Publíquese el Editorial conjunto
A manifestarse, ¡¡¡AR!!!
Como en los mejores tiempos del franquismo, el gobierno de la Generalidad de Cataluña ha “favorecido” la publicación, por parte de doce diarios catalanes, de una nota de obligado cumplimiento que denominan editorial conjunto en defensa del Estatuto y lleva por título La dignidad de Cataluña. Conseguido el Nihil Obstat Imprimatur, los medios que la publican -La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, El Punt, Segre, Diari de Tarragona, La Mañana, Diari de Girona, Regió 7, El Nou 9, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa-, muestran fuerte dependencia económica de la Generalidad de Cataluña, ya sea por subvenciones directas, por líneas prioritarias de crédito, por suscripciones de todos los organismos públicos, o por ser la propia Generalidad uno de los socios mayoritarios de dichas sociedades editoriales. Piénsese, por ejemplo, que al diario Avui la Generalidad le anda buscando comprador y ha prometido subvenciones y ayudas de todo tipo al grupo El Punt, que carece de recursos, para que compre un Avui, que ya ha despedido a parte de sus trabajadores.
Durante el franquismo, todas las radios del país tenían la obligación de conectar con los Diarios Hablados de Radio Nacional de las 14 y de las 22 horas. Pero, nunca la prensa del Movimiento Nacional realizó una editorial conjunta ante ningún evento. Todo ello, a pesar de que a diario, recibían notas de obligada publicación por parte de los más diversos ministerios, especialmente el ministerio de la Gobernación, Información y Turismo, o de la Secretaría General del Movimiento. Esto lo pueden corroborar insignes periodistas como Fernando Onega, hoy excelso demócrata nacionalista periférico y ayer excelso miembro de la Guardia de Franco, o el director actual del diario nacionalista Avui, ayer periodista falangista en el diario Solidaridad Nacional surgido de la incautación del diario cenetista Solidaridad Obrera.
El editorial conjunto de los doce diarios catalanes se dirige a la opinión pública española para exponer la inquietud de algunos sectores de la sociedad catalana temerosos de una sentencia restrictiva sobre el Estatuto por parte del Tribunal Constitucional. En el escrito, influido por el famoso notario independentista, se hace mención de la situación del Alto Tribunal, en el que sólo seis miembros se “hallan fuera de percance o de prórroga de su mandato”, puesto que cuatro han agotado su mandato y se hallan a la espera de ser sustituidos, uno ha sido recusado y otro ha fallecido. En la editorial se pide el respeto del Tribunal por ser el Estatuto fruto de un doble pacto político: Parlament de Catalunya y Cortes Generales, y por haber sido refrendado por los electores.
Si en Cataluña se va imponiendo, sin pausa alguna, el pensamiento único nacionalista, ¿por qué no se va a imponer el periodismo único? Ante tanta manipulación del nacionalismo catalán, quiero recordar a los lectores tres cosas: una, que, previamente a la redacción del Estatuto, la macroencuesta realizada determinó que ni al 5% de los catalanes le interesaba un nuevo Estatuto de Autonomía; dos, que el Estatuto fue pactado en la Moncloa, y por la noche, entre Rodríguez Zapatero y Artur Mas, con la exclusión del mitómano Maragall y del PSC, y que a este texto se le conoce como el Estatuto de la Moncloa; tres, que el texto estatutario sólo recibió apoyo de algunas organizaciones políticas con presencia en el Parlament o en las Cortes Generales, ya que solamente obtuvo el refrendo del 35,78 % del total del pueblo de Cataluña, puesto que la abstención fue del 51,15%. Objetivamente, pues, el pueblo catalán no ha refrendado nunca ese estatuto. ¡Más claro, agua!
Llegado a este punto, no podemos olvidar la campaña de desprestigio permanente del Tribunal Constitucional que, desde la presentación de los recursos sobre el Estatuto, viene soportando desde esos mismos diarios, que, ahora, lo presentan “como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, con las Cortes Generales y con la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas”. Insisto, la mayoría de los ciudadanos de Cataluña no dieron su apoyo al Estatuto.
Los editorialistas o, mejor dicho, el gabinete de comunicación de la Generalidad, advierten: "Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia". Amenazan con el consabido si no se acepta íntegramente el Estatuto, se habrá destruido “la madurez democrática de una España plural”, y se muestran preocupados porque una revisión restrictiva del Estatuto “…podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional". Apelan contra la indiferencia que manifiesta la ciudadanía de Cataluña respecto al Estatuto y a la propia situación de corrupción nacionalista generalizada que atenaza la sociedad catalana y advierten: "Que nadie yerre el diagnóstico, no estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad". Y concluyen con el siguiente mensaje: "Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable".
El nacionalismo catalán y el socialismo catalán, sin duda, están muy soliviantados por los casos de corrupción generalizada destapados en los últimos meses y que han demostrado la absoluta ineficacia de los mecanismos de control diseñados por la Generalidad de Cataluña y la ineptitud de los órganos de control establecidos por el Estatuto, que no han sabido ver la corrupción o, y aún peor, la han silenciado y ocultado cuando habían recibido múltiples denuncias. Ni el nuevo Estatuto, que lleva tiempo aplicándose –véase la constitución del Consell de Garanties Estatutàries- sirve para semejante fin.
El responsable de este lío de los últimos cuatro años se llama José Luís Rodríguez Zapatero, y el lío surge de la negativa de Pasqual Maragall a modificar el Estatuto anterior, que había tenido más respaldo que el actual, puesto que, el 25 de octubre de 1979, participó en el referéndum el 59,70% del cuerpo electoral. No en vano, cada medida tomada por Rodríguez Zapatero ha resultado una equivocación y se ha mostrado contraria a las recomendaciones de los expertos y de las personas relevantes del PSOE.
El PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de La Rioja, Murcia, Aragón, Baleares y Valencia interpusieron diversos recursos contra el Estatuto de Cataluña. El Defensor del Pueblo apelaba al "valor superior de la igualdad" en que se fundamenta la Constitución, al entender que el texto catalán sienta una "desigualdad" entre los ciudadanos, por lo que su recurso afecta a más de un centenar de artículos. Los de las comunidades autónomas iban dirigidos a los artículos del texto estatutario como la gestión catalana del agua, la regulación de los fondos de la Corona de Aragón o la financiación.
A tenor de las declaraciones antijurídicas de algunos políticos, nos hemos de preguntar: ¿para qué está el Tribunal Constitucional? De momento, salvo que inventen otra cosa, el Tribunal Constitucional es el encargado de juzgar la adecuación o no de las leyes a la Constitución, como Ley que ampara los derechos y libertades de todos.
¿Qué argumentos tienen los detractores actuales del Tribunal Constitucional? Alfredo Pérez Rubalcaba es taxativo: “no puede juzgar las leyes”. Sin embargo, el art. 161 de la C.E. dice:
“1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer.
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra Leyes y disposiciones normativas con fuerza de Ley. b) La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de Ley, interpretada por la jurisprudencia, afectara a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.
c) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53,2, de esta Constitución, en los casos y formas que la Ley establezca.
d) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de estas entre si.
De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las Leyes orgánicas.
2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.”
Ni respeto, ni sensatez, ni mesura, ni sentido común para dejar trabajar al Tribunal Constitucional, sólo presión política y amenazas al conjunto de la sociedad española, cada día más asqueada de la bazofia política que todo lo empozoña. Leamos algunos comentarios de lectores de las ediciones digitales de esos doce diarios: “l’afrenta de la dreta feixiste espanyoliste” (cuando, posiblemente, el lector habría querido decir l’afront de la dreta feixista espanyolista o l’afrontament de la dreta feixista espanyolista); “Tanta lletra i parlar del Tribunal Constitucional... obriu els ulls tot això ho ha fet el PP, ningú més. Fora el PP de Catalunya!!!!”
Al mundo nacionalista le preocupa que el Tribunal Constitucional pueda retocar 40 de los 126 artículos del Estatuto. El editorial conjunto argumenta que “los magistrados podrían rechazar el término nación del preámbulo y los símbolos que lo acompañan (bandera, fiesta nacional e himno), cuando en el artículo 2 de la Constitución se reconoce una "España integrada por regiones y nacionalidades"”. Ante los posibles recortes del Tribunal Constitucional, amenazan con una respuesta unitaria.
El resto de diarios con presencia y difusión en Cataluña, tanta o más, que algunos de los firmantes del editorial conjunto, explicaron el texto sin elementos críticos (ABC, El País, La Gaceta) y otros críticamente (El Mundo, La Razón). Destacaremos que:
• ABC titula "Doce diarios catalanes presionan al TC con un editorial conjunto", un "hecho sin precedentes en la reciente historia democrática".
• El País titula en su portada "Doce diarios editados en Cataluña salen en defensa del Estatuto" y subtitula "Los rotativos cuestionan la autoridad del Constitucional". Publica una noticia con las claves del editorial conjunto sin mostrar opinión crítica.
• La Gaceta informa de los aspectos del editorial y añade que los periódicos catalanes, en catalán o en aranés, recibirán subvenciones que rondan los 28 millones de euros. Además, en publicidad el gasto previsto para 2010 por la Generalidad superará los 70 millones de euros.
• El Mundo titula "Es imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio". Al editorial conjunto de sus colegas lo tacha de "acumulación de falacias" y lo desmenuza críticamente. Al título del editorial “La dignidad de Catalunya” contesta que lo que está en juego no es la dignidad de Cataluña, sino “la pretensión de una oligarquía política de controlar a la sociedad catalana a través de un Estatuto diseñado para alejarla del resto de España aun a costa de truncar el orden constitucional y el modelo de convivencia democrática". A la acusación nacionalista de que el TC es una cuarta cámara, responde que "el TC cumple la función institucional que precisamente le han encomendado los millones de ciudadanos que votaron la Constitución. Por cierto, muchos más que los que respaldaron el Estatut". Cuando los nacionalistas afirman que "está en juego... el espíritu que hizo posible la pacífica transición", les recuerda que "han sido los promotores del Estatut, dejando al margen a la media España representada por el PP, los que quebraron ese consenso"
• La Razón, pide "respeto para el TC y para las reglas de la democracia" y alerta de la gravedad e irresponsabilidad de criticar una sentencia que todavía no existe.
¿Por qué no se ha desatado esta campaña dos años antes cuando la situación era idéntica a la actual? ¿Por qué algunas “entidades de la sociedad civil”, espléndidamente subvencionadas, se han impuesto el movilizar al pueblo catalán, cuando desde el año 2000 estaban siendo investigadas por su implicación en el juego de la corrupción catalana? ¿Se reproducirán, otra vez, las movilizaciones de sectores minoritarios de la sociedad catalana, como en el caso de Banca Catalana, que tantas decenas de billones de pesetas supuso para el conjunto de los españoles?
De nuevo, se busca añadir más elementos al victimario del nacionalismo catalán, ya que el tema de las balanzas fiscales no dio más de sí, cuando se comprobó que ciudadanos de otras comunidades contribuían más que el sufrido contribuyente catalán. Así, resulta de máxima urgencia encontrar “nuevos agravios” puesto que el próximo 13 de diciembre están previstos referendos simbólicos sobre la independencia de Cataluña en 160 localidades de la comunidad autónoma.
Los editorialistas o, mejor dicho, el gabinete de comunicación de la Generalidad, advierten: "Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia". Amenazan con el consabido si no se acepta íntegramente el Estatuto, se habrá destruido “la madurez democrática de una España plural”, y se muestran preocupados porque una revisión restrictiva del Estatuto “…podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional". Apelan contra la indiferencia que manifiesta la ciudadanía de Cataluña respecto al Estatuto y a la propia situación de corrupción nacionalista generalizada que atenaza la sociedad catalana y advierten: "Que nadie yerre el diagnóstico, no estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad". Y concluyen con el siguiente mensaje: "Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable".
El nacionalismo catalán y el socialismo catalán, sin duda, están muy soliviantados por los casos de corrupción generalizada destapados en los últimos meses y que han demostrado la absoluta ineficacia de los mecanismos de control diseñados por la Generalidad de Cataluña y la ineptitud de los órganos de control establecidos por el Estatuto, que no han sabido ver la corrupción o, y aún peor, la han silenciado y ocultado cuando habían recibido múltiples denuncias. Ni el nuevo Estatuto, que lleva tiempo aplicándose –véase la constitución del Consell de Garanties Estatutàries- sirve para semejante fin.
El responsable de este lío de los últimos cuatro años se llama José Luís Rodríguez Zapatero, y el lío surge de la negativa de Pasqual Maragall a modificar el Estatuto anterior, que había tenido más respaldo que el actual, puesto que, el 25 de octubre de 1979, participó en el referéndum el 59,70% del cuerpo electoral. No en vano, cada medida tomada por Rodríguez Zapatero ha resultado una equivocación y se ha mostrado contraria a las recomendaciones de los expertos y de las personas relevantes del PSOE.
El PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de La Rioja, Murcia, Aragón, Baleares y Valencia interpusieron diversos recursos contra el Estatuto de Cataluña. El Defensor del Pueblo apelaba al "valor superior de la igualdad" en que se fundamenta la Constitución, al entender que el texto catalán sienta una "desigualdad" entre los ciudadanos, por lo que su recurso afecta a más de un centenar de artículos. Los de las comunidades autónomas iban dirigidos a los artículos del texto estatutario como la gestión catalana del agua, la regulación de los fondos de la Corona de Aragón o la financiación.
A tenor de las declaraciones antijurídicas de algunos políticos, nos hemos de preguntar: ¿para qué está el Tribunal Constitucional? De momento, salvo que inventen otra cosa, el Tribunal Constitucional es el encargado de juzgar la adecuación o no de las leyes a la Constitución, como Ley que ampara los derechos y libertades de todos.
¿Qué argumentos tienen los detractores actuales del Tribunal Constitucional? Alfredo Pérez Rubalcaba es taxativo: “no puede juzgar las leyes”. Sin embargo, el art. 161 de la C.E. dice:
“1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer.
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra Leyes y disposiciones normativas con fuerza de Ley. b) La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de Ley, interpretada por la jurisprudencia, afectara a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.
c) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53,2, de esta Constitución, en los casos y formas que la Ley establezca.
d) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de estas entre si.
De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las Leyes orgánicas.
2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.”
Ni respeto, ni sensatez, ni mesura, ni sentido común para dejar trabajar al Tribunal Constitucional, sólo presión política y amenazas al conjunto de la sociedad española, cada día más asqueada de la bazofia política que todo lo empozoña. Leamos algunos comentarios de lectores de las ediciones digitales de esos doce diarios: “l’afrenta de la dreta feixiste espanyoliste” (cuando, posiblemente, el lector habría querido decir l’afront de la dreta feixista espanyolista o l’afrontament de la dreta feixista espanyolista); “Tanta lletra i parlar del Tribunal Constitucional... obriu els ulls tot això ho ha fet el PP, ningú més. Fora el PP de Catalunya!!!!”
Al mundo nacionalista le preocupa que el Tribunal Constitucional pueda retocar 40 de los 126 artículos del Estatuto. El editorial conjunto argumenta que “los magistrados podrían rechazar el término nación del preámbulo y los símbolos que lo acompañan (bandera, fiesta nacional e himno), cuando en el artículo 2 de la Constitución se reconoce una "España integrada por regiones y nacionalidades"”. Ante los posibles recortes del Tribunal Constitucional, amenazan con una respuesta unitaria.
El resto de diarios con presencia y difusión en Cataluña, tanta o más, que algunos de los firmantes del editorial conjunto, explicaron el texto sin elementos críticos (ABC, El País, La Gaceta) y otros críticamente (El Mundo, La Razón). Destacaremos que:
• ABC titula "Doce diarios catalanes presionan al TC con un editorial conjunto", un "hecho sin precedentes en la reciente historia democrática".
• El País titula en su portada "Doce diarios editados en Cataluña salen en defensa del Estatuto" y subtitula "Los rotativos cuestionan la autoridad del Constitucional". Publica una noticia con las claves del editorial conjunto sin mostrar opinión crítica.
• La Gaceta informa de los aspectos del editorial y añade que los periódicos catalanes, en catalán o en aranés, recibirán subvenciones que rondan los 28 millones de euros. Además, en publicidad el gasto previsto para 2010 por la Generalidad superará los 70 millones de euros.
• El Mundo titula "Es imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio". Al editorial conjunto de sus colegas lo tacha de "acumulación de falacias" y lo desmenuza críticamente. Al título del editorial “La dignidad de Catalunya” contesta que lo que está en juego no es la dignidad de Cataluña, sino “la pretensión de una oligarquía política de controlar a la sociedad catalana a través de un Estatuto diseñado para alejarla del resto de España aun a costa de truncar el orden constitucional y el modelo de convivencia democrática". A la acusación nacionalista de que el TC es una cuarta cámara, responde que "el TC cumple la función institucional que precisamente le han encomendado los millones de ciudadanos que votaron la Constitución. Por cierto, muchos más que los que respaldaron el Estatut". Cuando los nacionalistas afirman que "está en juego... el espíritu que hizo posible la pacífica transición", les recuerda que "han sido los promotores del Estatut, dejando al margen a la media España representada por el PP, los que quebraron ese consenso"
• La Razón, pide "respeto para el TC y para las reglas de la democracia" y alerta de la gravedad e irresponsabilidad de criticar una sentencia que todavía no existe.
¿Por qué no se ha desatado esta campaña dos años antes cuando la situación era idéntica a la actual? ¿Por qué algunas “entidades de la sociedad civil”, espléndidamente subvencionadas, se han impuesto el movilizar al pueblo catalán, cuando desde el año 2000 estaban siendo investigadas por su implicación en el juego de la corrupción catalana? ¿Se reproducirán, otra vez, las movilizaciones de sectores minoritarios de la sociedad catalana, como en el caso de Banca Catalana, que tantas decenas de billones de pesetas supuso para el conjunto de los españoles?
De nuevo, se busca añadir más elementos al victimario del nacionalismo catalán, ya que el tema de las balanzas fiscales no dio más de sí, cuando se comprobó que ciudadanos de otras comunidades contribuían más que el sufrido contribuyente catalán. Así, resulta de máxima urgencia encontrar “nuevos agravios” puesto que el próximo 13 de diciembre están previstos referendos simbólicos sobre la independencia de Cataluña en 160 localidades de la comunidad autónoma.
El que se quiera engañar, que se engañe, ese nacionalsocialismo catalán, que disfraza y niega lo que realmente hace, no da para más y se muestra incapaz de gestionar de forma transparente y honrada. Pero, eso sí, los culpables siempre seremos los “otros”.
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