17/5/07

I.- El antiguo murmullo se convierte en problema de Estado


Desde que los latinos la definieran como corruptio, la acción y efecto de corromper o corromperse se entiende como un vicio o abuso introducido en las cosas no materiales como las costumbres, el habla, la literatura. Para la Real Academia Española de la Lengua corromper es alterar y trastocar la forma de alguna cosa; echar a perder, dañar, depravar, estragar, pervertir, podrir o viciar; y, también es sobornar o cohecha al juez, o a cualquier persona, con dádivas o de otra manera.

En un país como el nuestro, en el que afloran nuevos casos de corrupción casi a diario, éstos van creando un ambiente de alarma social, a pesar de la mansedumbre de buena parte de una población que los asimila a un inevitable reflejo de la “naturaleza humana”. La panorámica global de la corrupción en España, de la que tan sólo emerge la punta del iceberg, es para poner los pelos de punta por la impregnación creciente en la estructura del Estado.

Los comentarios, murmullos y susurros, que en épocas pretéritas se producían en la calle sobre casos esporádicos de corrupción se convertirán en un problema de Estado con los gobiernos del PSOE, presididos por Felipe González, cuya permisibilidad acabará apuntando directamente a dos instituciones claves: una, el Banco de España con un papel protagonista en la economía; otra, la Guardia Civil dedicada a la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes.

En 1985, el presidente del Tribunal de Cuentas declaraba que “defraudar al Estado es igual que hacerlo a un particular” y señalaba con preocupación que “hay que imprimir en la sociedad el ánimo de que un defraudador es tan peligroso como un estafador”. En su Informe de 1986, el Tribunal de Cuentas denunciaba como “atentatorias contra la seguridad e integridad de los caudales públicos” las “infracciones, abusos y prácticas irregulares contables” realizadas por 92 organismos autónomos de la Administración Pública.

A partir del desvío constante de dinero público, la sociedad comenzará a estigmatizar a unos encausados, que por su poder, por sus relaciones o por su dinero eran respetados hasta entonces. Desde ese instante, con base a rumores, o sin juicio previo en tribunales o sin comisiones de investigación de las Cortes Generales o de los Parlamentos autonómicos, se procederá al linchamiento público de los corruptos. Los funcionarios, policías y guardias civiles que desempeñaban sus funciones con total honradez, desde su puesto de trabajo les mostrarán su hostilidad y serán los primeros en combatir esa lacra de políticos aprovechados que utilizan su poder de forma espectacularmente perversa.

Como en España es el lobo quien guarda el gallinero, son ya miles los casos de comisiones ilegales y de desvíos fraudulentos de fondos públicos y privados orientados a financiar partidos políticos y, sobre todo, al salvaje enriquecimiento personal. La corrupción se manifiesta, preferentemente, en la financiación de partidos políticos (cuyos recaudadores usan intermediarios para cobrar comisiones ilícitas), de los fondos reservados del Estado y de los pseudoempresarios nacidos de la cultura del pelotazo.

No nos hemos de engañar, los mecanismos de control de la corruptela no funcionan de ninguna de las maneras. Las diligencias abiertas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que entiende de los presuntos delitos cometidos por personas aforadas, elevan su número año a año. La actuación de estos depredadores de lo público presenta una constante: la conexión entre el dinero y el cargo público con el mal uso del poder y el lucro privado. Si bien en algunos casos no se encontrarán responsabilidades penales, su repercusión política no dejará lugar a dudas. En esa pugna por alcanzar el liderato de la corrupción, pocos partidos parlamentarios se ven libres de sospechas. Es una clasificación que encabeza el PSOE, seguido a corta distancia por el PP, y a escasos metros por el PSC, CiU, PNV...

Todavía, en el 2007, subsisten las telarañas donde determinados grupos de presión –algunas logias masónicas, colectivos económicos árabes y judíos, financieros sin escrúpulos en sus propósitos y asociaciones de tipo mafioso- siguen utilizando el cauce de la política para infectar todas las instancias del Estado. Esta escenificación de democracia formal dominada por la corrupción, pone en juego la pervivencia de unas instituciones y el prestigio internacional de España.

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