalarios de Cataluña, como el del Hospital Joan XXIII de Tarragona o del Hospital Verge de la Cinta Tortosa, han quedado situados en medio de las ciudades, en la mayoría de los casos, debido a la expansión de éstas, convirtiendo a estos terrenos en oscuros objetos de deseo y en botines apetecibles desde hace décadas.

Algunos soñando en su futuro, desean y maniobran para conseguir recalificar todos esos terrenos para uso residencial. En función del elevado precio medio por metro cuadrado que adquirirían estos emplazamientos en Cataluña, y de la posibilidad de construir decenas de miles de viviendas de 90 m2 y otros tipos de edificaciones y equipamientos, el negocio podría dispararse a unos 20.000 millones de euros. Pero, de momento, ese suelo tan apetecible se salvará por la crisis, puesto que no estamos en el momento óptimo del sector de la Construcción.

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Sencillamente, repugnante

El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, hace un tiempo estableció el axioma de que la salud “no és un problema social, sinó personal”. Ahora, el miércoles 12 de marzo, en el pleno monográfico sobre la pobreza en el Parlament, reconoce que con la crisis sólo existe un aumento de problemas de “salud mental y emocional”. Y justifica el incremento de enfermos por “la peor percepción de las clases más débiles y sin estudios”.

El conseller Boi Ruiz señala, como principal consecuencia de la relación entre pobreza y salud, que "Objetivamente, las clases más débiles son las que más frecuentan el sistema sanitario"

Escaso nexo entre la crisis, la pobreza y el aumento de las enfermedades es lo que opina el responsable de Salut. ¿Qué experiencia de la vida tendrá el conseller, para expresarse de esa forma?

Esa interrelación la conozco desde los seis años, cuando acompañábamos a mi padre a visitar y llevar ayudas a personas en situación de extrema necesidad. La consecuencia de la falta de recursos les predisponía a padecer ciertas enfermedades y déficits de salud, sin que desvariaran en absoluto. También, conozco esa obsesión actual de algunos miembros de la profesión médica que justifican casi todo por la salud mental de los pacientes. Recuerdo que cuando mi padre indicaba su edad, 97 años, a la facultativa que le atendía, ésta escribía en la historia clínica: “demencia senil”. Al decirle a mi padre lo que estaba escribiendo, le preguntó, en alemán, a la doctora “en qué pedrea le había tocado el título de medicina”. Como la médica insistía en su apreciación, le hizo la misma pregunta en inglés. La médica, en catalán, se reforzaba en su diagnóstico al preguntarme desde cuando mi padre decía frases inconexas. Mi padre, riéndose, le repitió la pregunta en francés. Cuando le traduje sus palabras a la facultativa, ésta tachó lo que tenía escrito. Aquél día, la facultativa comprendió que el ser mayor no era, en sí mismo, ninguna enfermedad.

Pero, qué se puede esperar de un consejero que relaciona el fracaso escolar en Cataluña al consumo de porros, y se olvida que en su sistema educativo una parte del profesorado está escasamente preparado, que al profesorado se le concede escasa autoridad o que ese sistema haya convertido la enseñanza en un mecanismo de adoctrinamiento nacionalista. No obstante, el conseller tiene razón cuando dice que el consumo de determinadas sustancias produce un "efecto acumulativo" que afecta a las capacidades cognitivas.

Sin embargo, al conseller le cuesta reconocer la malnutrición infantil, a pesar de los protocolos establecidos entre las consejerías de Salut, Enseñanza y Bienestar Social y Familia. No le apetece aceptar que las madres subalimentadas tengan problemas para amamantar a sus hijos, ni que la pobreza de enfermos de VIH, tuberculosis o trastornos mentales limita su acceso a ciertos recursos sanitarios y alimentarios, aunque diga que la Generalitat “está garantizando el acceso de todos ellos a la medicación con ayudas" para sufragar el copago. O que la pobreza de los ancianos sea consecuencia de la nada.

Mientras, la vida cotidiana de millones de personas discurre bordeando la miseria, partidos y sindicatos siguen discutiendo si son galgos o son podencos, al tiempo que siguen a la sopa boba que emana del Estado.

A lo largo de la vida, he podido comprobar que, para sobrevivir, muchos ancianos han tenido que vender sus muebles, y en las paredes de sus casas ha quedado la sombra del armario, de la librería, del estante, del anaquel, la repisa, el arcón, la cómoda, el ropero, el aparador o la alacena. Vendida la cama, han de dormir en el suelo y comer sus escasos alimentos sin poderse sentar en una silla, hasta que las organizaciones católicas les proveen de camas, mesas para comer y sillas donde sentarse. Pero, la “Generalitat nacionalista” sigue considerando que todo es consecuencia de la “mala cabeza de la gente”. Por eso, ha dispuesto un programa de prevención de suicidios, junto a decenas de programas con los que continuar con el paripé. ¡Casi ná! Lamentable es poco. Sencillamente, repugnante.

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